¡El modelo educativo que se aplazó!

Un estudio realizado por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE) revela un alarmante bajo rendimiento de los estudiantes bolivianos en matemáticas, química y lenguaje, lo que pone de manifiesto el fracaso del Modelo Socio Comunitario Productivo en la educación en Bolivia. Esta situación ya había sido señalada por la UNESCO y por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, en colaboración con CEMSE-ACLO, a través de su reciente estudio titulado “Situación de la educación en Bolivia”.

Este modelo, impulsado por el entonces ministro de Educación, Roberto Aguilar, demostró ser ineficaz para abordar las desigualdades estructurales y mejorar la calidad educativa en Bolivia. En un reciente artículo publicado en La Razón, Aguilar intentó justificar los resultados señalando que "las evaluaciones en el ámbito educativo, por sí solas, no tienen la capacidad de transformar la realidad ni de resolver los problemas de los sistemas educativos". Sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué no consolidó esta premisa durante sus doce años de gestión? ¿Por qué no articuló esas evaluaciones con políticas coherentes y transformadoras?

Los resultados evidencian que se planificó a contracorriente del fortalecimiento del derecho a la educación. En lugar de generar un sistema inclusivo y equitativo, las políticas implementadas desde 2006 quedaron atrapadas en discursos retóricos que no se tradujeron en mejoras reales. La falta de visión estratégica y el desinterés por enfrentar las problemáticas estructurales dejaron al sistema educativo boliviano sumido en una crisis que afecta directamente las oportunidades y el futuro de miles de estudiantes.

Según el estudio “Situación de la educación en Bolivia”, de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, siete de cada diez estudiantes de tercero y octavo de primaria no comprenden lo que leen. Este alarmante dato refleja una crisis educativa profunda que coloca al país por debajo de los promedios regionales en logros de aprendizaje, según las pruebas realizadas por la UNESCO en 2017.

A pesar de los millones de recursos invertidos, las aulas rurales y urbanas continúan enfrentándose a condiciones precarias. La gestión de Aguilar y sus sucesores no ha hecho lo suficiente para prevenir el abandono educativo de aproximadamente 300.000 adolescentes y jóvenes que actualmente están fuera del Sistema Educativo Plurinacional. Las computadoras de fabricación local, onerosas, y los textos educativos promovidos bajo el discurso del "Vivir Bien" han resultado ineficaces, mientras que las narrativas despatriarcalizadoras han quedado reducidas a meras consignas, usurpadas de la propuesta ideológica y política de María Galindo sobre la despatriarcalización.

Y es lógico, porque el modelo educativo impulsado por Aguilar buscaba desarrollar "una reflexión sobre la condición colonial y neocolonial de la realidad boliviana", a contracorriente del Estado extractivista, depredador de las reservas naturales y del patrimonio de las poblaciones originarias, con crecientes afianzamientos de corrupción, saqueo de recursos estatales y de cooperación internacional, o del narcotráfico. No se enfocó en formar ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI capaces de enfrentar, con mirada crítica y conocimientos integrales, los desafíos del país en un mundo globalizado e inserto en la revolución digital.

La educación debió haber cultivado un pensamiento transformador y habilidades innovadoras y creativas para avanzar hacia un desarrollo sostenible, forjando competencias que convirtieran a los estudiantes en ciudadanos capaces de participar activamente en la solución de problemas que afectan a sus comunidades y al mundo, lo que exige una formación integral.

La UNESCO ya había alertado al país en 2021 sobre las profundas desigualdades del sistema educativo boliviano. En su informe diagnóstico, basado en evaluaciones de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias, destacó que los estudiantes indígenas enfrentan desventajas significativas frente a sus pares no indígenas. Se identificaron brechas importantes entre escuelas públicas y privadas, con un bajo desempeño que aumentaba a medida que avanzaban en su proceso educativo, lo que evidenciaba ya una falla estructural del sistema.

La UNESCO enfatiza que la educación debe ser un vehículo para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Si se espera que la educación basada en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas y Humanidades (STEAM+H) forme ciudadanos capaces de enfrentar retos globales como el cambio climático y la pobreza, es necesario dotarlos de conocimientos, competencias, valores y actitudes acordes con la cuarta revolución industrial, caracterizada por la digitalización y la automatización, que abarcan inteligencia artificial, internet y big data, fundamentales para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Sin embargo, el enfoque educativo estatal no se centró efectivamente en cerrar las brechas históricas entre áreas urbanas y rurales, entre poblaciones indígenas y no indígenas, ni en afianzar la educación alternativa, inclusiva, técnica media y superior. Esta última también ha estado atravesada por vericuetos de una cultura prebendal y de dirigencias asentadas en prácticas de corrupción.

A más de diez años de la implementación de la Ley Avelino Siñani y del Sistema Educativo Plurinacional, cuyo objetivo era garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva, el sistema educativo boliviano fracasó.

El derecho a la educación fue proclamado como bandera, pero los hechos evidencian un sistema incapaz de responder a las necesidades del siglo XXI. Este fracaso no solo refleja la falta de planificación estratégica coherente, sino también una desconexión entre las políticas educativas y las realidades sociales del país. La educación debió ser el motor para transformar vidas y comunidades; sin embargo, quedó relegada a una simple herramienta discursiva sin impacto tangible.

Como enfatiza Ernesto Yáñez, de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación: "No podemos seguir hipotecando el futuro de la generación más joven; es crucial reconocer esta crisis y actuar para remediarla". La educación debería ser priorizada como un derecho fundamental para superar el trágico subdesarrollo estructural que afecta a Bolivia.

Patricia Flores es magíster en Ciencias Sociales y feminista queer.