En artículo, muestro que la situación económica en los primeros seis años de este siglo fue tan preocupante (o más) como lo fue en los últimos seis, hago referencia al boom económico entre ambos periodos y a las falencias en política económica. Termino refiriéndome a las dificultades actuales y a la forma como el gobierno sugiere enforcarlas.
En los primeros seis años de este siglo, en los gobiernos de Tuto Quiroga, de Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa las reservas internacionales (RIN) estuvieron por debajo de los 2.000 millones de dólares, más o menos igual a lo observado en el último año. El déficit fiscal estuvo alrededor del 5%, con un pico del 6,7 en 2002, similar a los observados recientemente. La inflación fue baja al comienzo de siglo, 3,6% en promedio, pero fue bastante menor recientemente, pues apenas llegó a 1,73%. En los años 2003-2005, la tasa de desempleo se mantuvo alrededor del 5%, en los últimos años estuvo por debajo de este nivel.
Entre ambos periodos, algunas variables tuvieron evoluciones muy positivas. El PIB per cápita (en términos PPA) creció en más de tres veces entre los años 2000 y 2023. Entre los años 2000 y 2014, las exportaciones se multiplicaron por 8,8 veces. Pasado el boom de precios, las exportaciones del año 2023 eran aún 7,4 veces las del año 2000. Las importaciones tuvieron un comportamiento similar llegando a más de 1000 dólares por habitante en el año 2022. Las RIN alcanzaron 15.000 millones de dólares en el año 2014. Las inversiones, sobre todo del sector público y los gastos en educación y salud, crecieron significativamente respondiendo al buen comportamiento del sector externo.
Pero ese buen comportamiento de la economía no pudo capitalizarse para evitar las dificultades del último periodo. Las razones para que ello ocurriese son varias, entre ellas las siguientes:
1. Las inversiones públicas fueron importantes, pero tuvieron poco impacto en el crecimiento económico debido a que financiaron obras sin relación con la economía (edificios, aviones, etc.); fueron asignadas a proyectos poco rentables (San Buena Ventura, urea, papel, etc.); a proyectos de caminos con beneficios de muy largo término; y a proyectos con futuro incierto (litio, hierro, electricidad, etc.). Se financió plantas para la industrialización de productos agropecuarios con interesantes efectos sociales, pero con poca incidencia en la economía.
2. Las inversiones privadas fueron muy reducidas, sin aprovechar la coyuntura ni aportar al crecimiento económico.
3. La “nacionalización” de los hidrocarburos aumentó en forma considerable los ingresos del sector público, pero en presencia del boom de precios, el Estado y las transnacionales quisieron monetizar lo antes posible este recurso provocando su rápido agotamiento sin prever la posibilidad de buscar nuevos yacimientos. Después de un periodo de auge de los ingresos, vino su merma provocando déficits públicos inquietantes.
4. Conscientes del impacto negativo de la subvención a los combustibles en el presupuesto fiscal, en el año 2011 el Gobierno quiso eliminarlo, lo que provocó descontento popular obligándolo a revertir esa medida. La subvención fue creciendo, siendo la principal responsable actual del preocupante déficit fiscal. A comienzos de siglo, la subvención llegaba a 200 millones de dólares; recientemente está cerca de 2. 000 millones, siendo responsable de la mitad del déficit fiscal.
5. Teniendo en cuenta la abundancia de dólares y un tipo de cambio fijo, las importaciones crecieron en más de cinco veces, pasando de unos 2.000 millones de dólares en el año 2000, a más de 11.000 millones en 2023. El crecimiento de las importaciones tuvo el efecto de desplazar la producción doméstica y de “acostumbrar” a la economía a usar y consumir productos importados. De esta manera, incluso después de que el ingreso de dólares disminuyera, las importaciones se mantuvieron en niveles muy elevados provocando problemas en balanza de pagos.
6. Los conflictos al interior del partido gobernante y del Gobierno con el Congreso tuvieron incidencias negativas en la economía.
Las estrategias para aliviar la situación actual son conocidas y sobre ellas hay consenso. Estas son: 1) Disminuir la subvención a los combustibles reorientándola al transporte, 2) Establecer un régimen cambiario basado en la subasta de dólares, 3) Hacer una pausa en la inversión pública buscando mejorar su asignación, 4) Identificar y corregir los factores que inciden para que la inversión privada sea pequeña, 5) Lograr consensos al interior del partido gobernante y con la asamblea legislativa.
Estas son tareas del Gobierno que no pueden ser delegadas, lo que no impide que realice consultas sobre diferentes temas, entre otros, sobre el subsidio a los combustibles a través de reuniones, encuestas, incluso, por referéndum, pero estas consultas de ninguna manera deben ser vinculantes ni intimatorias. Si fueran vinculantes, se corre el riesgo económico de que el resultado sea la negativa de la población a la eliminación del subsidio a los carburantes, con lo cual sería imposible tener un presupuesto equilibrado. Si fueran intimatorias, el Gobierno perdería autoridad.
Para finalizar, preocupa que el Gobierno se muestre timorato para aplicar las correcciones urgentes que requiere la economía.
Rolando Morales Anaya es PhD en economía.
@brjula.digital.bo