¿Cuál es la parte que aún no entienden los opositores?

Bolivia atraviesa como Estado una de las crisis más profundas de su historia en los ámbitos económico, social, institucional y democrático, escenario en el cual no se vislumbra a corto y mediano plazos alternativas de solución para un país que, cada vez más, viene experimentando agudos procesos de involución en todos los campos. Una inflación que ya supera los dos dígitos y una moneda nacional que va perdiendo su poder adquisitivo frente al dólar norteamericano, marcando una diferencia ostensible frente al precio oficial, sobre los 15 bolivianos, con una proyección de mayores incrementos, son dos de los problemas principales.

Este desastre económico, que incrementará los índices de pobreza en el país, pudo haberse evitado si los que nos gobernaron desde enero de 2006 hubiesen administrado correcta y honradamente los multimillonarios ingresos económicos que percibimos por el alza exponencial de los precios de los hidrocarburos, los minerales en el mercado internacional, incluida una tercera lotería relacionada a la condonación de la deuda externa. Cabe aclarar que los que promovieron tan importantes ingresos para el Estado boliviano, no fueron los que dilapidaron los mismos.

Pero el problema en el país no se focaliza exclusivamente en el plano económico, los susodichos gobernantes que hasta hoy ostentan el poder, no solo provocaron semejante desastre económico, sino que también destruyeron la poca institucionalidad democrática que se había construido desde octubre de 1982 hasta enero de 2006. Bajo el falaz argumento de que “para garantizar el proceso de cambio había que controlar toda la estructura del Estado”, procedieron desde el gobierno a copar con su militancia y demás adláteres de manera absoluta el conjunto de instituciones estatales, entre ellas la magistratura judicial, el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, quedando eliminada de manera fáctica la previsión constitucional que establece la independencia y equilibrio de poderes.

Este acaparamiento del poder terminó de liquidar los espacios democráticos que años antes había costado sangre reivindicarlos al pueblo boliviano, motivo por el que en la actualidad se puede afirmar con absoluta objetividad que se vive bajo una dictadura, la misma que si bien no está controlada por las botas, se fortalece a través de la distorsión de los votos, es decir mediante el fraude institucionalizado con tecnología de punta, en cuyo escenario el pueblo vota, pero no elige a los gobernantes. Eso se digita desde el Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo.

Frente a la dimensión del problema, la sociedad civil organizada tuvo el valor y la convicción patrióticas necesarias para combatir estos males, emprendiendo una lucha tenaz que tuvo sus momentos emblemáticos en febrero de 2016 al lograr que el pueblo le diga “no” a las pretensiones dictatoriales de Evo Morales, y entre octubre y noviembre de 2019, al desenmascarar el fraude electoral perpetrado por el mismo protagonista. Es decir, la ciudadanía supo responder ante los desafíos que la coyuntura le imponía. La pregunta es, ¿por qué la sociedad política y específicamente los líderes opositores no actúan con similar convicción que los ciudadanos?

Cabe otra pregunta hacia ellos, ¿cuál es la parte que no entienden? En sus discursos, hacen gala de su amplio conocimiento de la realidad nacional y sin embargo no muestran sentido común para comprender que los que saquearon el país y cohonestan con el narcotráfico no están dispuestos a dejar el poder y la única manera de derrotarlos es a través de la consolidación de un frente amplio que evite la dispersión del voto democrático, capaz de controlar el proceso electoral y evite el fraude gigantesco que se viene digitando con la complicidad del organismo electoral.

¿Qué parte no entienden los opositores empeñados cada uno en llegar al poder pensando inocentemente que separados se le puede ganar al MAS? ¿Creen acaso que el voto duro de los clientes electorales masitas (cocaleros del Chapare, cooperativistas mineros, transportistas, entre otros grupos privilegiados liberados de pagar impuestos) se desviará a favor de uno de los supuestos salvadores?

En 18 años el MAS construyó un Estado corporativo sobre la base de la prebenda, donde la política sin principios ni referentes éticos es la regla, donde la justicia está absolutamente prostituida y genera una completa indefensión ciudadana y el requisito para la designación de magistrados jueces y fiscales es ser sobornable desde el gobierno, con inocentes encarcelados y delincuentes libres.

Todo esto que es sinónimo de destrucción de la institucionalidad democrática no será resuelto a través de la egolatría de algunos líderes opositores obsesionados en mostrarse como liberadores de la patria. Sólo mediante la unidad y una candidatura única tendremos la posibilidad de reconstruir el país. ¿Cuál es la parte que no entienden? 

Waldo Albarracín es abogado, fue presidente de la APDHB, Defensor del Pueblo y rector de la UMSA.