Charles Chaplin manifestó en algún momento de su vida que “nada es para siempre en este mundo, ni siquiera nuestros problemas”. Otro dicho popular absolutamente comprobable se refiere a que “no hay mal que por bien no venga, ni mal que dure 100 años”.
Si aplicamos estas consignas a la coyuntura política por la que está atravesando el país, a tres días de las elecciones nacionales, la mayoría de los compatriotas con convicción democrática coincidiremos en que esa experiencia negativa, que tuvo su inicio en enero de 2006, con la llegada al poder de uno de los regímenes de gobierno más nefastos de la historia política boliviana, está por concluir, para dar lugar a un nuevo horizonte que conlleva la recuperación de valores, de referentes bioéticos y el desafío de construir un Estado cualitativamente distinto, fundado en principios que inspiren el accionar de los nuevos gobernantes. Un escenario en el cual las libertades democráticas, la transparencia en el manejo y administración de la cosa pública, el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, sin discriminación de ninguna naturaleza, y el retorno del ejercicio de la soberanía a su verdadero titular; es decir el pueblo, sean una realidad efectiva.
El estado de ánimo de la gente, las preferencias electorales expresadas de manera espontánea por la ciudadanía, no solo a través de las encuestas que tienen un natural margen de error, sino en las calles, el taxi, en los minibuses, en los lugares de trabajo, en el mercado, en las filas para comprar gasolina o para abastecerse de alimentos, allá donde tenga la oportunidad de expresarse, coincide en que el MAS como opción política en cualquiera de sus vertientes, no puede ni debe continuar en el poder.
Fue doloroso comprobar que lo que en algún momento constituyó una esperanza para las mayorías sociales haya experimentado un deterioro tan profundo hasta extinguir por completo los referentes ideológicos y principistas que inspiran a una entidad política, para convertirse en una banda poderosa vinculada orgánicamente a los carteles del narcotráfico. Un escenario en el cual sus lideres nunca fungieron como estadistas, sino como vulgares jefes del cartel. En la actualidad el MAS, en sus diferentes vertientes, sólo representa eso, y el pueblo ya los desahució.
Bajo un razonamiento sereno, sensato, caracterizado por una justificada indignación, se ha generado un criterio colectivo mayoritario en sentido de que Bolivia requiere con urgencia de un nuevo gobierno que debe surgir por la vía más democrática posible, que es el que señalan las urnas. Lo que permitirá a nuestros compatriotas decidir y diseñar su propio destino, en ejercicio de su insoslayable derecho de depositar su voto libre de hostigamiento, acoso o amenaza alguna. Libre también de todo procedimiento anómalo o delictivo que intente distorsionar o fraguar el resultado del subsecuente escrutinio.
En momentos trascendentales que estamos viviendo surgen muchos temores: la experiencia dolorosa del grosero fraude electoral de 2019, comprobado por los organismos internacionales, las dudas fundadas sobre la legitimidad de las elecciones de 2020 y el millón de votos fantasmas hasta ahora no esclarecidos por el Órgano Electoral (cuya subordinación política o el origen del nombramiento de sus miembros le resta credibilidad ciudadana). Esto todavía genera incertidumbre en la población, que si bien ha visto una luz al final del túnel, aún expresa su temor frente a cualquier artimaña que los actuales ostentadores del poder puedan aplicar para no perder los privilegios que les otorga su estadía en el gobierno.
Era deseable que las organizaciones políticas contestatarias a la dictadura del MAS, conscientes de la importancia de recuperar la democracia, eviten la división y afronten la contienda electoral a través de frente único, demostrando vocación patriótica, renunciando a sus aspiraciones individuales. No escucharon el clamor ciudadano y a estas alturas sólo corresponde concurrir a las urnas.
De no acontecer ninguna manipulación delictiva, a la que están acostumbrados los que aún ejercen poder desde y fuera del gobierno, concluido el escrutinio de la elección sabremos si hemos derrotado por la vía democrática y pacífica a un régimen oprobioso que se aferró al poder conculcando derechos y sometiendo al país a una crítica situación económica e institucional que tomará tiempo restaurar.
Waldo Albarracín fue Defensor del Pueblo, presidente de la APDHB y rector de la Universidad Mayor de San Andrés.