Cómo enfrentar la transición y la reconstrucción

En mis dos artículos anteriores he reflexionado sobre por qué Bolivia, pese a haber intentado con diferentes modelos económicos y políticos, no ha logrado encarrilarse en las vías del desarrollo. En mi primer artículo planteé que en los últimos 70 años hemos caído de estar cerca al promedio latinoamericano, a ser uno los cuatro países más pobres de la región. En el segundo mencioné la necesidad de generar acuerdos nacionales para enfrentar tanto la crisis sanitaria producida por la expansión en el país del coronavirus como la post-pandemia, que tendrá graves consecuencias económicas y sociales. Ahora quiero proponer cómo podría enfrentarse la transición política y la reconstrucción del país. Si algo bueno podría tener la pandemia es que ayude a cambiar los paradigmas de desarrollo.

Las múltiples manifestaciones de la crisis afectan de maneras diversas a los sectores. Y si bien todos esperan atención y respuestas a sus problemas puntuales, debería ser más que evidente, para todos, que es imposible pasar la crisis del COVID-19 sin que haya miles de perjudicados. Pero así como la sociedad debe estar preparada para asimilar impactos, el Estado también debe tener criterios básicos que orienten la toma de decisiones para la asignación de recursos escasos o limitados.

Hay muchas propuestas razonables para mitigar la crisis, pero las hemos aplicado casi todas en el pasado sin que hubieran marcado un nítido cambio de rumbo en desarrollo. Por ejemplo, si bien ampliar el acceso de las empresas al financiamiento puede ser necesario, hacerlo sin medidas de protección al mercado interno sólo acentuará el declive del aparato productivo nacional; y la “flexibilización laboral”, entendida como la reducción de costos laborales o la libre contratación, acentúa las desigualdades en la distribución del ingreso. En general, aplicar ideas keynesianas para promover la demanda cuando más del 60% del consumo es importado, ayuda más al resto de los países que a nosotros.

Mirando al bosque y no las ramas, debemos partir reconociendo que todas las acciones –necesarias y posibles– destinadas a promover el desarrollo a largo plazo en los ámbitos prioritarios parten por lograr que la economía empiece a generar los recursos necesarios de manera autónoma y sostenible. El cimiento sobre el que se construye tal economía es el mencionado contexto de mutua confianza y de corresponsabilidad entre empleados y empleadores, empresas y Estado y entre Estado y ciudadanía. Para ello son necesarios objetivos compartidos de desarrollo entre los que la diversificación productiva, la equitativa distribución del ingreso y la responsabilidad ecoambiental son rasgos determinantes.

Lograrlo implica promover el cambio acelerado del paradigma extractivo-rentista. Dadas las características vigentes, propiciar el cambio demandará el desarrollo de una agenda de corto plazo con acciones posibles en el actual contexto económico e institucional para mitigar los impactos de la crisis en el empleo y los ingresos. También se deben acordar lineamientos para institucionalizar mecanismos de diálogo social que permitan identificar objetivos y metas consensuadas de desarrollo a mediano y largo plazo.

Estas tareas exceden con mucho lo que puede hacer una gestión de gobierno, por lo que deben ser parte de unas políticas de Estado a ser implantadas a partir del gobierno que resulte de las próximas elecciones.

Para iniciar la salida del extractivismo, la meta mínima para 2025 sería haber establecido las condiciones institucionales necesarias para iniciar el tercer siglo de la República con una clara visión social compartida sobre el desarrollo sostenible. Para ello, el gobierno 2020-2025 tendría tareas inescapables que cumplir. De inicio, cimentar una institucionalidad “pro-producción y empleo” que sea confiable; cerrar toda posibilidad de violaciones a la separación de poderes; sentar las bases e iniciar la reformar del sistema de justicia y del sistema electoral (transparencia total y conformación de poderes electos guiados por la función, no por la política); y establecer los marcos de eficiencia, de productividad y de transparencia que rijan en la administración pública.

La credibilidad de la nueva institucionalidad es la condición necesaria tanto para eliminar costos de transacción (causa de la baja competitividad), como para devolver funcionalidad a los semáforos de calles y avenidas. A su vez, sus principios orientarían las reformas constitucionales necesarias sobre la economía, el desarrollo local y las competencias autonómicas para sustituir, con visiones claras de desarrollo, la ideologización discursiva de la CPE de 2009.

Para que esas metas de mediano plazo sean posibles, el escenario deseable a corto plazo debe incluir la conformación de una candidatura única que elimine toda posibilidad que los grupos “duros” del MAS accedan al gobierno o controlen la Asamblea Legislativa. No se trata de “marginar a los masistas”, sino de poner un alto a los que se amparan en las garantías democráticas para imponer su ideario totalitario, prebendal y corrupto.

En se sentido, más allá de afectos o desafectos, la presidenta Jeanine Añez debería considerar declinar su candidatura para eliminar argumentos políticos en su contra, recuperar la credibilidad que le permita demandar poderes especiales ante la crisis y convocar un “Concejo Político de Concertación” que tenga, como tareas, definir una agenda que guíe al próximo período y busque la candidatura de consenso que conforme un gobierno con base en las personas mejor calificadas para cumplir la agenda de reformas. Es decir, ya no se trataría de escoger “al candidato”, sino al mejor equipo para cumplir metas precisas.

Esta primera decisión permitirá al gobierno de transición concentrar su gestión en la crisis de salud, en mantener la pacificación y en llevar adelante medidas extraordinarias en el ámbito de la economía, el empleo y la distribución del ingreso a fin de paliar los efectos inmediatos de la crisis en los más vulnerables. El medio instrumental para la pacificación será establecer el proceso de reflexión social que “internalice” en los ciudadanos los hitos de la “ruta crítica” que nos permitirá encarar verdaderas reformas estructurales.

Dadas estas condiciones, que configurarían el escenario deseable para un real gobierno de “reconstrucción nacional” en 2020-2025, el equipo de gobierno adoptaría las medidas complementarias pertinentes para dinamizar la economía, desestancando la capacidad creativa y productiva que los bolivianos muestran fuera del país. Significa romper los preceptos y dogmas dominantes en la teoría y la práctica económica para repensar la economía ya no desde los indicadores macro (PIB, déficit fiscal o tasa de interés) sino desde la creación de valor (“verde, naranja y morado”), la productividad, el empleo digno y la equitativa distribución del ingreso.

Habiendo desatascando la creatividad y la capacidad productiva como primer paso, la siguiente tarea consistirá en identificar y aplicar las necesarias reformas en los ámbitos institucional, económico, autonómico y político. En los cuatro ámbitos se requieren cambios en la CPE para lo que podrían ser necesarios referendos consultivos; si éste fuera el caso, incluso un período de gobierno podría ser insuficiente para traducir los resultados de las consultas en normas e instrumentos legales a ser debatidos, aprobados y sancionados como políticas de Estado en las instancias correspondientes.

Enrique Velazco Reckling, director de INASET, es experto en temas de desarrollo.