La madrugada del 14 de diciembre de 2023 la
fiscal general, Diana Salazar, presentó al país el caso Metástasis con un
operativo que dio inicio a la más grande investigación que devela las
estructuras del crimen organizado y sus vínculos con la justicia, la economía y
la política. Lo que marca el momento actual es la violenta reacción de quienes
se sienten amenazados, por primera vez, por un Estado que se había convertido
en su guarida.
El Ecuador libra una batalla en dos frentes: el político y el de las calles. En el primero, el escenario está profundamente polarizado, lo que se evidencia en una Asamblea Nacional en la que la bancada mayoritaria de la Revolución Ciudadana tiene como principal objetivo enjuiciar a la fiscal para sacarla del escenario. En otro extremo están las bancadas minoritarias que con el liderazgo de Construye, que defiende las acciones de la fiscal. Sin embargo, todos parecen coincidir, aunque por diferentes razones, en el rechazo a la propuesta del gobierno de subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 al 15%. En una especie de limbo político está la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional, que durante los primeros días de gobierno formó una coalición mayoritaria junto a la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano que le sirvió para aprobar su primera ley de urgencia económica. El secretario de comunicación del gobierno, Roberto Izurieta, en una entrevista radial reconoció que “En este momento el mayor reto es cómo vamos a financiar esta batalla” y que “esa lucha se está dando más en la asamblea que en las calles”.
En el otro frente de batalla, la gente recibe con entusiasmo y esperanza a militares que ingresan con sus armas, tanques y camiones a los barrios más pobres, violentos y abandonados del país. A partir de la declaratoria de conflicto armado interno, el Ecuador se encuentra en un escenario inédito para el que no estaba preparado. Las políticas implementadas durante los gobiernos de la Revolución Ciudadana (2007-2017) provocaron el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de las formas de control terrestre y marítimo para la lucha contra el narcotráfico, así como de los sistemas de inteligencia. A todo lo anterior se sumó un modelo carcelario en el que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), fue penetrado por el crimen organizado.
Como resultado, la crisis carcelaria deja hasta la fecha más de 400 muertos en masacres provocadas por las bandas que controlan los diferentes pabellones. Durante los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso los intentos por controlar la violencia no tuvieron éxito, y la medida de estado de excepción, a la cual recurrieron demasiadas veces, perdió valor y efectividad. El nuevo gobierno ha logrado superar esa medida desgastada y ha dado un golpe mediático y estratégico. En palabras de Izurieta, “Estamos tomando las acciones necesarias para que en esta lucha nosotros estemos en la ofensiva y ellos en la defensiva”. El lunes 15 de enero, tras siete días de la declaratoria de conflicto armado, el número de detenidos llegó a 1.534. Para el momento de publicación de esta nota, la cifra habrá aumentado como resultado de las operaciones militares y policiales que tienen como objetivo neutralizar a las 22 bandas del crimen organizado ahora consideradas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Entre la batalla política y la guerra en las calles, el caso Metástasis brinda un horizonte para que todo esto tenga sentido. Se trata no sólo de pelear contra el crimen organizado, sino de recuperar nuestra democracia. A través de Metástasis, se nos develan aquellos vínculos que el narco-Estado mantiene ocultos, porque como afirma Juan Carlos Calderón en su novela Noticias de un nuevo reino, en el mundo del crimen, debemos creer sólo la mitad de lo que vemos, y la otra mitad es un mundo por descubrir: “tras todo ese cuento de carteles, narco bandas y peones de ajedrez, estaban los que movían los hilos del dinero, los que se ocultaban sabiamente detrás del poder formal y las relaciones públicas”.