En mi criterio, las intervenciones de los candidatos presidenciales, en el debate del 12 de octubre, fueron confusas y no aportaron información suficiente. En este artículo no intento hacer críticas, solo quiero explicar lo que, en mi opinión, debió decirse con claridad y contundencia.
Se debe disminuir el subsidio a los carburantes, lo que elevará el precio de la gasolina para uso particular, manteniéndolo para los pasajeros del transporte público hasta que se logre poner en marcha mecanismos más idóneos para evitar estafas y proteger a los grupos vulnerables. El subsidio al diésel debe ser eliminado completamente.
El precio del dólar será fijado a través del bolsín con operaciones de remate al interior de una banda de precios, con la participación de demandantes y oferentes.
A pesar de todo, las exportaciones se encuentran todavía en un buen nivel, lo que puede asegurar que haya oferta de dólares en el bolsín. Entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en minerales; entre 2.000 y 3.000 millones en productos agropecuarios; entre 1.000 y 2.000 millones en gas y unos 1.000 en otros productos, haciendo un total de unos $us 10.000 millones, con lo cual hay dólares suficientes para financiar las importaciones por un monto similar. La puesta en marcha del bolsín permitirá transparentar estas operaciones y disminuir el temor de la población de no poder acceder a dólares cuando los necesite.
Para que funcione el bolsín se requiere que los bancos entreguen a los receptores de divisas (exportadores, beneficiarios de remesas y receptores de créditos) los dineros que reciben en la moneda en que fueron enviados y realizar transferencias al exterior sin cobros excesivos de comisiones. Si no se cumple este requisito, es imposible que funcione el bolsín porque no habrá oferta de dólares. Existe una disposición al respecto emitida por ASFI, pero que ningún banco la cumple. El mejoramiento del funcionamiento de ASFI debe estar incluido en el plan de gobierno.
La crisis por la que atraviesa Bolivia es esencialmente fiscal. La caída de la renta del gas es un duro golpe para el presupuesto público. Para compensarlo, por lo menos parcialmente, se requiere cobrar impuestos a aquellos sectores que no los pagan o que pagan muy poco, particularmente, el cooperativismo minero y la agroindustria. Además de ser una alternativa económica, será una medida de justicia. La reducción del subsidio a los carburantes y la mayor recaudación de impuestos permitirán reducir el déficit del sector público por lo menos a la mitad.
Reduciendo el financiamiento del Banco Central al déficit fiscal, la cantidad de dinero doméstico disminuirá su ritmo de crecimiento y con la normalización del mercado cambiario la demanda de divisas decrecerá, disminuyendo la necesidad de financiamiento externo.
Poco a poco, la importación de gasolina y de diésel disminuirá como consecuencia del impacto de la subida de precios en la demanda interna y en el contrabando de exportación. Paralelamente, se debería levantar todas las trabas existentes que impiden que el sector privado participe en la importación y comercialización de carburantes. De esa manera se aliviará las necesidades de divisas del sector público. Sin embargo, se requerirá un financiamiento externo de emergencia para hacer frente a la compra de carburantes en el corto plazo.
Hay también importantes problemas de mediano plazo que requieren ser abordados.
El problema de la propiedad de la tierra y de los avasallamientos es una bomba de tiempo que amerita soluciones inteligentes y de consenso que eviten el uso de la violencia institucional y popular.
Hay consenso en que hay muchas fallas en la administración de la justicia, pero aún hay pocas sugerencias para superarlas.
El mejoramiento de la educación requiere una nueva estrategia para la formación de maestros y un nuevo régimen institucional. El control de la calidad debe servir para hacer el seguimiento de las reformas, no es su sustituto.
El mejoramiento de la salud requiere un enfoque integral que cubra las necesidades de atención, de alimentación adecuada y agua, de ejercicios físicos y de educación en salud. La organización e institucionalidad de la Caja Nacional de Salud debe ser modificada para dar una atención eficiente. Corresponde también estudiar la posibilidad de disminuir los aportes patronales para mejorar la cobertura.
Menos conocidas y sentidas, pero no por ello menos importantes, son las políticas de población y las que permitirían superar la desconfianza interpersonal e institucional para crear consensos.
Algunas de estas reflexiones se encuentran en el libro que publiqué el año pasado Bolivia mirando al futuro. Aportes para un plan de gobierno (editorial Plural).
Rolando Morales es economista.