Sugerencia: dinamicen la economía gestionando el déficit

La realidad rechaza el mítico relato de una relación causal directa entre el déficit fiscal, la emisión monetaria y la inflación. El déficit no es más que el aumento del circulante en poder del público; no constituye deuda alguna del gobierno hacia terceros ni, menos, una deuda que “deberán pagar las futuras generaciones”. En consecuencia, vender bonos o contratar deudas para “financiar el déficit” en moneda nacional es innecesario. Lo que corresponde, como responsabilidad de gobierno, es asegurar que el déficit expresado en unidades monetarias se traduzca en fortalecer y acrecentar el patrimonio productivo real del Estado.

A diferencia de una familia que tiene en sus ingresos el límite de su capacidad de gasto, el Estado, como emisor monopólico de la moneda de curso legal, primero debe gastar para que el resto de los actores económicos tengan el dinero necesario para las transacciones, incluyendo, por supuesto, el pago de impuestos.

Pero el gasto público no debe ser discrecional ni, menos, prebendal; el gasto público debe ser dirigido, en todos los ámbitos de actuación del Estado, hacia el fortalecimiento y la construcción de nuevas capacidades productivas del patrimonio real de la nación, sea en la salud, educación, bienestar de las personas, y, por supuesto, en el desarrollo de un creciente patrimonio real productivo para las actuales y futuras generaciones.

Con estas consideraciones como telón de fondo, el debate del domingo 12 entre las dos candidaturas sobre las que votaremos el fin de semana, aunque alentador, porque dieron señales de voluntad de coordinar para viabilizar las acciones que el ganador proponga llevar adelante en temas vinculados a la falta de combustibles y de dólares, me dejó como tema de preocupación la coincidencia en el diagnóstico déficit → emisión monetaria → inflación, a partir del cual, ambas candidaturas coinciden en un pronta reducción del déficit, aunque sin precisar, a detalle, las acciones específicas.

Está ampliamente documentado que el déficit, la emisión monetaria y la inflación no son los problemas que nos han relegado al fondo de la lista de América Latina, en términos de desarrollo y de superación de la pobreza. Bolivia está en la cola de América Latina porque ha renunciado, en la práctica, a desarrollar sus capacidades de crear valor, aspecto que lamentablemente ninguna de las candidaturas ha destacado.

Sin ir muy lejos, en los últimos 20 años hemos retrocedido significativamente en términos de nuestra inserción en los mercados globales. Así, a principios de los 2000, el aporte de productos con valor agregado en las exportaciones superó el 55%, pero hacia 2015, las exportaciones vinculadas al extractivismo de recursos naturales representaba más del 80%. Como consecuencia, se destruyeron empleos productivos que, bajo el eufemismo de “emprendedurismo”, fueron sustituidos por los “cuenta-propistas”, rótulo bajo el cual se oculta, por un lado, la incapacidad estructural de la actual economía para crear empleo digno y productivo, y, por otra, la enorme caída en productividad, que muestra la economía boliviana, y que, prácticamente, ha anulado la capacidad de consumo en el mercado interno. La caída en la productividad laboral reduce la capacidad de consumo, lo que explica el estancamiento del crecimiento de la economía al languidecer las exportaciones de gas.

La existencia de una capacidad básica de consumo es la condición necesaria para el crecimiento sostenido de una economía, porque el valor agregado, generado por el trabajo, sólo se materializa cuando los bienes y servicios producidos se venden en el mercado, lo que, a su vez, requiere que los hogares tengan capacidad de consumo a partir de sus ingresos laborales.

La productividad laboral en Bolivia es de unos $us 7.000 por trabajador/año, pero la del cuentapropismo en la industria manufacturera está por debajo de los $us 1.500, mientras que la de América Latina ronda, en promedio, los $us 25.000, mostrando las enormes brechas en capacidades de consumo.

Desde esta perspectiva, el déficit fiscal, en realidad, es un medio que, creativamente aplicado, permitiría recuperar e incorporar valiosos recursos –materiales intelectuales y humanos a las tareas de reconducir la economía hacia un desarrollo productivo diversificado, con el pleno empleo digno como meta estratégica.

