Los aeropuertos “fantasma”, los indios y los pobres

Leí un artículo sobre una represa construida en Brasil por el gigantesco costo de 7.000 millones de dólares. Se me pasó la amargura cuando me percaté de que semejante coloso podría otorgar agua a las poblaciones aledañas. Pero no: ¡la represa jamás fue utilizada! ¿Y la plata? Fue a parar a las cuentas de la empresa “amiga” que recibió el contrato a cambio de una jugosa coima del 5% a 10%. Eso significa que la represa supuso una “ganancia política” de 350 millones de dólares o, en el mejor escenario, de 700 millones de dólares.

La realidad no funciona como creemos: no se hace una obra para beneficiar a la gente sino a los colegas, militantes, socios, parientes y demás asociados convenciéndonos a todos que se trata de una obra para beneficiar a la comunidad y, en Bolivia, para beneficiar “a los más humildes”. Veamos el ejemplo boliviano (uno de tantos). 

Se construyeron nueve aeropuertos en Bolivia durante los años de Evo Morales, de los que siete no sirven. Costaron ¡más de 112 millones de dólares! En los dos últimos años generaron gastos administrativos y de mantenimiento por valor de casi cinco millones de bolivianos. “A excepción de los aeropuertos de Uyuni y Alcantarí, los otros siete construidos entre 2011 y 2018 en las poblaciones de Ixiamas, Chimoré, Copacabana, Apolo, San Ignacio de Velasco y Monteagudo” dice un informe especializado.

Además, los pobres se mueren a medio metro de estos aeropuertos de postal:

En Ixiamas, el 77% de la población de aproximadamente 17 mil ciudadanos es pobre. El presupuesto del municipio es de 19,6 millones de bolivianos.

En Chimoré, el 81,7% de la población de aproximadamente 22.000 ciudadanos es pobre. Su presupuesto es de 14,3 millones de bolivianos.

En Copacabana, el 66,3% de la población de aproximadamente 15.000 ciudadanos es pobre. Su presupuesto es de 48,09 millones de bolivianos.

En Apolo, el 77,7% de la población de aproximadamente 20.308 ciudadanos es pobre. Su presupuesto es de 33,1 millones de bolivianos.

En San Ignacio de Velasco, el 75,2% de la población de aproximadamente 32.000 ciudadanos es pobre. Su presupuesto es de 40,3 millones de bolivianos.

En Monteagudo, el 74,4%% de la población de aproximadamente 24.000 ciudadanos es pobre. Su presupuesto es de 26,06 millones de bolivianos.

El presupuesto total de esos seis municipios es de 175,4 millones de bolivianos, casi 26 millones de dólares. ¿Qué supone ello? Pues que esos presupuestos municipales requerirían más de cuatro años seguidos para pagar los aeropuertos sin la oportunidad de ofrecer ni una sola obra más a sus ciudadanos en todo ese lapso.

¿Algo más? Si, posiblemente lo más relevante: la indiferencia con el mundo indígena.

En Ixiamas, la población araona fue de 228 personas en el censo de 2012. Asimismo, la población takana fue de 18.535 personas. En Apolo, el pueblo leco, de acuerdo a la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, fue de 3.159 habitantes. En Chimoré, los yuquis también estuvieron presentes con una población no mayor a 400 habitantes. En San Ignacio de Velasco, de los 52.276 habitantes, 33.126 se autoidentifican como chiquitanos. En Copacabana, la población aymara urbana es de 3.000 habitantes y la población aymara rural es de 12.000. Y en Monteagudo, al menos 500 personas se identifican como guaraníes en cuatro comunidades: Cañadillas, Casapa, Ñaurenda e Itapenti.

Todo esto es grave, aunque obviamente positivo para las empresas que ganaron esos 100 millones de dólares en construir aeropuertos que nadie usa. Eso fue Evo Morales: ¡el Gobierno de los ricos! En todo caso, ¿quién se queja? Los afectados son pocos y perfectamente suprimible bajo el canon de “mayorías dominantes” que el Gobierno del MAS consideró como su derrotero político por excelencia.

Ya vemos: los pobres y los indios siempre pueden esperar.

Diego Ayo es cientista político.