La estrategia eficaz y legítima para lograrlo es que el Presidente del Estado deposite la confianza del país en las recomendaciones de un equipo profesional calificado.
Brújula Digital|20|12|2025|
Henry Oporto
La urgencia de atender los problemas de la economía no debe postergar el imperativo de encarar la crisis del sistema judicial. El cambio político en curso es el momento propicio para tomar las medidas adecuadas y encaminar la ansiada transformación judicial.
Una justicia reformada es la garantía de que los cambios en la economía y la reconstrucción del régimen democrático sean robustos y logren impactos duraderos. Si la justicia no es creíble no habrá seguridad jurídica y no llegarán las inversiones; los esfuerzos contra la corrupción y el narcotráfico podrían ser inocuos e inefectivos.
El sistema judicial colapsado
La mora judicial se acrecienta día a día: las causas resueltas en todas las materias judiciales solo alcanzan a menos del 30% de las causas ingresadas; mientras que las causas pendientes llegan al 70% o más. De cada tres causas radicadas en los juzgados, al menos dos son causas pendientes.
En ciertas materias (Instrucción Cautelar, Ejecución Penal y Administrativo-Coactivo Fiscal) las causas rezagadas se sitúan entre 85 y 90%
Sobrecarga procesal: la brecha entre el aumento de las causas y el reducido número de juzgados es creciente. El promedio de casos por juez no ha dejado de crecer, alcanzando proporciones muy elevadas. Por ejemplo, el promedio nacional en materia de Instrucción Cautelar Penal es de alrededor de 2.470 casos por juez.
Pocos países en el mundo pueden presentar cifras de una concentración tan grande causas en tan pocos funcionarios.
Fiscalías saturadas: el número de fiscales crece a un ritmo de apenas de 2%; un aumento ridículo frente al incremento de las causas que crecieron en torno al 15%. El número de causas por fiscal (como promedio nacional) en las nueve capitales de departamentos, subió de 165 a 180 causas en la última década. No obstante, datos no oficiales indican que en las ciudades del eje central el promedio de causas atendidas por cada fiscal bordearía los 500 casos
Procesos sin sentencia: las imputaciones formales, en promedio, alcanzaron en años anteriores a más de 20.000. En cambio, las sentencias dictadas por los tribunales no llegaron al millar. Esta cifra habla por sí misma de la falta de justicia para cientos o miles de personas y familias.
Cárceles hacinadas: en ausencia de sentencias judiciales, aumenta incesantemente la cantidad de presos sin sentencia. Un informe del Defensor del Pueblo ha revelado que la población carcelaria en Bolivia se situó en 13.500 presos, mayormente detenidos sin sentencia ejecutoriada. Esta enorme masa de privados de libertad sufre condiciones infrahumanas de prisión. Bolivia es el segundo país en el hemisferio con el mayor hacinamiento carcelario (Observatorio de Seguridad de la OEA).
Menospresupuesto: si para el año 2005, el gasto en el Sector Justicia (poder judicial, fiscalías y defensoría pública) era menos del 2% del gasto total del sector público, en los años siguientes ese porcentaje siguió cayendo. El presupuesto del Sector Justicia es menos del 1% del Presupuesto General del Estado. Esto explica las agudas carencias del sistema judicial.
Capturapartidista: la elección de magistrados por voto popular ha ahondado el descalabro institucional. Este sistema ha sido eficaz para someter y manipular la justicia según los intereses y necesidades del poder político. Desaparecido todo vestigio de autonomía, institucionalidad y carrera meritocrática sobrevino la sumisión política, el padrinazgo, el cuoteo de los tribunales, convertidos en terrenos de trifulcas internas, pugnas de poder, presión corporativa, redes de corrupción.
El resultado es la decadencia extrema del sistema judicial. Nadie cree en la justicia. Hay una inversión de valores que ha puesto la justicia patas arriba.
No autorreforma ni sectarismo partidista.
Del sistema judicial se espera tres funciones clave: i) proteger la libertad y los derechos de las personas; ii) dar seguridad jurídica a la actividad económica, los negocios, las relaciones laborales, los contratos entre particulares, etc.; iii) garantizar el orden, el respeto a la autoridad, el cumplimiento de la ley, la seguridad de las personas y, en fin, la paz social. En ausencia de justicia reina el caos y la anarquía o bien la tiranía y el despotismo.
