Este 10 de octubre hemos conmemorado en Bolivia, el día de la democracia. Y la oportunidad es precisa para reafirmar que no deseamos ninguna forma de dictadura, ni de botas ni mucho menos de ojotas.
La democracia tiene 42 años y se encuentra bajo ataque por parte del gobierno del MAS que pretende establecer un régimen autoritario, una “dictadura de ojotas” a partir de la subordinación del Órgano Judicial, mediante el golpe judicial o la autoprórroga del mandato de los magistrados; la paralización del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el control de las Fuerzas Armadas mediante el encarcelamiento y procesamiento indebido de muchos de sus integrantes. Una represión selectiva de los opositores, pero también la toma y división de las organizaciones de la sociedad civil para evitar movilizaciones y un contrapoder en las calles.
La lista de acciones en contra del Estado de Derecho es larga en este ciclo del MAS y comprende las violaciones de los derechos humanos, como el caso del Hotel Las Américas, la represión indígena de Chaparina, el caso Porvenir, Apolo, las detenciones arbitrarias en ADEPCOCA, la criminalización de la protesta social, el sicariato judicial contra opositores, etc.
Una dictadura militar en Bolivia es inviable, ya la historia lo demostró en las décadas pasadas, por ello el poder militar en 1982, a la cabeza del entonces Presidente de facto General Vildoso entregó el gobierno a los civiles, en manos del Congreso de 1980 y la posesión en la presidencia de Hernán Siles Suazo en representación de la Unidad Democrática y Popular UDP, ganador de dos procesos electorales previos.
Hoy no puede existir una dictadura de “ojotas” en Bolivia porque el pueblo movilizado, la marea ciudadana insurgente, lo impidió con su voto en el Referendo del 21 de febrero (21-F), mediante el uso de la democracia participativa como los Cabildos y Asambleas durante las jornadas de octubre y noviembre de 2019 y lo volverá a hacer de ser necesario. Una dictadura del MAS pasaba por la imposición de la reelección indefinida de Evo Morales, la aceptación de un gigantesco fraude electoral y el camino a suplantar las instituciones democráticas por la estructura del “partido único”, la “ideología única” y el “liderazgo único”. Una dictadura del MAS hoy hubiera significado la no realización de las elecciones judiciales del 1 de diciembre del 2024; hubiera significado aceptar dócilmente la Ley Nº 1386 Ley de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” o los Decretos Supremos Nº 5143 con el objeto de reglamentar la Ley de 15 de noviembre de 1887, de Inscripción de Derechos Reales, Decreto Supremo Nº 5139, el cual autorizaba mayor presupuesto a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías AGETIC. Sin embargo, todas estas normas del Gobierno de Luis Arce fueron abrogadas por la presión democrática de la ciudadanía. Con esto, la movilización en las calles, cerró el paso al proceso de imponer una dictadura en Bolivia.
Hoy estamos en la batalla de frenar los incendios, la abrogación del paquete de leyes incendiarias y buscar una efectiva protección a nuestros bosques y biodiversidad.
Así como las dictaduras de antaño exaltaban la seguridad nacional y la presencia de un enemigo interno al cual eliminar, imponiendo un régimen vertical, excluyente del pluralismo y la divergencia, anulando los derechos humanos, los medios de comunicación independientes, el derecho de expresión e información y el acceso a los cargos públicos por elección ciudadana, la pretensión autoritaria del masismo hoy se ancló en la triste narrativa de los indígenas como detentadores del poder por los siguientes “500 años”. Situación que no será realidad.
La democracia boliviana, siendo esquemáticos, ha conocido tres momentos: i) el gobierno de la UDP sin capacidad de resolver la crisis económica acumulada en décadas pasadas y resultante del modelo impulsado desde 1952, pero sin reprimir a la población que tuvo garantizado el derecho a la protesta: ii) los gobiernos neoliberales que frenaron la hiperinflación e impusieron la privatización a un costo social muy alto, también con graves medidas represivas, y iii) el gobierno del MAS que se vanaglorio de ampliar derechos individuales y colectivos (nueva Constitución Política del Estado), trasformaron el Estado en varias nuevas categorías como unitario, social de derecho, plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, pero que terminaron en el más secante centralismo, espacio hegemónico utilizado como cortina de humo para la apropiación y despilfarro de los ingentes recursos por ingresos de exportaciones de materias primas, al grado de estar generando una crisis que puede postrar al país en el saqueo, extractivismo y atraso prolongado.
Estos tres ciclos están agotados, por ello, la democracia en Bolivia debe remozarse.
Será labor de los ciudadanos el definir quiénes deben asumir las riendas del país para superar las dificultades que tenemos y transformar la economía, la democracia, la justicia. Nuevamente, el soberano tendrá esta posibilidad entre sus manos el 2025 cuando elija a los futuros gobernantes.