Interculturales y tierras bajas: ¿quiénes son y qué buscan?

A raíz de los incendios forestales en las tierras bajas del país, las denuncias de avasallamiento de territorios indígenas en la Chiquitanía y las amenazas de represión a la XI “Gran marcha por la defensa de nuestro territorio, identidad y cultura de nuestros pueblos” que han emprendido los pueblos indígenas de las tierras bajas, los denominados “interculturales” han vuelto a hacer noticia por la relación que tienen con todos estos temas que hacen a la coyuntura nacional.

En general, los “interculturales” son vistos como el principal sostén del gobierno del MAS —pues los cocaleros constituyen una parte importante de los mismos— o también como un sector social que tiene una representación relevante en las diferentes instancias estatales a partir de las cuales se benefician de una serie de políticas, programas o proyectos, entre los que destacan la distribución de tierras fiscales.

En general, siguen siendo vistos como campesinos, es decir, como miembros de unidades productivas agropecuarias que producen exclusivamente con fuerza de trabajo familiar. Sin embargo, muy poco o prácticamente nada se dice en relación a las transformaciones sociales que han sufrido en el tiempo, y tampoco se presta atención a las características de sus actuales formas de producción agropecuaria; es decir, no se menciona la base material que explica, finalmente, su comportamiento actual y su rol en el desarrollo de la agroindustria capitalista boliviana.

Como se sabe, los procesos de “colonización” de las tierras bajas del país, que se iniciaron a inicios de la década de 1960, obedecieron al objetivo estatal de lograr una agricultura orientada a abastecer el mercado interno de productos agrícolas, generar materias primas para una industria básica de alimentos y fortalecer las exportaciones de productos agrícolas tropicales. En este sentido, el traslado de campesinos andinos a estas zonas (trópico de Cochabamba, norte de La Paz y norte de Santa Cruz) —denominados, entonces, “colonizadores”— tuvo el propósito de contar con productores agropecuarios mercantiles capaces de coadyuvar, junto a la mediana y la gran empresa agropecuaria capitalista, a estos fines.

Varias investigaciones, realizadas en las zonas de colonización en los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, daban cuenta del carácter marcadamente mercantil que ya había adquirido la producción agrícola de los colonizadores, así como también de los procesos de diferenciación social entre ellos; es decir, ya entonces se daba a conocer que si bien una parte se mantenía como campesinos pobres, otra parte se iba transformando en pequeños productores agrícolas capitalistas o campesinos ricos, pues, aunque seguían produciendo directamente la tierra, lo hacían contratando también fuerza de trabajo asalariada. Otra fracción, que se eximía del trabajo agrícola directo, terminaba produciendo con el concurso exclusivo de obreros asalariados, convirtiéndose, por tanto, en capitalistas plenos.

Tanto el primer ciclo de apoyo estatal al desarrollo de la agroindustria capitalistas en las tierras bajas antes mencionado, así como el segundo ciclo, que promovió la producción de cultivos oleaginosos —con la soya como producto principal de exportación—; y el tercer ciclo, promovido por el gobierno del MAS a través de la expansión de la frontera agrícola para la exportación de granos y de carne  y la producción de biocombustibles, han profundizado los procesos de diferenciación social entre los interculturales, proceso que también se presenta entre los productores de hoja de coca. Existen, cada vez, mayores evidencias acerca de las formas de producción de este cultivo, donde se utiliza de manera sistemática peones asalariados, fundamentalmente en las cosechas.

Los colonizadores, hoy denominados “interculturales”, se organizaban en grupos de campesinos denominados “sindicatos” para solicitar y realizar trámites de acceso a la tierra. Una vez asentados, estos “sindicatos” cumplían tareas destinadas a obtener una serie de servicios (salud, educación, caminos) y a regular aspectos internos de las nuevas comunidades (linderos y otros).

Sin embargo, en la medida en que fueron consolidándose como productores cada vez más especializados, fueron conformando sus propios gremios de productores o adhiriéndose a otros ya existentes, dirigidos por medianos y grandes productores, para acceder a una serie de servicios que su nueva condición de campesinos mercantiles, campesinos ricos o capitalistas plenos requiere: asistencia técnica, acceso a insumos, maquinaria, créditos, etcétera.

En este sentido, al menos en Santa Cruz, una buena parte de los “interculturales” están afiliados tanto a sus sindicatos comunales como a las asociaciones o federaciones de productores especializados (soya, caña de azúcar, etc.) que están dominadas por medianos y grandes empresarios, con los cuales comparten una serie de demandas a partir de intereses comunes.

Por ello, no ha sido casual que las organizaciones de pequeños productores del departamento de Santa Cruz sean las que en los últimos años han exigido el cumplimiento de las demandas de los gremios agroindustriales para la producción de biocombustibles y el uso de transgénicos en varios cultivos.

Los “interculturales” son, en proporciones cada vez más importantes, productores que tienen una serie de vínculos e intereses comunes con los medianos y grandes empresarios y que se alejan, cada vez más, de los intereses de los campesinos pobres que, en determinados momentos del año, son sus peones temporales asalariados.

Pero, además, es importante señalar que estos pequeños productores capitalistas, o capitalistas plenos camuflados en la estructura de los sindicatos de “campesinos interculturales”, han fundado el MAS, partido que representa sus intereses y que gobierna en consecuencia, permitiendo el avasallamiento de los territorios de los pueblos indígenas de las tierras bajas, de las reservas forestales y de áreas protegidas con el argumento de beneficiar a campesinos pobres del occidente del país.

Enrique Ormachea Saavedra es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).