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Mirada multidimensional | 15/02/2024

La urgente necesidad de aumentar el precio de la gasolina

Rolando Morales
Rolando Morales

Teniendo en cuenta la evolución del mercado de carburantes, reitero mi propuesta de una nueva política de precios que no dañe a los sectores más pobres. En una primera parte de este artículo recordaré los problemas que generan su precio reducido, mientras que en la segunda parte entregaré algunas sugerencias para corregir el precio de los carburantes sin dañar la economía familiar.

El bajo precio de los carburantes incide negativamente en el presupuesto fiscal, en la balanza de pagos, en la contaminación del medio ambiente y en las condiciones de bienestar de la población. Es urgente aumentarlo.

Bolivia importa gasolina y diésel a precios internacionales y los vende a precios reducidos. La diferencia es objeto de subvención. En el año 2022, esta llegó a 1.700 millones de dólares, explicando el 57% del déficit fiscal. Se estima que una parte importante de la importación de gasolina y diésel fue reexportada a los países vecinos debido a la abismal diferencia de precios. En el caso de la gasolina, el precio en dólares por litro en Bolivia es de 0,54; en Argentina, de 1,01; en Brasil, de 1,02; en Perú, de 1,42; y en Chile, de 1,52 dólares.

En el año 2022, las importaciones de carburantes por 4.000 millones de dólares significaron una pesada carga para la balanza de pagos. En un contexto en el que los precios de los automotores asiáticos disminuyeron, el bajo precio de la gasolina fue un incentivo más para comprarlos. Siendo ya excesivo el tamaño del parque automotor de tres millones de unidades para una población de 12 millones de habitantes, este crece al 7% o 10% anual. La abultada importación de automotores incide negativamente en la balanza de pagos. Las emisiones de CO2 han crecido en 2.175 megatoneladas en 2021, un 10,74% respecto a 2020.  Posiblemente en la actualidad son mayores. El gran número de automotores en centros urbanos incide negativamente en las condiciones de vida de la población.

Todo hace pensar que se requiere una política con un componente económico y otro administrativo que desincentive la demanda interna y externa de carburantes.

En lo económico, mi sugerencia es transferir el subsidio a la gasolina al transporte público. La estrategia para lograrlo tendría las siguientes componentes: 1) Aumentar el precio de la gasolina. 2) Con el ahorro que se obtenga con ese aumento, subsidiar los pasajes en el transporte público para que su precio no suba, incluso podría disminuir. 3) En las paradas de buses y taxis, instalar máquinas para emitir pasajes. 4) A fines de mes, a los operadores del transporte se les entregará un subsidio proporcional al número de pasajes que presenten.

Es importante señalar que el subsidio beneficia al pasajero pues seguirá pagando lo mismo o menos que antes y los transportistas no serán afectados. Esta puede ser la ocasión para asegurar el buen estado de los automotores de servicio público.

El subsidio al diésel debe recibir un tratamiento diferente. Su demanda está concentrada en pocos sectores (transportistas de larga distancia y agroindustriales). Puesto que se trata de sectores bien organizados, debería intentarse convenir alzas de precios programadas con sus organizaciones.

En lo administrativo, sugiero dos medidas. La primera se refiere a mejorar el uso del sistema B-Sisa para controlar la compra de gasolina, que cuando es excesiva, posiblemente está destinada a la reexportación. También corresponde mejorar el uso de los GPS instalados en las cisternas para evitar su desvío hacia destinos desconocidos. La segunda medida administrativa que sugiero es la de restringir el ingreso de automotores de más de 2000 cc de cilindrada a los centros urbanos, considerando algunas excepciones. Además, sería conveniente construir ciclovías y promocionar el transporte combinado teleférico, tren, buses y bicicleta.

Los resultados de los componentes de esta política serían: 1) La disminución de la demanda interna y externa de carburantes sin dañar la economía de los usuarios del transporte público. 2) Un equilibrio económico razonable para los usuarios de diésel. 3) La disminución del déficit fiscal. 4) Menores importaciones de carburantes y de automotores. 4) La disminución del uso de automotores privados. 5) La disminución de la contaminación ambiental y una mejoría en la calidad de vida en los centros urbanos.

Colateralmente, sería aconsejable tomar medidas para embellecer las ciudades de manera que el caminar en ellas sea un verdadero placer (con menos autos).



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