El notable sociólogo francés Émile Durkheim, en su obra El Suicidio, desarrolló el concepto de “anomia”; el mismo describe una condición de desintegración o disfunción social, donde las normas y los valores de la sociedad se debilitan o se vuelven confusos. Casi un siglo después, Peter Waldmann, destacado sociólogo alemán, adoptando y adaptando aquel concepto, tuvo la brillante idea de acuñar el término “Estado anómico” para referirse al verdadero desorden total, donde no hay ni rastro de normas o valores compartidos que regulen la vida política y donde las instituciones están en plena crisis de legitimidad. Este escenario tan encantador es el resultado de un perfecto cóctel de instituciones debilitadas.
Según Waldmann, los rasgos que distinguen al Estado “anómico” son la debilidad institucional, la falta de aplicación uniforme de la ley, la fragmentación política y social, la presencia de sistemas informales, la desconfianza en las instituciones estatales, la inestabilidad y cambio constante, y, la falta de liderazgo institucional. En esta columna se hará referencia a las tres primeras características que reflejan la situación “anómica” del Estado Plurinacional de Bolivia.
En Bolivia, este es el espectáculo continuo de cómo las instituciones se desmoronan sin esfuerzo. Las instituciones son frágiles y carecen de capacidad para implementar y hacer cumplir las leyes de manera efectiva. Esta debilidad se manifiesta en una falta de recursos, corrupción y una incapacidad administrativa.
En relación a la escasez de recursos, en su reciente mensaje del 8 de septiembre, Luis Arce admitió que el mejor momento de la economía llegó en 2014 y que desde entonces, todo fue cayendo hasta llegar al momento presente en el que se esfumaron las reservas internacionales, no hay dólares en la economía y está subiendo el costo de vida. La única salida de corto plazo es contraer nuevos créditos, deuda que no tiene la luz verde de la Asamblea Legislativa Plurinacional. (El Deber, 9 septiembre 2024).
Respecto de los actos de corrupción en el Estado Plurinacional, cabe mencionar que en tres años y medio de gestión de Arce Catacora, varios ministros y viceministros fueron denunciados por corrupción. Uno de los primeros escándalos estalló en abril de 2021, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, fue encontrado “in fraganti” cuando recibía 20.000 dólares como parte de soborno que ascendía a 380.000 dólares para dar vía libre al saneamiento, titulación y entrega de tierras en Santa Cruz. Otro ejemplo, denunciado el 2023, es el escándalo en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por presuntas coimas y negociados por al menos 2,7 millones de dólares por siete adjudicaciones que involucraban directamente al ministro de la cartera Juan Santos Cruz (ANF 8 mayo 2023). Así, sucesivamente.
Finalmente, en relación a la implementación de políticas y planes de desarrollo, estas fueron limitadas; la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la insuficiencia de recursos han dificultado la ejecución de programas destinados a mejorar la educación, la salud y la infraestructura.
Falta de aplicación uniforme de la ley. Existe una aplicación inconsistente y desigual de las leyes. La justicia no es equitativa, y las normas legales son frecuentemente ignoradas o aplicadas de manera selectiva. La falta de aplicación uniforme de la ley en el Estado Plurinacional de Bolivia es un problema significativo que afecta la equidad y la justicia en el país.
En Bolivia ha habido casos en los que altos funcionarios o figuras políticas han sido acusados de corrupción, pero el proceso judicial en su contra ha sido lento o ineficaz, mientras que ciudadanos comunes enfrentan sanciones más severas por delitos menores. Esta discrepancia genera la percepción de que la justicia se aplica de manera selectiva según el estatus social o político de los implicados. Según una encuesta aplicada en las 10 principales ciudades de Bolivia y difundida por UNITAS, el 85% de la población considera que la Justicia es poco confiable o nada confiable. (ERBOL, 22 septiembre 2023). Este dato revela la percepción negativa que tiene la población respecto de la justicia.
Fragmentación política y social. Bolivia, como un rompecabezas de piezas desordenadas, no logra consolidar un marco legal y administrativo coherente. La sociedad está fragmentada en términos políticos, económicos y sociales. Las divisiones regionales y las luchas internas entre diferentes grupos sociales y políticos dificultan la consolidación de un marco legal y administrativo cohesivo.
La polarización política en Bolivia se ha caracterizado, por un lado, por una fuerte tensión entre el ala “evista” y el ala “arcista” del Movimiento al Socialismo (MAS), y, por otro lado, la tensión entre el gobierno y los otros partidos de oposición en relación a diversos temas políticos, económicos y sociales. Los enfrentamientos entre el gobierno y las dos oposiciones han llevado a una atmósfera política fragmentada y a la dificultad de alcanzar consensos. Las disputas entre diferentes facciones políticas han dificultado la gobernabilidad y la implementación de políticas coherentes.
Además, durante el gobierno de Arce, hubo diversas protestas y movilizaciones sociales, a menudo impulsadas por demandas económicas, políticas, laborales y de derechos. Estas movilizaciones han resaltado las tensiones entre distintos grupos sociales y han puesto de manifiesto las divisiones sobre la dirección política y económica del país. Estos factores contribuyeron a un clima de fragmentación política y social que ha afectado la estabilidad y cohesión del país.
Así, el “Estado anómico” de Peter Waldmann nunca había tenido una representación tan pintoresca: una amalgama de debilidad institucional, aplicación desigual de la ley y fragmentación social. Las otras cuatro características de este Estado serán la cereza en el pastel en la próxima entrega. ¡No se lo pierdan!
Eduardo Leaño es
sociólogo.