Este es el caso de otras economías que, en tiempos de guerra o frente a desastres naturales o pandemias, enfrentaron adversidades sin considerar que su capacidad de gasto público “no deficitario” fuera una restricción.

Hoy Bolivia debe tomar medidas correctivas profundas y de gran envergadura para enfrentar la crisis estructural, partiendo por el dólar, con sus efectos sobre los combustibles y el conjunto de las actividades productivas, y estaría contraindicado inducir, en el proceso, descontento social que ponga en riesgo o impida la aplicación de las medidas elegidas como necesarias.

Aunque factible políticamente, recurrir a préstamos en divisas de organismos multilaterales para cubrir las obligaciones perentorias y “financiar el restablecimiento de equilibrios macroeconómicos” es la opción más onerosa a largo plazo, en términos económico-financieros, y, a corto y largo plazo, en términos sociales. Por muy concesionales que sean las condiciones, nos obligan a generar divisas para amortizar el capital y cubrir los intereses que, a corto plazo y en economías como la nuestra, implica atraer inversión extranjera directa a cualquier precio y estancarnos en el extractivismo.

Sin embargo, superando el falso temor al déficit, se abren múltiples opciones que, primero, reducen en gran medida la cantidad de recursos externos necesarios, pero, sobre todo, ofrecen alternativas centradas en responder a las necesidades de las familias y, dentro de ellas, las de la juventud.

En Lineamientos para un modelo no ortodoxo de crecimiento, disponible en www.fundacion-inaset.org, mostramos que los impuestos indirectos, el sistema financiero, el contrabando y la buro-parasito-cracia quitan a los hogares cada año hasta $us 15.000 millones de capacidad de consumo. Devolver a la ciudadanía capacidad de consumo, equivalente a $us 5.000 millones anuales, acompañado esto con adecuadas reformas normativas, alentaría el incremento de uso de la capacidad instalada, lo que podría traducirse en recuperar 40.000 puestos de trabajo. Se podría generar bienes por valor de $us 1.200 a $us 1.500 millones: un crecimiento del 3% a 4% del PIB en 2026.

Un escenario para inducir la demanda en 2026: eliminar los impuestos que afectan directamente al precio de venta de la industria manufacturera devolvería al menos $us 1.000 millones a los hogares; sincerar el tipo de cambio y la rebaja en los precios de la producción interna eliminarían incentivos al contrabando de bienes básicos de consumo por un monto comparable, reduciendo, además, la demanda de dólares. Finalmente, dada la enorme rentabilidad del sistema financiero desde 2006, negociar ajustes razonables en el spread y en los plazos para aliviar costos financieros.

En conjunto, estas medidas podrían incrementar el déficit en un 2% a 4% del PIB (tipo de cambio oficial), pero asegurarían –desde el 1 de enero de 2026– un crecimiento en la economía real y, sobre todo, mostrarían que la orientación general está alineada con el bienestar de las familias. Medidas algo más audaces, en esta misma dirección, servirían para habilitar, a corto plazo, circuitos turísticos de gama media/alta que beneficien directamente a los operadores y las comunidades; premiar al sector privado que crea empleos productivos reales, no ocupaciones de emergencia, contando para ello con la capacidad de consumo en todos los niveles de gobierno de autonomías remozadas, etcétera.

La crisis es manejable y superable desde la economía real si se aprovecha el gasto público para crear valor y dinamizar la capacidad de consumo de los hogares. Insistir en cuidar los “equilibrios macro” (apuesta perdida de entrada por razones de entropía, que será tema para otra nota), en el marco del extractivismo, es lo que vienen haciendo desde hace un siglo y los resultados están a la vista.

En síntesis: en la pandemia, con alta corrupción incluida, el déficit fiscal llegó a 12% sin mayores consecuencias funestas para la estabilidad económica. Con objetivos claros para desarrollar, tanto capacidades productivas como de consumo compatible con la producción, si bien el gobierno debe eliminar todos los gastos dispendiosos, no debe temer a incurrir en déficits fiscales que fortalezcan realmente el patrimonio productivo y una compatible capacidad de consumo en los hogares.

Que lo hagan o no hará la diferencia entre un gobierno de líderes y otro de simples administrativos de turno.

Enrique Velazco Recklinges Ph.D. e investigador en desarrollo productivo.