La persistencia del modelo de desarrollo de los 50

En los años 50 se puso de moda en América Latina, en particular en Bolivia, el modelo de sustitución de importaciones desarrollado por la CEPAL. Este modelo fue bien acogido por los movimientos de izquierda de diferentes tonalidades vigentes en Bolivia y fue iniciado al impulso de la Revolución Nacional de 1952. Los tres principales pilares de este modelo fueron: 1. La participación del Estado en la economía para corregir fallas de mercado, promover la equidad, acelerar el crecimiento y fomentar el bienestar social, 2. La industrialización por sustitución de importaciones en un mercado ampliado por la integración económica regional, 3. La protección a la producción nacional por medio de un complejo sistema de subvenciones al sector privado.

Con algunas variantes, este modelo siguió vigente en las más de siete décadas de su inicio y sigue vigente en la actualidad con el modelo económico del MAS que es uno de sus herederos directos. Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se lo quiso cambiar buscando que el sector privado empresarial tuviese más protagonismo, pero se enfrentó a la triste realidad de que el sector privado no estaba interesado en ello o no tenía la fortaleza para asumirlo.

Una reciente encuesta de opinión realizada por Diagnosis muestra cuán afincado está ese modelo en la mentalidad de la mayoría de los bolivianos. En su conclusión señala que solo el 15% de los entrevistados está a favor de achicar el Estado privatizando empresas públicas y liberalizando la economía y el 55% no desea cambiar el modelo (ni siquiera en Santa Cruz). Reitera que la cultura de la nacionalización y de la defensa e industrialización de los recursos naturales está profundamente arraigada en la población boliviana.

Teniendo en cuenta la historia y el sentir actual de los bolivianos, es muy posible que propuestas extremas como las de privatización de empresas, de la educación y la salud y el despido masivo de trabajadores del sector público no tengan acogida, empero las críticas sobre la ineficiencia del sector público deben ser tomadas en cuenta.

Por ejemplo, se hace necesario analizar la situación de las empresas públicas, una por una, para evaluar si tienen presente y futuro. En el caso de empresas irrecuperables, todo el mundo estará de acuerdo que es mejor cerrarlas o venderlas. Defendiendo la igualdad de oportunidades, la educación y la salud son servicios que no deben ser privatizados, pero urge darles más eficiencia. Se puede convenir analizar el empleo en cada unidad estatal para evaluar en cuales hay supernumerarios y en cuales falta personal y, hacer, si fuese necesario su reasignación. Para mejorar la eficiencia en la función pública se puede convenir la introducción de normas que privilegien la meritocracia, castiguen severamente la corrupción y ofrezcan al personal estabilidad y garantías laborales.

Otro importante campo donde se requiere intervenir es en la administración de la justicia y se requiere el compromiso de no frenar el progreso de la inclusión social y de la eliminación de toda forma de discriminación. El sector privado se queja de no tener oportunidades suficientes para su desarrollo y expansión. Consistentemente con la lógica del modelo económico de los años 50, es conveniente crear una comisión para identificar los obstáculos y problemas que limitan su expansión y sugerir soluciones.

Para hacer frente a los problemas de corto plazo, teniendo en cuenta la evolución de la opinión pública, las posibilidades de llegar a acuerdos son aún mayores pues existe en la población, entre economistas y políticos la convicción de que es necesario reducir el subsidio a los carburantes y solucionar la turbulencia en el mercado cambiario. En el primer caso, existiendo varias propuestas, se requiere consensuar en una de ellas que no dañe a los sectores más vulnerables y con un impacto certero en las finanzas públicas. En el segundo caso, se puede convenir los límites en los cuales podría variar el tipo de cambio en caso en que se lo deje fluctuar según la oferta y la demanda. Un urgente e importante acuerdo al que se debe llegar es el mejorar la administración de la justicia en todos sus niveles, desde los juzgados provinciales hasta sus más altos niveles y dar por concluidos juicios inútiles que duran décadas.

Rolando Morales es PhD en economía.