Mensurar la derrota de la batalla por el Censo

Nadie puede negar que en Bolivia hubo un conflicto en torno a la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda, su metodología de realización y sus resultados.

El conflicto nació del anuncio de postergación del Censo 2022 para el 2024, lo que generó una movilización desde la sociedad civil, con involucramiento de algunas instituciones como alcaldías, una gobernación, el CONADE, universidades y los Comités Cívicos. La demanda al gobierno de Luis Arce fue “Censo 2023” aspecto que no pudo alcanzarse, por más que hubo paros regionales, marchas, huelgas de hambre, cabildos y finalmente un paro cívico por 36 días en Santa Cruz. En el caso particular del CONADE instalamos un piquete de huelga de hambre el 9 de noviembre de 2022, por el lapso de seis días.

Como parte de la solución, el gobierno de Luis Arce se comprometió a realizar un Censo el año 2024, eminentemente técnico y se aprobó la Ley Nº 1492 en la Asamblea Legislativa Plurinacional que dispuso dos medidas: distribución de recursos de coparticipación tributaria a municipios por parte del gobierno y reasignación de escaños parlamentarios a través de un Proyecto de Ley elaborado por el Tribunal Supremo Electoral una vez publicados los datos poblacionales por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El paro que duró 36 días se levantó el 26 de noviembre de 2022, con la firma previa del Decreto Supremo N° 4824 que fijaba la fecha del Censo el 23 de marzo de 2024.

El 28 de diciembre de 2022 es detenido el Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y es trasladado al penal de Chonchocoro, con lo cual se cierra este conflicto con una victoria favorable al gobierno de Luis Arce.

El gobierno incumplió el compromiso de un Censo técnico, transparente y participativo. Al frente, poco a poco, las instituciones, desde el Comité Interinstitucional hasta las alcaldías se fueron callando. 

La publicación de los resultados del Censo 2024 por parte del INE generó una primera reacción de cuestionamiento y observaciones que se diluyeron rápidamente. Es más, todas las gobernaciones, municipios y universidades presentaron sus presupuestos para la siguiente gestión 2025, al Ministerio correspondiente, aceptando los datos del Censo 2024, con lo cual ya no pueden cuestionar sus resultados. En otras palabras el gobierno se anota una gran victoria.

La información censal tiende hacia el statu quo, es decir a mantener las correlaciones de fuerzas. Si el Censo era cuestionado y anulado, se hubiera dado continuidad al trabajo estal en base a los datos del Censo 2012. Si, por el contrario, los datos del Censo, evidentemente manipulados, se consolidaban, los cambios no iban a tener importancia significativa. Y así es como parecen darse las cosas en nuestro país.

En el caso del pacto fiscal, con la Ley Nº 1492 y los datos censales publicados, ese proceso de debate interno y reasignación de recursos, está prácticamente muerto. Emerge el gobierno ultra centralista de Luis Arce como el asignador de recursos frente al cual las regiones están verdaderamente subsumidas.

En cuanto a la reasignación de escaños parlamentarios, el TSE, utilizando los parámetros de la Ley Nº 421 de octubre de 2013, determina que un diputado plurinominal de Chuquisaca será asignado al Departamento de Santa Cruz para no comprarse un pleito en torno a la representación política en el parlamento, que va más allá de aplicar una fórmula matemática no publicada ni explicada y de esa manera mantener el statu quo político en el Órgano Legislativo.

Debemos mensurar adecuadamente la derrota de la batalla por el Censo, no es correcto mirar hacia el costado, callar o meter la cabeza dentro del suelo.