La Ley 1096 de
Organizaciones Políticas sancionada el 2018 dispone que partidos políticos y
agrupaciones ciudadanas incorporen un régimen interno de “despatriarcalización.”
De acuerdo a esta norma, las listas de candidatos deben ser paritarias, es
decir, deben ser compuestas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Como era
de esperarse, la idea ha sido apoyada fervientemente por grupos progresistas y feministas.
Eso no sorprende. Lo que sorprende es que la misma se haya instalado como algo razonable
entre la ciudadanía. Y digo que sorprende porque la idea es terriblemente mala.
Lo explico en cuatro puntos. Empecemos.
1. Definir una cuota para un grupo específico es explícitamente discriminatorio. Obligar a los partidos o agrupaciones a tener un porcentaje mínimo de mujeres (o de hombres, o de indígenas, etc.) entre sus candidatos discrimina a quien por méritos (y no por sexo o alguna otra característica personal) debiera ocupar un lugar que está reservado para la cuota. La respuesta de los defensores de esta ley es que esta discriminación es “positiva” porque, supuestamente, corrige una anterior. El argumento es que las mujeres parten con desventajas para llegar a las listas porque han sido históricamente discriminadas. Sin la cuota, probablemente no llegarían a tener el 50% de las candidaturas.
La premisa es, en esencia, la misma que usan los grupos feministas, e incluso la ONU, para pedir igualdad salarial entre hombres y mujeres. Dado que, en el agregado, los hombres ganan un 23% más que las mujeres, estos grupos exigen regulaciones que suban los salarios de las últimas u obliguen a las empresas a contratar un cierto número de mujeres gerentes, directoras, etc. El argumento es que la brecha salarial se debe indefectiblemente a discriminación, machismo o, por supuesto, el famoso patriarcado. La brecha se debe corregir, por tanto, a través de la fuerza de la ley. Lo que estos grupos se rehúsan a aceptar es lo que la literatura y los datos vienen mostrando ampliamente hace mucho tiempo: la brecha salarial se debe, y por un alto margen, a las elecciones libres de ambos sexos. Los hombres tienden a escoger trabajos más peligrosos o aquellos que requieren mayor flexibilidad horaria. Los hombres también tienden a mantener su trabajo por mayor tiempo que las mujeres y a estudiar carreras como ingeniería, matemáticas e informática que son las que pagan más. Esto explica la brecha agregada de 23%. Tanto es así que, cuando se controla por tipo de trabajo, la brecha desaparece. Si el problema fueran la discriminación, el machismo o el patriarcado, la brecha permanecería incluso después de controlar por tipo de trabajo. Como tengo dicho, hay múltiples estudios que muestran esta realidad. Recomiendo, en especial, el trabajo de la economista de Harvard, Claudia Goldin.
¿No podría ser entonces que la poca presencia de mujeres en candidaturas políticas se deba exactamente al mismo fenómeno? Las mujeres tienden a escoger otras actividades antes que la política (probablemente unas mucho más nobles) y ahí surge la disparidad. Está altamente documentado que las mujeres tienden a rechazar el conflicto mucho más que los hombres (y esa es una característica fundamental de una candidatura política), tienen menos ambición de liderazgo político y están mucho menos interesadas en la política en general (hay muchas encuestas y estudios psicológicos que muestran estos resultados, recomiendo empezar por los estudios del Brookings Institution).
La discriminación explícita de establecer una cuota para mujeres en las listas no está entonces necesariamente justificada como compensación a discriminaciones anteriores. Pero aun si lográramos identificar que un porcentaje de la menor representatividad femenina se debe a discriminación, la respuesta no debería ser nunca otra discriminación. Lo que una democracia sana requiere es estricta igualdad ante la ley, no compensar desventajas históricas con privilegios actuales.
2. Establecer una cuota para mujeres (o para cualquier otro grupo) reduce las probabilidades de elegir a los mejores. Lo que quiere la sociedad es que un partido o agrupación le presente una lista con los mejores candidatos posibles independientemente de su sexo, color de piel, altura, peso, etc. No queremos elegir a una mujer solo porque es mujer o a un indígena solo porque es indígena, queremos elegir a los candidatos por sus méritos. ¿Que existen mujeres capaces? Claro que sí. Pero deben competir de igual a igual con los hombres por un lugar en las listas. Reservarles un espacio por su sexo es inmoral.
3. Las cuotas en las candidaturas restan legitimidad a las mismas mujeres a las que quieren ayudar. Cuando vemos una mujer en la lista no sabemos si esta está ahí por méritos o porque había que llenar la cuota. La ironía entonces es que las cuotas ahuyentan a las mujeres con el mérito y las cualidades para ser candidatas. Las mujeres que tienen esos méritos y esas cualidades se respetan a sí mismas y rechazan ser elegidas por una cuota. Ellas quieren competir y demostrar que deben estar ahí sin ninguna ayuda.
4. Las cuotas son fundamentalmente antidemocráticas. Violan los principios de una democracia liberal en la que todos tenemos derecho a participar en una competencia leal y sin ventajas para nadie. Participar en política es un derecho, ser elegidos como candidatos por alguna característica personal, no lo es.
Las ideas de igualdad o “paridad” suenan siempre muy bien, pero hay que tener mucho cuidado. En el fondo tienden a tener consecuencias terriblemente injustas e ineficientes a menos que nos refiramos, por supuesto, a la igualdad ante la ley. Si algún día la racionalidad se instala de nuevo en los legisladores, estos aspectos de la ley 1096 deberían anularse.
Antonio Saravia es PhD en economía (Twitter: @tufisaravia)