El juicio de la calle

El Decreto 5503 ha sido presentado como una respuesta técnica a una crisis económica heredada. Pero en la práctica es algo mucho más profundo: es una decisión política que reconfigura el modelo económico boliviano y, con ello, el vínculo entre el gobierno y la sociedad que lo eligió. Por eso sus consecuencias no se miden solo en precios de combustibles o en balances fiscales, sino en legitimidad, expectativas y costos políticos.

El gobierno llegó al poder con el voto de sectores populares que se sintieron defraudados por el masismo, agotados de un Estado hipertrofiado, ineficiente y opaco, pero que al mismo tiempo rechazaron a una derecha percibida como insensible y excluyente. Ese electorado apostó por una opción de centro, pragmática, capaz de ordenar la economía sin descargar el ajuste sobre los mismos de siempre. El problema es que el Decreto 5503 se parece demasiado –en sus efectos inmediatos y en su orientación estructural– a un paquete de medidas que históricamente habría firmado la derecha.

La eliminación de la subvención a los combustibles es el símbolo más visible, pero no el único. Apenas conocida la medida, la reacción social fue inmediata y reveladora: gente acudiendo masivamente a los centros de abasto, filas interminables para comprar carne. No es pánico irracional; es memoria social. La gente sabe que cuando sube el combustible, sube todo. Alimentos, transporte, servicios. Y sabe también que los salarios no suben al mismo ritmo.

En ese contexto, culpar al MAS puede ser políticamente cómodo, pero es una estrategia de corto aliento. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, lo dijo sin rodeos: “los causantes de la crisis son los gobiernos anteriores del MAS”. El argumento tiene base real: el modelo estatista, sostenido por subsidios crecientemente insostenibles, llegó a su límite. Negarlo sería irresponsable. Pero cuando la inflación empiece a sentirse en la olla diaria, cuando el precio del pan, de la carne o del transporte golpee a quienes viven al día, ese relato dejará de alcanzar. La gente no vive con balances macroeconómicos; vive con su experiencia cotidiana.

El decreto, además, no es solo un ajuste: es un giro de modelo. Marca el fin del Estado como actor económico dominante y abre, de manera explícita y deliberada, un ciclo promercado. Seguridad jurídica para la inversión privada por 15 años, retorno al arbitraje internacional, contratos blindados, “silencio administrativo” para acelerar inversiones, beneficios fiscales, perdonazos tributarios y facilidades para la repatriación de capitales. Todo ello concentrado en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y agroindustria. Al mismo tiempo, se corta el financiamiento del Banco Central a las empresas públicas y se les exige planes de supervivencia. Es un mensaje claro: el Estado se retira y el mercado entra.

No se trata de demonizar estas decisiones. Bolivia enfrenta una crisis real y profunda, y ningún gobierno responsable puede seguir financiando indefinidamente un esquema que ya no da más. Pero el problema político es otro: ¿quién paga el costo de la transición? ¿Y cómo se gestiona socialmente ese costo? Cuando desde sectores campesinos ya se lanzan reproches abiertos contra los transportistas, llamándolos a no trasladar el ajuste a la gente con el alza de pasajes, se revela algo más que simples cruces verbales: muestra una fractura social en gestación, con sectores populares enfrentándose entre sí por el impacto desigual de las medidas.

Aquí la experiencia ecuatoriana debería funcionar como advertencia. Daniel Noboa también eliminó el subsidio al diésel apelando a la herencia del pasado. No bastó. Hubo paro, movilización y represión. La protesta fue contenida por la fuerza, pero el malestar quedó ahí, acumulándose como una bomba de tiempo. La represión no resolvió nada; solo postergó el conflicto. Y Noboa perdió el referéndum al que convocó para reformar la Constitución.

Bolivia aún está a tiempo de no recorrer ese camino. Dialogar no es debilidad. Diseñar compensaciones focalizadas, incluso temporales, para los sectores más golpeados no es populismo; es inteligencia política. Reconocer que el ajuste es necesario, pero que no puede recaer sin amortiguadores sobre quienes ya viven en la cuerda floja, es la única forma de sostener gobernabilidad.

El Decreto 5503 inaugura un nuevo modelo económico. La pregunta abierta es si el gobierno será capaz de construir, al mismo tiempo, un nuevo pacto social que lo sostenga. Porque sin ese pacto, ningún giro económico –por técnicamente correcto que sea– sobrevive al juicio de la calle. Y ese juicio, tarde o temprano, siempre llega.

Sofía Cordero Ponce es politóloga y docente universitaria. X: @sofirula; Instagram: @soficorderoponce