La voz de la ciudadanía organizada

Lo bueno de las crisis es que despiertan actitudes creativas para superar los problemas. Hoy, las conversaciones ya no giran solo en torno a recetas que suplen la carne vacuna o al ingenio para ahorrar unos pesos; también se habla de cómo participar activamente para que las elecciones de agosto respeten el voto ciudadano, con la esperanza de que nuevas autoridades mejoren el país que vivimos.

Esa esperanza está movilizando a diversas organizaciones de la sociedad civil, universidades e incluso actores políticos para diseñar propuestas para cuidar la integridad del proceso electoral.

Dentro de las principales iniciativas está el monitoreo al proceso electoral que la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia está llevando a cabo desde enero de este año; el trabajo con organizaciones de mujeres, jóvenes, poblaciones indígenas y expertos electorales,  realizado en 2024, logró un documento con seis recomendaciones técnicas para fortalecer la integridad electoral de este proceso, que incluyen desde la delimitación transparente de circunscripciones hasta auditorías informáticas, reglamentación de encuestas, publicación de actas y deliberación pública de informes de observación.

Iniciado el calendario electoral, la OCD desarrolla el estudio de integridad electoral y, desde junio, entrega reportes de alertas tempranas al Tribunal Supremo Electoral para contribuir a la estabilidad de la organización de las elecciones. Para el 17 de agosto desplegará veedores para monitorear la capacitación a jurados electorales y para la jornada electoral está reclutando observadores voluntarios para que actúen registrando lo que sucede, sobre todo en el escrutinio y cómputo; sus observadores tomarán además una fotografía del acta y verificarán si este acto es público como dice la Ley.

Por otro lado, la Fundación Jubileo y la Red UNITAS han impulsado la creación de la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad (PTH), que reúne a más de 60 organizaciones, redes y colectivos ciudadanos. Su propósito es incidir en los programas de los candidatos de las elecciones nacionales de 2025 y las subnacionales de 2026, promoviendo que la transparencia y la honestidad no sean solo valores proclamados, sino compromisos verificables dentro de las plataformas políticas.

En febrero de este año, más de 100 organizaciones sociales presentaron la propuesta de una Ley de Debate Electoral Obligatorio, que establece la participación obligatoria de los candidatos en debates públicos. Esta iniciativa representa un hito para la institucionalización del voto informado, aunque aún queda pendiente su aprobación en el Senado y la reglamentación por parte del TSE.

Otra iniciativa relevante es Observa Bolivia. En marzo de 2025, la Defensoría del Pueblo junto con Fundación Construir lanzaron un foro internacional preparando el monitoreo de Observa Bolivia, con enfoque de derechos humanos.  Para el 17 de agosto tiene previsto desplegar una muestra electoral representativa en sus tareas de observación.

Para enfrentar la creciente amenaza de la desinformación se ha conformado la Coalición Nacional contra la Desinformación Electoral, integrada por organizaciones como Bolivia Verifica, Chequea Bolivia, Muy Waso, Guardiana, Deutsche Welle Akademie, CiberWarmis, Fundación Internet Bolivia y ONU Mujeres. Esta alianza estratégica trabajará en la verificación de información falsa, el análisis del discurso de odio y la alfabetización digital.

Cuidemos el Voto es otra iniciativa que ha sido lanzada esta misma semana; se trata de una plataforma conformada por Bolivia360, Alianza UNIDAD, Ríos de Pie, el CONADE, Alianza LIBRE y 50 organizaciones políticas y civiles, que acaban de lanzar de manera conjunta la propuesta de un control social efectivo durante la jornada electoral.

Y aunque esta lista no es exhaustiva, revela una realidad contundente: la ciudadanía se está organizando y está ocupando espacios con convicción y responsabilidad, construyendo un sistema de defensa electoral desde distintos frentes. Estas iniciativas no solo observan o denuncian. También educan, motivan, responsabilizan y protegen la democracia.

Hoy, más que nunca, queda claro que la integridad del proceso electoral no recae únicamente en el Órgano Electoral, sino en el compromiso activo de cada boliviana y boliviano. Aquí lo importante es la corresponsabilidad. Más allá de la desinformación y la apatía, que se escuche la voz de la ciudadanía organizada.

Sandra Verduguez es comunicadora social.