Litio bajo presión rusa: diplomacia o imposición

En tiempos en que los recursos naturales estratégicos reconfiguran alianzas y tensan soberanías, la presión ejercida por la Federación de Rusia sobre la Asamblea Legislativa de Bolivia para acelerar la aprobación del contrato para la explotación del litio con la empresa rusa Uranium One Group trasciende, de manera inquietante, los márgenes de la diplomacia convencional.

Invocando el argumento de que se estaría postergando la creación de empleos e inversiones, el embajador Dmitry Verchenko no solo calificó de “excesiva” la demora del órgano legislativo boliviano, sino que lo hizo públicamente, sin utilizar el canal natural de la Cancillería, que –por su parte– ha optado por el silencio ante un comportamiento que, en otras circunstancias, habría ameritado al menos un llamado a la moderación, si no una nota diplomática.

Estas gestiones, aunque en apariencia pragmáticas, rozan la injerencia y desdibujan la línea entre representación diplomática y presión política.

La defensa y promoción de los intereses del Estado acreditante y sus empresas es legítima. Lo que resulta inaceptable es convertir esas tareas en activismo público que interfiera en los procesos internos del país anfitrión, y menos aun cuando se trata de un contrato que compromete al Estado boliviano hasta el año 2047.

Se trata, además, de un tema de soberanía económica; un asunto que merece más prudencia que apuro. La buena diplomacia se reconoce por su eficacia silenciosa, no por su protagonismo público.

El contrato suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Uranium One Group –filial de la estatal rusa Rosatom– se gestó bajo un velo de confidencialidad/secretismo que apenas ha permitido conocer algunos aspectos generales. Lo que se ha filtrado –y ha sido analizado con rigor por entidades como el Club de Ginebra– es preocupante. Se pretende estructurar un modelo que deja a Bolivia en posición marginal dentro del proceso productivo, como simple proveedor de materia prima, a un precio que definirá la empresa rusa, sin garantía de transferencia tecnológica, sin control sobre las utilidades y con una deuda superior a los 970 millones de dólares, que será devuelta a la empresa asociada con las propias ventas de litio.

Más grave aún, la “asociación accidental” entre YLB y Uranium One se disolvería a los 30 meses, dejando vigentes otros contratos operativos que, al parecer, no requerirían aprobación legislativa. Esta arquitectura contractual no solo reduce el rol del Estado a un papel residual, sino que implica una cesión peligrosa de soberanía sobre uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI.

Todo esto ocurre en un contexto de especial fragilidad económica y política. A menos de seis meses del fin del mandato presidencial, y con la renuncia del presidente Luis Arce a su reelección, el gobierno ha comenzado a promover acuerdos y créditos antes bloqueados. Esta coyuntura abre la puerta a una convergencia coyuntural entre las distintas facciones del MAS en torno a intereses inmediatos, más que a decisiones de Estado con visión estratégica.

A ello se suma el contrato paralelo con la empresa china Hong Kong CBC para instalar dos plantas similares con tecnología EDL, igualmente firmado sin una adecuada socialización de sus condiciones y con una inversión anunciada de 1.030 millones de dólares. Que ambos proyectos avancen en simultáneo y con escasa información pública alimenta la percepción de opacidad y desorden en la gestión de un recurso vital.

Aprobar contratos de esta envergadura bajo presión externa, sin un debate público serio y en medio de una administración en retirada, implica comprometer el futuro del país sin las garantías mínimas de soberanía, sostenibilidad ni control.

La urgencia no puede convertirse en coartada para decisiones trascendentales. Es tiempo de cautela en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de transparencia y de recuperar el principio fundamental de que los recursos estratégicos de Bolivia deben estar al servicio de un plan

nacional de desarrollo, no sometidos al ritmo de exigencias externas ni de salidas apresuradas de una mala gestión que se agota.

Javier Viscarra es periodista y diplomático.