Sin políticas coherentes que prioricen y
asignen fondos para la investigación, un país tendrá dificultades para atraer y
retener investigadores talentosos, obstaculizar el desarrollo de soluciones
innovadoras a los problemas sociales e impedir en general avance científico.
La primera vez que escuché sobre un FONDECYT fue en el caso de Chile, que implementó este fondo de apoyo a la investigación desde 1984. Sí, hasta Pinochet tuvo una visión clara de que se tenía que apoyar la investigación para el desarrollo de diferentes áreas. Funcionó dentro del Ministerio de Educación, hasta el 2020. A partir de 2021 pasó a ser un fondo administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que ejecuta otras actividades de acuerdo con las políticas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Esto es posible ya que Chile tiene la sana costumbre de elaborar políticas claras en distintas áreas para su desarrollo. Incluso para el tema de ciencia y tecnología puede consultar en una página oficial cuál es el enfoque y el plan de acción para llegar a los objetivos planteados.
Lo mismo sucede para las áreas específicas, como la agrícola, energía, biotecnología, salud, etc. Esto permite que su FONDECYT pueda seguir manteniendo por más de tres décadas. Obtiene su financiamiento de varias fuentes, incluido el presupuesto nacional, los costos indirectos de los proyectos y las contribuciones de las instituciones que patrocinan los proyectos de investigación (empresa privada). Como resultado, se han financiado más de 16.000 proyectos desde la década de los 80.
En el caso de Bolivia, se debe aplaudir que al fin se considere que debe existir recursos y un fondo para promover la investigación. En julio del 2023, el presidente Luis Arce se reunió con rectores de distintas universidades públicas para hablar sobre este tema y hoy tenemos una primera versión del FONDECyT boliviano, lanzado el pasado 4 de abril como parte del Ministerio de Planificación, que alberga al Viceministerio de Ciencia y Tecnología.
La marcada diferencia en esta primera versión es que el Estado Plurinacional de Bolivia es el que propone líneas de investigación a partir de instancias públicas y según sus requerimientos. Acá salta el primer problema. Muchos de los proyectos planteados tienen que ver con biotecnología, y vaya que en Bolivia aún no existe una política clara en cuanto a esta área y la bioseguridad.
https://www.planificacion.gob.bo/uploads/Anexo_1_Necesidades_de_investigaci%C3%B3n_y_desarrollo.pdf
Uno de los proyectos solicitados pasa por la falacia de asumir que los organismos genéticamente modificados causan daño a la flora nativa. Digo falacia, porque existen ya más de 10 estudios científicos en distintos países al respecto para descartar este riesgo. Pero acá queremos descubrir el fuego.
Fomentar investigación y producción de bioinsumos para reducir el uso de fertilizantes sintéticos debería ser la opción, pero existe otro que busca seguir aplicando estos. Generar un mapa de tipos de suelos para el país, para determinar que zonas agrícolas tienen deficiencias y qué cultivos son recomendados, ni se considera, porque es parte de una política agrícola.
Otros proyectos pasan nuevamente por el uso de biotecnología, disciplina que lleva atada de manos en Bolivia desde 1997, pero ahora se quiere considerar biocombustibles, y hasta mejoramiento genético de especies oleíferas, pero resulta que no tenemos ni un marco normativo basado en ciencia para estos aspectos.
Idealmente, estos proyectos se tuvieron que revisar y analizar con un comité científico conformado por investigadores con probada trayectoria. Pero carecemos de esta entidad. Quizás es la oportunidad para dejar de tener miedo a la ciencia y tecnología y construir verdaderas políticas, con el aporte de la academia y del sector privado, que atiendan las carencias y necesidad de pobladores en general de este país. El detalle es si existe la voluntad de coordinar a este nivel y crear realmente oportunidades para frenar la fuga de cerebros.