La denominada Contribución Nacionalmente Determinada (CND), elaborada por el gobierno de Evo Morales en el marco del Acuerdo de París del año 2015 y presentada por Luis Arce Catacora en la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que concluye este viernes en Glasgow, señala varios compromisos que el Estado boliviano se plantea cumplir en la perspectiva de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático.
La Contribución Prevista Determinada Nacionalmente por el Estado boliviano, además de incorporar el consabido discurso anticapitalista del MAS para consumo de incautos, sobre todo en el exterior, —pues desde 2006 este partido en función de gobierno ha desatado en los hechos un agresivo modelo de capitalismo salvaje— plantea intervenciones en cuatro ámbitos: bosques, agropecuaria, agua y energía.
En este artículo interesa resaltar algunos de los planteamientos previstos en los ámbitos de la agropecuaria y los bosques, para contrastarlos con la orientación efectiva —no discursiva— de las políticas públicas en estos dos aspectos.
Así, por ejemplo, en el ámbito agropecuario se plantea priorizar el incremento de los rendimientos agrícolas antes que la expansión de la frontera agrícola. Como se sabe, Arce Catacora, de manera contraria a este planteamiento, ha venido sosteniendo y promoviendo la expansión de la frontera agrícola propuesta por el gobierno de Evo Morales como medio para incrementar la producción agropecuaria. Los incendios forestales, los avasallamientos a tierras fiscales y reservas forestales y el despojo de tierras a los pueblos indígenas de las tierras bajas del país son, entre varios otros, los efectos de acciones gubernamentales concretas orientadas a promover, en un contexto de crisis, la ampliación de la frontera agrícola. Dos de los cultivos que se caracterizan por una importante expansión de la frontera agrícola, como la soya y la caña de azúcar, son promovidos desde el gobierno en función de sus intereses de producción de biocombustibles y de exportación de granos.
Si algo caracteriza a la producción agrícola en el país es su bajo nivel de productividad. En comparación con países desarrollados y de Sudamérica, Bolivia presenta los rendimientos más bajos en cultivos tan importantes como arroz, caña de azúcar, maíz, papa y trigo. La soya, que es el principal cultivo del país, sigue presentando rendimientos mucho más bajos (2,09 toneladas métricas/hectárea) que aquellos que muestran Argentina (3,17 Tm/ha), Brasil (3,38 Tm/ha) y Estados Unidos de Norteamérica (3,30 TM/ha).
Las brechas de productividad con otros países son tan significativas que reducirlas implicaría lograr incrementos en rendimientos realmente importantes, metas que son muy difíciles de alcanzar, pues requieren importantes niveles de inversión en varios ámbitos. En este sentido, es posible afirmar que los intereses gubernamentales de corto plazo de incrementar la producción de cultivos para la exportación y para la producción de biocombustibles seguirán basándose en la expansión de la frontera agrícola, vía generosamente promovida por el gobierno de Evo Morales a través de leyes y decretos que siguen vigentes.
Y si la perspectiva de incrementar la producción agrícola está yendo de la mano de la expansión de la frontera agrícola, los planteamientos de la Contribución Prevista Determinada Nacionalmente por el Estado boliviano presentada en la COP26 en relación a los bosques, que destacan metas relativas a la reducción de la deforestación y conservación de la biodiversidad, así como el fortalecimiento de las funciones ambientales de los bosques a través de su conservación, quedarán en simple declaración.
Y como muestra un botón. El gobierno de Arce Catacora insiste en el planteamiento que hizo Evo Morales para convertir a Pando en un departamento agrícola, promoviendo la agricultura mecanizada de granos y cultivos de pastos para la ganadería de exportación, ignorando que el territorio de Pando concentra el 73% de la superficie de bosques de la Amazonía norte y que más del 90% de su superficie es bosque húmedo tropical, por lo que tiene una aptitud productiva asociada al aprovechamiento forestal maderable y no maderable (castaña); cumpliendo, además, funciones ecológicas y ambientales fundamentales. En síntesis, hay mucha distancia entre lo que se dice y lo que se hace.
Enrique Ormachea Saavedra es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).