Ahora sí, ¡guerra al COVID!

Hace tres semanas, en mi artículo “Ajustar salarios”, propuse reducir sueldos en la administración pública para ayudar a financiar los bonos más importantes. En días recientes, el candidato del MAS Luis Arce, y algunos asambleístas de ese partido, se han pronunciado proponiendo bajar los sueldos en un 50% a los funcionarios públicos o limitarlos a 10.000 bolivianos al mes. Desde el Ejecutivo, adelantándose a la lenta Asamblea Legislativa, la Presidenta y sus ministros anunciaron que donarán el 50% de sus salarios con ese fin, mientras dure la pandemia.

Como un aporte que facilite a la Asamblea poner en práctica sus prédicas, he estimado la magnitud del posible ahorro que lograría si se adoptara la propuesta de limitar los sueldos de los legisladores a 10.000 bolivianos. En base a las curvas salariales publicadas para el Senado y Diputados en el presupuesto 2020 (no incluye aguinaldo, otras bonificaciones ni prestaciones sociales), apliqué una relación matemática que me permitió ajustar los sueldos de una curva salarial de entre 4.000 y 10.000 bolivianos.

Si esta medida se lleva adelante durante seis meses (de abril a septiembre, cuando se lograría algo de “normalidad”), el ahorro calculado en la Asamblea sería el 20% de la partida de sueldos de 106 millones (unos 21 millones de ahorro).

Pero también habría para recortar, proporcionalmente, los 41 millones de bolivianos que se van en aguinaldos, previsión social y otros beneficios, además de los salarios de la gran cantidad de “eventuales”, que sumados son 57 millones de bolivianos.

Eliminando el 75% de eventuales, a los diputados “supranacionales” (no cumplen ninguna función) y a los suplentes de diputados y senadores hasta la elección de los nuevos parlamentarios, el ahorro podría llegar a 70 millones de bolivianos, es decir el 35% de toda la partida de servicios personales.

Debemos notar que, a pesar de tener 175 asambleístas suplentes y una gran cantidad de eventuales, los 204 millones de su presupuesto anual en “servicios personales” del Legislativo son apenas el 0,42% del presupuesto total en servicios personales de la administración pública (49.000 millones). En consecuencia, si los ajustes promedio en las curvas salariales (con tope de 12.000 bolivianos para respetar la decisión de la Presidenta y sus ministros) fueran del 20%, el ahorro en seis meses sería de unos 10 mil millones de bolivianos (1.500 millones de dólares, es decir un 50% más que los préstamos que el gobierno negocia actualmente con el BID, CAF y FMI).

Al respecto, en otro comentario hace pocos días, destaqué que, independientemente de que existan fuentes internacionales para obtener recursos, endeudarnos para superar la crisis es “patear la lata hacia adelante”, pasando la factura de nuestras imprevisiones a nuestro hijos y nietos. Esta ha sido una práctica habitual que debemos proscribir porque, además de ocultar las (ir)responsabilidades –muy especialmente de los cercanos al poder político–, concentra el grueso de los sacrificios en los más vulnerables.

Los bonos con endeudamiento tienen el estigma de posicionar en las personas la idea de “el derecho sin el deber” y la “virtud” de ocultar inequidades e iniquidades. La carga del endeudamiento previsto caería sobre los que trabajan, formal o informalmente, generando ingresos en la economía: ellos terminarían pagando los bonos de 500 bolivianos a las personas de la tercera edad o a una joven madre soltera, pero también 22.000 bolivianos a un parlamentario que trabajó cuatro días al mes, más de 30.000 bolivianos a un dirigente de la COB que, según se denunció, los percibe estando “en comisión” y 50.000 o más a ciertos ejecutivos en YPFB; los bancos tendrán utilidades prestando dinero público para que la economía real se endeude para pagar los sueldos a sus trabajadores; y no faltarán empresarios (de “micros a megas”) que subirán precios, y bajarán sueldos, para pescar en río revuelto.

Eso no es ni correcto ni racional. El COVID-19, por su magnitud y consecuencias, debe ser enfrentado con las medidas que impone una sociedad en emergencia: responsabilidades compartidas con mayor peso en quienes más tienen en recursos o en capacidades; uso óptimo de lo que tenemos; y búsqueda de fuentes externas sólo si hay claridad sobre cómo afectamos a las generaciones futuras.

En particular, además de gobernar con el ejemplo, implica reconocer que es un error el creer que podemos superar la crisis “sin despeinarnos”. Para ello, el gobierno de transición debe decretar la racionalización salarial por la emergencia, en toda la administración pública, sin excepciones, con la arenga de la célebre frase de Winston Churchill: “nada puedo ofrecerles que no sea sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”.

Con ella, Churchill formó el gobierno de unidad con el que el Reino Unido logró primero frenar la invasión a su territorio y, al final, la victoria.

Enrique Velazco Reckling, director de Inaset, es especialista en temas de desarrollo.