Ciudadanos observadores para 2025

La CIDH reconoce a los observadores electorales como defensores de los derechos humanos. Por lo que, más que una simple vigilancia, la observación electoral ciudadana que la Alianza OCD Bolivia desplegará a nivel nacional, en estas elecciones judiciales, se constituirá en el “ensayo” de un ejercicio colectivo que deberá defender los principios democráticos y los derechos civiles y políticos de los electores en los comicios generales del próximo año, cuando estemos frente a un proceso electoral que probablemente definirá el rumbo de Bolivia en lo político, económico, social y ambiental. No es poca cosa.

La observación electoral busca promover la libertad, la independencia, la transparencia y mejorar la calidad de las elecciones. Sin embargo, esta tarea no está aún reconocida en su verdadero valor ni por el propio organismo electoral ni por la ciudadanía, y enfrenta desafíos particulares debido al contexto de crisis de institucionalidad democrática y alta polarización política. Y esto es fácil de percibir porque actualmente logra convocar a jóvenes que actúan como voluntarios, pero no al ciudadano común, que ahora debe convertirse -desde su papel de elector o jurado electoral- en el principal defensor de la transparencia de los procesos electorales.

¿Por qué no participan los ciudadanos en estas actividades de control social? Probablemente porque existe un alto nivel de desconfianza hacia un organismo electoral cuestionado por su dependencia a otros Órganos del Estado, que genera escepticismo sobre su transparencia.

La polarización y los conflictos sociales juegan también en contra de la observación ciudadana porque podrían cuestionar su neutralidad, exponiendo a los voluntarios a ataques de ambas partes del espectro político. Las restricciones geográficas también son importantes. Bolivia tiene regiones de difícil acceso, como áreas rurales y comunidades indígenas donde no es fácil conseguir observadores, alejando la posibilidad de registrar irregularidades; esto tiene que ver con los recursos económicos y logísticos limitados para desplegar observadores en todo el país, especialmente en áreas remotas.

Pero tal vez y, sobre todo, porque las recomendaciones y aportes de la ciudadanía aún no encuentran eco en las autoridades electorales; su poca predisposición a dar valor a las recomendaciones de la observación ciudadana es notoria.

¿Cómo se puede fortalecer esta importante tarea y lograr que la Sala Plena del TSE considere los aportes de las misiones nacionales de observación electoral?

En primer lugar, el organismo electoral debería tratar de garantizar que la observación electoral ciudadana sea un componente integral del proceso electoral, permitiendo que sus reportes y recomendaciones se consideren durante todo el proceso electoral, especialmente en la jornada y en reuniones post electorales donde se pueda discutir el desempeño del proceso. Además, y como una tarea de rendición de cuentas que ayude a mejorar su imagen ante la ciudadanía, podría habilitar una plataforma para informar sobre el progreso en la implementación de las recomendaciones hasta que puedan convertirse en reformas electorales en los casos que amerite; este mecanismo de seguimiento debe poder ser consultado de manera permanente por la ciudadanía.   

Durante la etapa de acreditación se podrían establecer canales de comunicación más efectivos entre la organización ciudadana y el organismo electoral para garantizar la participación efectiva de ciudadanos que tengan interés de aportar, sin la necesidad de una personería jurídica, lo que limita la participación de organizaciones sociales, grupos que accidentalmente se reúnen para este propósito o de organizaciones juveniles que tienen mucho ímpetu para contribuir a la democracia.

Pero aún si se dieran estas condiciones, la cantidad de observadores ciudadanos es a todas luces insuficiente. Se debe pensar entonces, en estrategias que logren, en un esfuerzo conjunto, llegar al mayor número de mesas en las elecciones generales de 2025 para estar presentes en el momento del escrutinio y cómputo, tomar una foto del Acta y defender la legalidad de cada voto. La coyuntura y la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática en Bolivia, valen el esfuerzo de miles de observadores y de ciudadanos que cumplirán la labor de jurados electorales en cerca de 34 mil mesas para constatar que el derecho al voto secreto de cada persona se ejerza de manera libre y sin presiones, y que el organismo electoral actúe con transparencia e independencia respetando la voluntad del electorado.

Sandra Verdúguez es comunicadora social.