La Razón y el 20% de ayudita estatal

Me he tomado el trabajo de ver el programa Piedra, Papel y Tinta de la señora Claudia Benavente, la directora de la Razón. ¿De qué habló? De lo transparente que fue el periódico La Razón. Los innombrables invitados de ese programa casi estuvieron de adorno, al menos dos tercios de la duración del mismo los copó la directora deseosa de aclarar el porqué del cierre de la versión impresa de su medio. Ese fue su propósito y procedió con una unívoca clarificación: “La Razón funcionó sólo con un 20% de publicidad estatal”. ¿Ese fue el mensaje de aclaración? Sí, ese mismo. Hmm…

Retrocedamos. ¿Por qué la directora monopolizó el habla? Quiso aclarar que su periódico jamás fue un periódico gubernamental. La Razón, que ya sólo aparece digitalmente, fue ¡el matutino de la libertad de expresión! Lo dijo respaldando su argumentación con una tesis unívoca: lo recibido como publicidad estatal fue una menudencia. ¿Menudencia? Claro, de un 20% ¡nada más! ¿En serio? Pero afortunadamente, sabemos que ese 20% fue, al menos, ¡de 2,3 millones de dólares al año!

Lo dijo el propietario del periódico Carlos Gill, entrevistado por Carlos Valverde en 2019. Informó que en cuatro años, entre 2016 y 2019, La Razón obtuvo 9,06 millones de dólares –2,3 millones de promedio anual– de publicidad estatal. Según Gill, ese monto era “muy pequeño”.

Página Siete, mientras tanto, según declaración de su propietario, Raul Garáfulic, hubiera estado en punto de equilibrio con 300.000 dólares adicionales de publicidad anual. Con ello hubiera seguido publicando sus ediciones hasta ahora. Mientras tanto, La Razón lograba 2,3 millones de dólares al año provenientes del dinero de todos los bolivianos. En comparación, ni las decenas de los portales de noticias que hay en el país deben obtener, en total, ese monto.

La señora Benavente mencionó el libro “Control Remoto”, de Raúl Peñaranda, publicado en 2014, en el que precisamente habla de cómo se financiaron los medios paraestatales. Para la señora, son “falsedades”. “¿Cómo se atrevió a criticarnos a causa de ese minúsculo porcentajillo?”. Afirmó que la versión del autor del polémico libro no decía la verdad. ¡Pero si el propio Gill confirmó los datos en 2019!

Ay.

¿Hay algo más que se pueda alegar además de este datito porcentual de un quinto? Claro. Si esos 2,3 millones eran el 20% (17%, dice Gill), el total de publicidad admitido por el dueño de La Razón sólo entre 2016 y 2019 fue de 53 millones de dólares. ¿Y entonces cómo el periódico termina fracasando, cerrando la versión impresa? ¿Dónde se fue esa plata? ¿En los bolsillos de quién está?

¿Hay más? Sí, lo principal: semejante cantidad de dólares que manejó La Razón, ¿mejoró la condición mediática en Bolivia, esto que llamamos la libertad de expresión? El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa da a Bolivia una calificación de 33 sobre 100 cuando el promedio en América Latina es de casi 48 en la categoría “libertad de expresión”.

Descontando a Cuba, Venezuela y Nicaragua que tienen indicadores rondando el 10, nosotros estamos en el peor lugar, sólo por delante de Guatemala con 32. ¿Alguna otra fuente? Sí, Reporteros Sin Fronteras. Coloca al país en el puesto 128 de 180 países en la misma categoría de libertad de expresión.

Freedom House, a su vez, situó a Bolivia en el puesto 91 en el año 2015, en el 96 en el 2016, en el 111 en el 2017. Asimismo, Statista mostró que su indicador de libertad de la prensa en 2015 fue de casi el 69% y en 2024 es de casi el 49%. Una bajada de 20 puntos en menos de una década. Impresionante.

Quiero decir que esa prensa gubernamental ayudó a orquestar este escenario de descomposición mediática. La lacrimógena justificación de La Razón cancela, pues, la posibilidad de tener un diagnóstico claro sobre el asunto que realmente concierne: la libertad de prensa y expresión en América Latina y Bolivia y no las “maldades” de un libro y el “porcentajito minúsculo” de 20% de publicidad estatal.

Diego Ayo es PhD en Ciencias Políticas.