Las Naciones
Unidas definen la “seguridad alimentaria” como el “acceso físico, social y
económico a comida suficiente, segura y nutritiva para satisfacer las
necesidades y preferencias alimentarias de una vida activa y saludable”. Sin
duda, un objetivo loable. Las mismas Naciones Unidas estiman que a la fecha, un
20% de los bolivianos no están cubiertos por esta definición. Nótese, sin
embargo, que este mismo porcentaje a principios de los años 90 era de casi 40%.
La importancia del acceso a alimentos ha llevado a muchos gobiernos a instalar la seguridad alimentaria no como una legítima aspiración social sino como un derecho que debe garantizarse al margen de las restricciones que impone la realidad. Como suele suceder, los políticos tienden a convertir objetivos, aspiraciones o resultados deseados en realidades de facto. En Bolivia, esto está reflejado incluso en la Constitución: “toda persona tiene derecho al agua y la alimentación” y el Estado “tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria”.
La transformación de aspiraciones, por más legítimas que sean, en derechos, que el Estado debe garantizar, genera profundos errores en términos de políticas públicas. Pretender que la seguridad alimentaria sea un derecho ha dado lugar, por ejemplo, a la idea de “soberanía alimentaria”. De acuerdo a este concepto, un país debe proteger su mercado doméstico de tal forma que el país pueda producir suficientes alimentos para su población sin depender de importaciones.
Partamos diciendo que cualquier concepto económico etiquetado como “seguro” es una falacia. No hay nada seguro en economía además de la seguridad de que enfrentamos recursos escasos. Y como todo es escaso, no podemos garantizar nada. Si uno no trabaja, no come. La realidad es así de simple y difícil, pero es la realidad. Lo mismo para un país. Pretender entonces que el acceso a comida sea seguro, o sea un derecho, implica generar graves distorsiones. ¿Cómo hacemos para cumplir la Constitución y garantizar que todos tengan comida suficiente todo el tiempo? Esto es literalmente imposible en un mundo en el que los resultados se deben en larga medida a múltiples decisiones individuales. La única forma de hacerlo, entonces, es ignorando esta realidad y creando transferencias obligatorias. Es decir, cobrando impuestos a la gente que puede comprar comida para dárselos a los que no pueden. En otras palabras, la única forma de conseguir seguridad alimentaria para todos todo el tiempo es empleando un paradigma redistributivo.
Pero tratar de garantizar la seguridad alimentaria a punta de redistribución no hará más que alejarnos de ella. La redistribución forzada disminuye los incentivos a acumular riqueza y por lo tanto a invertir y crear empleo. La pobreza, que es al final la razón por la cual mucha gente no accede a alimentos, se derrota sostenidamente con crecimiento económico, no con redistribución. Para tener algo que redistribuir primero tenemos que hacer crecer la torta económica.
La cosa empeora si además pretendemos que el país deba tener soberanía alimentaria. Usar políticas proteccionistas que protejan el mercado doméstico para forzar independencia alimenticia es simplemente absurdo. De acuerdo a la FAO, Noruega y Bélgica son los países más dependientes de importaciones de alimentos en el mundo. En el otro extremo, Argentina es el país menos dependiente de estas importaciones. Pregúntese, ¿dónde existe más pobreza? ¿Dónde come más y mejor la gente? Piense además en países como Emiratos Árabes o Japón o Corea del Sur que producen muy poco del alimento que consumen, pero que tienen muchísimo más acceso a ellos que países productores como Brasil, Zambia o Paraguay.
Producir comida no garantiza que tengamos acceso a ella. De hecho, puede generar el efecto contrario si nuestros costos son muy altos. Lo que nos acerca más al objetivo de la seguridad alimentaria es producir y exportar aquello en lo que tenemos ventaja comparativa (lo que producimos a menor costo que otros países) e importar aquello en lo que no la tenemos. Piense que Noruega y Bélgica tienen “asegurada” su alimentación produciendo todo menos alimentos. Restringir, por tanto, la importación o imponer cupos de exportación para primero satisfacer el mercado interno, son políticas erradas que desaceleran el crecimiento económico. Y ese es el único camino para acercarnos al objetivo que todos queremos.
Antonio Saravia es PhD en economía (Twitter: @tufisaravia).