¿Permitiremos un golpe a la democracia de los autoprorrogados?

La Sentencia Constitucional del 4 de noviembre de 2024 es un golpe de Estado contra la democracia que pretende desbaratar la agenda democrática boliviana y mantener a los magistrados usurpadores y auto prorrogados en sus cargos como soporte del régimen autoritario de Luis Arce, artífice del golpe judicial realizado el 2024.

Es importante destacar que el mismo magistrado relator René Yván Espada opera en esta sentencia que lo beneficia con una segunda prórroga como lo hizo en la Declaración Constitucional de 11 de diciembre de 2023, que daba inicio a este golpe judicial tal como lo he caracterizado.

La suspensión de las elecciones judiciales es el preludio de la alteración de las elecciones generales, ya sea en el tiempo (2025), en el espacio (nacional y en el extranjero) como en su composición (elección presidencial, de senadores y diputados).

He afirmado, con mucha convicción, que las dos alas del MAS saben que no les alcanza para ganar en votación las elecciones generales del 17 de agosto de 2025; es más, las posibilidades de un fraude abierto y masivo, como el de 2019, es muy difícil de realizar por la misma división del MAS y por la crisis del mismo Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, la vía no electoral para mantenerse en el gobierno está abierta. Esa vía no electoral no está escrita, no es legal ni legítima, pero no está descartada, ya que esta organización es además criminal y antidemocrática.

Esta razón de “desventaja estratégica” los lleva a explorar diversos caminos para lograr el fin de mantenerse en el gobierno. Cada ala masista busca y explora alternativas “de fuerza”. Así lo viene realizando Evo Morales, con sus concentraciones, movilizaciones, marchas y bloqueos de caminos, bajo una lógica partidaria y ya no de reivindicación desde la agenda social. En esta senda, la toma del aeropuerto de Chimoré, el ingreso a la Novena División de Ejército y la toma de unidades militares en el Chapare muestra lo que puede ser el ejercicio del poder de los evistas. Del otro lado, el ala arcista defenestra las elecciones judiciales con la colaboración de los magistrados autoprorrogados para mantenerlos en el ejercicio de los cargos superiores del Órgano Judicial y poder gobernar lo que le queda de tiempo, e incluso postergar o anular las elecciones generales de 2025.

El gobierno de Arce tiene un peligroso antecedente de golpismo fracasado, ahí está el General Zúñiga con sus tanquetas en la Plaza Murillo contando con la colaboración y soporte de los ministros de Gobierno y de Defensa. A ello se le suma el golpe judicial alentado por su ministro de Justicia, Iván Lima, en concomitancia con los jerarcas del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia.

Ambas alas del MAS, a estas alturas de la historia, son golpistas, autoritarias y antidemocráticas. Al parecer, cada una de ellas juega con sus propias cartas, pero en los momentos claves asumen acuerdos solapados, como la elección del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro y la reelección de Andrónico Rodríguez como Presidente del Senado.

Del otro lado, las oposiciones viven en la ingenuidad política absoluta. Piensan que sentados les llegará la hora en la que la historia los llevará a la Presidencia sin hacer mayor esfuerzo. Creen que el capital político acumulado, a través de siglas vigentes, o probables alianzas entre algunos de ellos, les permitirá ir a la contienda electoral, con un contrincante muerto (el MAS) y fácil de vencer. No están preparados para un cambio en las reglas del juego.

Considero que no está derrotado quien da pelea y que debemos hacer un esfuerzo para coordinar a la sociedad civil y los partidos políticos para defender la democracia en el nuevo escenario que el MAS nos está imponiendo.

También debe quedar claro, que la mayoría de la ciudadanía está expectante y eso es bueno. Es decir, mira, analiza y busca una respuesta a la pregunta ¿qué hacer?