Cuando el sistema judicial no cumple su función esencial no hay un contrapeso efectivo al poder político, simplemente no existe Estado de derecho. Y sin Estado de derecho, y sin equilibrio de poderes, la democracia es inviable.
Hoy en día el Estado es incapaz de proveer un servicio básico a la sociedad como es la justicia, es decir un sistema judicial accesible y oportuno, con valores de integridad y confiable en sus fallos.
Despojado de independencia y legitimidad, el Órgano Judicial no solo ha perdido jerarquía como poder de Estado; también funcionalidad y eficacia práctica..
Los problemas subyacentes de la debacle judicial no se arreglan con medidas parciales, cosméticas o improvisadas. Para enfrentar y superar esta crisis se debe tomar el toro por las astas, sin dilaciones, pero también con acciones serenas, bien pensadas, planificadas y ejecutadas.
Algunas señales de los nuevos magistrados, que dicen compromiso con la reforma de la justicia, son bienvenidas. Esta reforma debe tomar en cuenta a los operadores de justicia; sus opiniones y experiencia son valiosas.
Sin embargo, dejar que sean los propios jueces quienes remodelen la judicatura es contraproducente, por varias razones: i) la sociedad no confía en ellos; ii) su idoneidad profesional está cuestionada; iii) el espíritu corporativo que prevalece en el organismo judicial choca a menudo con los intereses generales de la sociedad.
La responsabilidad primordial recae pues sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que representan a la ciudadanía y son competentes para sancionar leyes. Los recientes comicios han dejado de manifiesto el consenso de los partidos y candidatos presidenciales para cambiar la justicia; de hecho, se han comprometido a ello.
Su deber es impulsar y cristalizar la reforma, pero con la condición de no buscar ventajas políticas o influencias sectarias en el curso del proceso.
Comité de notables
El modo de encauzar la reforma judicial es crítico. De ello dependerá su éxito o fracaso. La clave está en el consenso político y social. Sin ello es improbable que pueda conseguirse un progreso efectivo y sostenido de un proceso que debe tomar varios años. El cauce adecuado pasa por un acuerdo político, respaldado por la sociedad. O sea, un pacto de Estado que sella y compromete la voluntad de los actores centrales para una regeneración profunda, sistémica y de largo plazo, de manera que las políticas y programas tengan continuidad y los cambios y resultados puedan madurar, evitándose el círculo vicioso de reformas y contrarreformas.
Este pacto es tanto más necesario puesto que es imposible arreglar la justicia sin restituir, en primer término, el principio de independencia como piedra angular del sistema judicial. Y también, desde luego, para implementar una reingeniería institucional -incluso en la Policía y la Contraloría- moldeada sobre valores meritocráticos y la profesionalización de la función judicial. Todo ello supone concertar las bases y lineamientos de una hoja de ruta consistente, avanzando por etapas.
Este proceso bien puede iniciarse con un acuerdo político para conformar un comité de notables, integrado por cinco o siete personalidades de reconocida trayectoria y con visión de Estado (un equipo interdisciplinario creíble y competente).
Este grupo de alto nivel tendría la misión de formular un Plan de Regeneración y Reforma de la Justicia, procesando sugerencias del poder judicial, colegios de abogados, asociaciones de jueces y fiscales, Defensor del Pueblo y otras entidades de la sociedad civil.
El plan deberá contener propuestas en aspectos tales como la elección de magistrados, el presupuesto judicial, la actualización de códigos y normas, la formación y capacitación de jueces y fiscales, la transparencia y modernización de la gestión judicial, el régimen penitenciario, la jurisdicción indígena, y otras materias fundamentales.
Mi sugerencia, respetuosa al presidente Rodrigo Paz es que tome la iniciativa de conformar el Comité de Notables, en consulta con los jefes políticos con representación parlamentaria. Y con el compromiso expreso de viabilizar las propuestas que emerjan de su trabajo, promoviendo y adoptando las acciones legislativas, reglamentarias y administrativas, necesarias.
La respuesta a la situación de emergencia en la justicia debe comenzar ya. La estrategia eficaz y legítima para lograrlo es que el Presidente del Estado deposite la confianza del país en las recomendaciones de un equipo profesional calificado, que, a su vez, sea el cimiento para que los poderes públicos, coordinando sus decisiones, viabilicen las medidas de regeneración y reforma.
Henry Oporto es director ejecutivo de la Fundación Milenio.
