Carencia de institucionalidad

Perdimos la Guerra del Pacífico porque Bolivia tenía un Estado débil que no poseía presencia en todo su territorio, con instituciones famélicas; en cambio Chile había desarrollado un Estado sólido con instituciones más eficientes que las que existían en Bolivia.

Buena parte de los estudiosos sobre la realidad boliviana afirman que en Bolivia nunca existió un Estado que posea instituciones desarrolladas y creíbles; casi al unísono lanzan la hipótesis que expresa que históricamente Bolivia tuvo más sociedad civil que Estado, por eso la institución más fuerte es la de la política en las calles.

Aquí, en consonancia con el neoinstitucionalismo, comprendemos a las instituciones como hábitos o costumbres a seguir, éstas pueden estar enmarcadas en leyes o solamente existir como conductas y costumbres sociales. Justamente por eso decimos que la política en las calles es la institución estelar del país, posee más fuerza e influencia que los poderes Judicial y Legislativo. Las masas en las calles saben cómo lanzar sus demandas y arrancarle al Estado sus reivindicaciones; es en las calles, más que en las urnas, donde se han volteado gobiernos.

En Bolivia la ciudadanía es débil, la tarea de edificar al ciudadano es incompleta, por eso es natural que la masa, protestando, marchando en las calles, bloqueando, crucificándose, o haciendo las huelgas de hambre “hasta las últimas consecuencias”, consiga sus reivindicaciones. Pero la masa que protesta es consciente de sus derechos y casi nunca de sus obligaciones. Las masas, en sus movilizaciones, tuvieron contenidos democráticos cuando marchaban contra las dictaduras militares, pero muchas veces se han movilizado con códigos conservadores, las masas que acompañaron al colgamiento de Villarroel estaban más cerca de las propuestas conservadoras de las oligarquías que de ideas avanzadas de democracia. Así sucede también con las masas cooptadas por el MAS que se mueven con códigos conservadores, arcaicos y autoritarios.

La Revolución de 1952 no condujo a la construcción de un sistema de partidos, no edificó los check and balances necesarios para cualquier democracia; aunque en 1956 hubo elecciones con voto universal por primera vez, éstas fueron más un escrutinio que elecciones; aunque ellas ya estaban ganadas con antelación por el MNR, paradójicamente éste hizo de todos modos fraude abierto, pues no había institucionalidad democrática, no existía la autoridad electoral como institución independiente.

Inclusive, durante la primera fase de la democracia pactada, la institución electoral era débil y totalmente dependiente del Ejecutivo, por eso se tuvo que dejar atrás a la Banda de los Cuatro y formar una Corte  Nacional Electoral de notables, éstos le dieron autonomía a la autoridad electoral y  comenzaron la edificación independiente de esa Institución; empero, durante el proceso de cambio,  la institucionalidad del poder electoral se erosionó de tal manera que con los MAS de Morales y Arce, ese poder es otra vez un apéndice del Ejecutivo.

El Parlamento y el Poder Judicial aceptan con obsecuencia las decisiones del Ejecutivo, lo que quiere decir que no han llegado a ser instituciones autónomas que cumplan sus competencias a favor de la ciudadanía. Formalmente el Poder Judicial se elige por medio del voto ciudadano, en realidad lo hizo el Legislativo –de mayoría masista– sin hacer caso a la meritocracia sino solo siguiendo su interés partidario. Ello significa que ese poder está desinstitucionalizado, más aún cuando sabemos que sus fallos son hechos “a la carta”, según sea la conveniencia del del Ejecutivo.

Hace años los miembros del Tribunal Constitucional  aceptaron la repostulación de Morales, al hacerlo demostraron que el Poder Judicial estaba bajo su control; ahora al castigar a Morales, impidiendo su candidatura, lo que hacen es demostrar que sus decisiones emanan, otra vez, del Ejecutivo; esa es la vergüenza de un Poder Judicial que durante los gobiernos del MAS ha sido y es servil al Gobierno.

Cuando el poder del caudillo es absoluto, sea el caso de Morales o de Arce, sus obsecuentes –el poder judicial– entienden que la palabra del caudillo es definitiva, por ello toman las decisiones para mantenerlo en el poder.