No cabe duda de que el presidente Luis Arce se ha ganado a pulso su mala reputación como mandatario. Carente de ideas, excusas y recursos, no tiene nada más que ofrecer, solo palabras huecas y estridentes. No es casualidad, de hecho, cada día que pasa nos demuestra que hacerlo peor es una “cualidad” infinita en él. Pero más allá de la ironía, convengamos en que el horno ya no está para bollos. Nos dijo implícitamente: “Ya no hay plata”, frase que pronunció con vehemencia el presidente argentino Javier Milei, solo que él lo hizo el día uno (su posesión); en contrapartida, Luis Arce, después de negar la realidad hasta casi la finalización de su mandato, recién salió a contarnos lo que todos sabíamos hace años.
Y es que presumimos que el presidente siempre supo lo que hay que hacer, también suponemos que sabe perfectamente el origen de la debacle; empero, cada vez que sale a aclarar las cosas o arengar a sus militantes en plan de negacionismo, no solo sube el estrés, también se elevan los precios de los productos de toda índole, especialmente alimentos. ¿Por qué porfía en negar lo evidente? ¿Cómo es posible que niegue que estamos en los prolegómenos de una crisis económica que no ha hecho más que empezar? ¿Acaso le falta calle? Solo hay que ver el estado de situación: kilométricas colas, mercados cada vez menos abastecidos, inflación sistemática e ingresos mermando.
Todo tiene una explicación. En los últimos 11 años, las exportaciones de nuestro principal producto (gas) han menguado de 6.000 millones de dólares por año hasta menos de 2000, una caída de más de dos tercios. Es indudable que eso no fue un evento reciente; por otra parte, desde el año 2022, entre la demanda interna de gas (12,78 millones de metros cúbicos días), y la venta a Brasil (17,94 millones) y Argentina (11,12 millones), sufrimos una drástica caída. En principio, el mercado argentino se acabó y el mercado brasileño bajó a ocho millones; al mismo tiempo, la demanda interna subió a 13,55 millones. Consiguientemente, la era del gas llegó a su fin, no solo por el agotamiento de nuestras reservas, sino por el cierre del mercado argentino y la pronta cancelación del mercado brasileño, prevista para finalizar el año 2026.
El problema es estructural. Con la caída de los ingresos por las exportaciones de gas, no hubo otra alternativa que mantener la ficción a través del gasto de nuestros ahorros (Reservas Internacionales Netas). De 15.000 millones de dólares en el año 2014, las RIN cayeron a 1.796 millones, de las cuales las divisas solo equivalen a 165 millones. La alcancía se agotó, queda el oro, que muy probablemente irá menguando. Obviamente, eso no es todo; vamos al corazón del problema: el déficit fiscal.
El déficit fiscal en 2024 llegó a 5.976 millones de dólares, cifra que representa el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal (Romero, 2025). Doce años seguidos de déficit fiscal, simplemente insostenible; la fórmula de gastar y despilfarrar terminó. Parece mentira, pero a estas alturas negar que estamos en crisis resulta aberrante. Bolivia es literalmente un Estado insolvente y hasta podríamos caer en default (deuda impaga). Pero nuestros problemas no solo son económicos; con el MAS, las cosas siempre pueden ponerse peor. En el Índice de Calidad Institucional (ICI), que mide: 1. Índice del Estado de Derecho (Banco Mundial); 2. Índice de Voz y Rendición de Cuentas (Banco Mundial); 3. Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional); 4. Índice de Libertad de Prensa (Freedom House); 5. Doing Business (Banco Mundial); 6. Competitividad Global (Foro Económico Mundial); 7. Libertad Económica en el Mundo (Fraser Institute) y 8. Índice de Libertad Económica (Wall Street Journal/Heritage Foundation), ocupamos el puesto 130, y en Latinoamérica, solo estamos por encima de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela; vale decir, en el furgón de cola de los peores.
En cuanto al Índice Global del Estado de Derecho (WJP), de 140 países medidos, ocupamos el deshonroso puesto 131 a nivel mundial, y en Latinoamérica solo estamos por encima de (seguro adivinó) Nicaragua, Haití y Venezuela. Seguidamente, en lo referido al Índice de Percepción de la Corrupción, Bolivia obtuvo la peor calificación de los últimos 12 años, según Transparencia Internacional. Nuestro país registra 28 puntos, por debajo del promedio regional, que es de 42 sobre 100. En América, ocupamos el lugar 25 de 32 países (Infobae, 2025). Penosamente, cada año registramos peores estándares de corrupción. ¿Le sorprende?
Y, ¿cómo vamos en cuanto al Índice de Libertad Económica? El año 2024 ocupamos el puesto 165 de 169 países medidos (Heritage Foundation); somos una de las economías más reprimidas del mundo. En la región, estamos en el antepenúltimo puesto, toda una proeza. Con tan brillante reputación, nos hicimos merecedores a la Calificación de Riesgo País CCC- (JP Morgan, 2024). Hay más: en cuanto al Ranking de Seguridad Jurídica, en Latinoamérica compartimos los últimos puestos con Guatemala, Haití y Venezuela. El relato habitual sostiene que las principales consecuencias del fracaso económico de América Latina, basado en su tendencia a crecer poco entre grandes crisis económicas y una democracia de mala calidad, se centran en: 1. Violaciones sistemáticas del Estado de derecho; 2. Inestabilidad jurídica y 3. Vulneración del derecho de propiedad de los inversores.
Todo lo anteriormente citado se expresa en el último dato: la Inversión Extranjera Directa (IED). En 2023, esta fue de 184.304 millones de dólares en América Latina y el Caribe, según la CEPAL. Esto representa una caída del 9,9% en comparación con 2022. En la misma gestión, Bolivia captó 152 millones de IED bruta y 60 millones de IED neta. Dicho de otra forma, Bolivia recibe el 0,08% de las inversiones de la región. Pero, eso sí, no estamos en crisis, el modelo masista funciona. Aguanten, ilusos, la crisis está en vuestra mente.