Despenalizar la marihuana: una perspectiva informada

El caso de una madre e hija uruguayas que fueron detenidas por más de 90 días por posesión de 7 gramos de marihuana o la detención de un joven que producía gomitas, han desatado el debate sobre los alcances de la penalización de esta sustancia en el país.

En los últimos años, el debate sobre la despenalización de la marihuana ha cobrado una relevancia significativa a nivel mundial. Las discusiones no solo abarcan las posibles ventajas económicas y sociales, sino también los aspectos de salud pública y justicia social.

La marihuana, una sustancia estigmatizada y demonizada durante décadas, está siendo reconsiderada en el contexto de una sociedad que busca enfoques más racionales y humanitarios hacia las drogas. Sin embargo, no podemos ignorar las preocupaciones legítimas sobre su impacto en la salud mental, específicamente su asociación con la psicosis, especialmente en personas con predisposición genética o que comienzan a consumir a una edad temprana.

La situación de la marihuana en Bolivia es un reflejo de los desafíos y debates que enfrentan muchos países en la actualidad. Si bien el marco legal vigente prohíbe su producción, distribución y consumo, hay un creciente movimiento que aboga por una reconsideración de estas políticas, especialmente en el contexto de usos medicinales y terapéuticos.

Algunos sectores de la sociedad civil y legisladores han comenzado a plantear la posibilidad de revisar la Ley 1008 para considerar la despenalización del consumo de marihuana y el uso medicinal de la misma. Argumentan que una reforma podría reducir la carga sobre el sistema judicial y carcelario, además de abrir oportunidades para la investigación y desarrollo de medicamentos basados en cannabis.

Miles de personas son arrestadas cada año por delitos menores relacionados con la marihuana, lo que resulta en la congestión de los tribunales y las prisiones. Estos recursos podrían ser mejor empleados en la lucha contra delitos más graves y en la rehabilitación de las y los usuarios de drogas.

Además, la despenalización permite un enfoque centrado en la salud pública. En lugar de castigar a las y los consumidores, se puede priorizar el tratamiento y la educación. Esto es particularmente importante para los jóvenes, quienes son más vulnerables a los efectos negativos del consumo de drogas. La marihuana medicinal, reconocida por sus beneficios terapéuticos, se vuelve más accesible, ofreciendo alivio a pacientes con condiciones crónicas sin el miedo a repercusiones legales.

La despenalización también puede disminuir la violencia asociada con el tráfico ilegal de marihuana. Un mercado regulado debilita a las organizaciones criminales que controlan el comercio ilícito, reduciendo así la violencia y el crimen organizado. Además, la regulación de la marihuana permite un control de calidad que protege a consumidores de productos adulterados.

Económicamente, la marihuana legalizada puede ser una fuente significativa de ingresos a través de impuestos y la creación de empleos. Estados como Colorado y California en Estados Unidos han demostrado cómo un mercado regulado de marihuana puede generar millones en ingresos fiscales, los cuales pueden ser reinvertidos en servicios públicos vitales como la educación y la salud.

En cuanto a la justicia social y los derechos Individuales, las leyes de drogas a menudo se aplican de manera desproporcionada a minorías y comunidades de bajos ingresos, perpetuando la desigualdad social. Despenalizar la marihuana puede ayudar a reducir estas disparidades, además de permitir la expurgación de antecedentes penales por delitos menores, reparando parcialmente el daño causado por la criminalización.

Desde la perspectiva de los derechos individuales, los adultos deberían tener la libertad de decidir sobre su propio consumo, siempre y cuando no perjudique a terceros. La despenalización reduce el estigma asociado con su uso, fomentando un debate más abierto y honesto sobre sus riesgos y beneficios.

De todas maneras, cualquier política de despenalización debe ir acompañada de programas de educación y prevención dirigidos a los jóvenes y a aquellas personas con factores de riesgo conocidos.