28/12/2020
Posición Adelantada

Hablando de fariseos: Mi respuesta al Ministro de Economía

Antonio Saravia
Antonio Saravia

La semana pasada Samuel Doria Medina y el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, intercambiaron opiniones sobre las medidas económicas del gobierno en sendos artículos en Página Siete.

Doria Medina empezó criticando acertadamente “el imprudente estatismo de Luis Arce” mencionando medidas como el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el incremento de tres puntos en la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) y los créditos del Banco Central a las empresas públicas. De acuerdo a Doria Medina, estas medidas muestran una intención sistemática de transferir recursos del sector privado al público, lo cual es, indudablemente, un tremendo despropósito. No solo esta transferencia reduce los incentivos a producir riqueza en los que saben como hacerlo, sino que incrementa el monto de recursos administrados por la burocracia estatal naturalmente ineficiente.

El ministro Montenegro respondió llamando a Doria Medina “fariseo” y dedicó gran parte de su artículo a justificar el IGF y acusar a Doria Medina de no ser solidario. Trató además de mostrar que durante los 14 años del MAS se implementaron políticas destinadas a incentivar la actividad en el sector privado. La respuesta de Doria Medina no se dejó esperar, pero fue esencialmente una defensa personal a los ataques ad-hominem del ministro y no profundizaron en el tema económico. Me parece importante hacerlo y tomo la posta.

Partamos diciendo que el IGF es simplemente una pésima idea. Es un impuesto que solo logrará 15 millones de dólares de recaudación, es decir, ¡el 0,03% del PGN! Sí, leyó bien, ni siquiera medio punto porcentual. El IGF no se puede justificar, por tanto, a partir de la necesidad de captar recursos para emprender programas sociales, dar bonos, etc. Lo único que logrará es generar menos incentivos y más incertidumbre en los empresarios a los que se aplique. En el margen, los grandes empresarios del país (que son poquísimos) preferirán no invertir o irse del país, con lo que tendremos menos emprendimiento, menos productos y menos empleo. De hecho, los empresarios no tan grandes también podrían optar por ese camino ante el temor de que los límites mínimos de patrimonio definidos por el impuesto puedan bajar en el futuro.

Está claro entonces que la única justificación para el IGF es, como dice Doria Medina, política. Se trata de mostrar que el presidente Arce hace honor al nombre de su partido y aprieta a los ricos. De hecho, el ministro Montenegro no ofrece en su artículo otra justificación para el IGF que no sea la de “aminorar la regresividad del sistema tributario”. Pero, otra vez, la paupérrima recaudación del IGF no hará que los ricos sustenten una mayor parte del sistema tributario. Simplemente se les hará pagar más para mostrar que pagan más.

El ministro Montenegro defiende el IGF apelando a la importancia de la “solidaridad” (menciona esa palabra cinco veces en su artículo). Habrá que recordarle al ministro que la solidaridad por definición es voluntaria y que un impuesto es obligatorio, so pena de cárcel. Si de verdad queremos fomentar la solidaridad en los empresarios entonces habría que bajarles, no subirles, los impuestos para que tengan mayores utilidades y así mayor disponibilidad para donar. El ejemplo del ministro de la “multimillonaria Mackenzie Scott de EEUU que donó hasta casi 6 mil millones de dólares en lo que va de este año”, es precisamente un ejemplo en el que menores impuestos (o deducciones) motivan la filantropía.

La defensa que hace el ministro Montenegro sobre las políticas del MAS destinadas a incentivar la actividad en el sector privado durante 14 años también cae en saco roto. Esencialmente cita dos fondos de créditos con tasas bajas (el Fondo Capital Semilla y los créditos productivos de la Ley de Servicios Financieros), a los que suma el actual Fondo de Reactivación para Empresas Grandes, Medianas, Pequeñas y Microproductores. Menciona también que el gobierno ayudó a buscar mercados de exportación para algunas industrias. Y pare de contar.

Se olvida el ministro que durante los 14 años del MAS la libertad económica, que es la que realmente motiva la iniciativa privada, se deterioró progresivamente para pasar de un índice de 58,4 el 2006 a uno de 42,3 el 2019 (escala de 0-100 del Índice de Libertad Económica del Heritage Foundation). De hecho, para el 2019, Bolivia se ubicó entre los países con menos libertad económica del planeta ocupando el puesto 175 de 180 países. Esta caída se debió a los constantes ataques a la institucionalidad y a la propiedad privada. Por una parte, la maraña de impuestos y burocracia creció tanto que hoy es casi imposible tener una empresa legal en el país cumpliendo todas las reglas. ¡Bolivia está en el puesto 186 de 189 países en el índice de facilidad de pagar impuestos que elabora PricewaterhouseCoopers! Por otra parte, medidas como el doble aguinaldo, los cupos para exportación, los salarios mínimos y los controles de precios (además de la falta de seguridad jurídica y la infinita corrupción de la justicia) pusieron una cuerda en el cuello de los empresarios (sobre todo de los pequeños) que los llevó a cerrar o a moverse al sector informal.

A nivel macro, el superávit fiscal de 4,5% del 2006 se convirtió paulatinamente en un déficit de 8% hasta antes de la pandemia. Las RIN, por su parte, se desplomaron desde 15.000 millones de dólares en 2014 a 6.000 millones de dólares en 2019. Estas fueron las consecuencias de seguir engordando un aparato fiscal monstruoso que siguió dando de comer a una burocracia inútil y permitió gastos insulsos e “inversión” en empresas públicas que solo fueron botín de pegas y corrupción. Todo esto deteriora la actividad privada porque produce efectos “crowding-out” (desplazamiento) y porque genera incertidumbre macroeconómica.

No nos equivoquemos. El período de 14 años fue tremendamente perjudicial para el sector privado. Tanto así que incluso después de la mayor bonanza de precios internacionales en la reciente historia del país, solo hay 150 empresarios a los que se les puede cobrar el desatinado IGF. Lamentablemente, las nuevas medidas del MAS van en la misma dirección.

Antonio Saravia es PhD en economía (Twitter: @tufisaravia).