Aprobar con 51 puntos

El sistema educativo boliviano enfrenta desafíos estructurales que impactan directamente en la calidad de la formación de sus estudiantes y, por ende, en el futuro del país.

Uno de los indicadores más llamativos y preocupantes es la baja nota mínima de aprobación que permea desde la educación básica hasta la universidad pública: apenas un 51. Este umbral, que en el fondo representa un mínimo muy bajo, no solo refleja un estándar académico reducido, sino que también envía un mensaje preocupante sobre las expectativas que tenemos como sociedad respecto al aprendizaje y al esfuerzo de nuestros jóvenes.

Cuando se compara esta baja nota de corte con otros países de la región latinoamericana, la diferencia es aún más llamativa. En naciones como Chile, Argentina o Colombia, las notas mínimas de aprobación suelen estar en torno al 60 o 70, mucho más exigentes y alineadas con estándares internacionales que buscan asegurar que los estudiantes realmente consoliden conocimientos y habilidades antes de avanzar.

Exigir tan poco no solo es un prejuicio contra los estudiantes sino contra toda la sociedad, pues de forma tácita se acepta la mediocridad y se menoscaba el potencial de desarrollo nacional. Adoptar bajas exigencias académicas fomenta un círculo vicioso en el que el conocimiento superficial se convierte en la norma.

El problema no termina en la educación secundaria. En las universidades públicas bolivianas la nota de aprobación también se mantiene muy baja, y esta permisividad se extiende incluso a los niveles de postgrado. Allí, la exigencia formal puede ser ligeramente mayor, pero sigue siendo insuficiente para formar profesionales plenamente capacitados para enfrentar retos complejos.

En contraste, en muchas universidades privadas la nota mínima para aprobar cursos de postgrado es de 70 —un estándar más elevado—, que sin embargo no siempre se traduce en mejor calidad, dada la proliferación preocupante de diplomados como moda académica.

La masificación de los diplomados representa otra amenaza para la seriedad de la formación profesional en Bolivia. Muchos profesionales que acceden a estos cursos carecen de habilidades básicas para enfrentar el nivel esperado en postgrados: la redacción clara, la capacidad de síntesis y análisis, y el compromiso académico. Esto reduce la pertinencia y el impacto de dichos programas, que en demasiados casos terminan siendo un negocio más que una oportunidad genuina de profundización y especialización.

A nivel de postgrados, lejos de ser un espacio selectivo para potenciar talentos avanzados, el sistema se convierte en un ofrecimiento masivo y diluido que rara vez eleva efectivamente la calidad profesional del país.

Peor aún, la educación en Bolivia se observa con creciente preocupación como un negocio rentable, especialmente en el ámbito de la formación superior y los postgrados, donde la oferta se multiplica sin control ni evaluación rigurosa.

Esta dinámica mercantil puede ser contraproducente para un país que necesita fortalecer sus recursos humanos críticos para el desarrollo socioeconómico y político. Por otro lado, a nivel básico la situación provoca una burla a la educación, con niveles mediocres de graduación que nos alejan del aprendizaje real y sólido que exigen los tiempos actuales.

Exigir más no significa castigar sino desafiar, apoyar y preparar a las nuevas generaciones para que sean agentes de cambio con conocimiento, habilidades y compromiso. Superar la mediocridad implica que, desde el colegio hasta la universidad, e incluso en los postgrados, el estándar académico sea digno y riguroso. Solo así Bolivia podrá comenzar a construir una sociedad más robusta, equitativa y preparada para el futuro.

La educación es el pilar del desarrollo y debe dejar de ser una formalidad complaciente para convertirse en una auténtica oportunidad de transformación social.

Cecilia González Paredes es Ms.C., biotecnóloga y comunicadora científica.