Busco patrocinio contra ilegalidades de los “a.i.”

Con el DS 21060 se devolvió a la estructura y funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) un renovado aire de pertinencia económica, de legitimidad política y de solvencia profesional. Hoy, 40 años después, pocas entidades públicas están por debajo del SIN en la valoración ciudadana.

En varias notas de opinión, publicadas a lo largo de los últimos 15 años, he descrito varios episodios puntuales mostrando las arbitrariedades y abusos en los que incurren los funcionarios del SIN; por ejemplo, en “SIN vergüenza” (publicado en P7 en 2017), menciono:

“A la solicitud de ampliación de plazo por compromisos en el exterior con fechas definidas, me conceden un plazo que termina “impostergablemente” el mismo día en el que emiten la carta (que, en todo caso, era menor a fecha de retorno de mi pasaje aéreo).

Para una respuesta que no debía tardar más de 48 horas, se toman 20 días, me notifican seis días después de vencido el plazo de ampliación, y lo hacen por secretaría, cuando era obligatoria la notificación personal.

El SIN dejó expirar el plazo de presentación de un recurso mío que tenía plazo para presentación, dilatando la entrega de copias de documentos que sustentarían mi recurso (¿para no explicar una “notificación” que nunca existió?). 

En resumen, es penoso constatar la falta de honestidad intelectual y la incompetencia técnica y profesional (con muy pocas excepciones) de funcionarios que, además SIN vergüenza, actúan de mala fe, inducen al error y violan normas y derechos de los contribuyentes (art. 68 del CTB: 1, “a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos”).

Algunos amigos me han advertido que me “pueden reventar” por dirigirme públicamente al SIN con este tema. Puede ser. Son varios años que alerto a las autoridades y opino públicamente sobre la irracionalidad, desigualdad y discrecionalidad de las políticas tributarias, especialmente contra el desarrollo productivo y el empleo; el riesgo vale la pena si, además de motivar a contribuyentes a defender sus derechos, expongo la (ir)responsabilidad de funcionarios que, obcecados con las metas de recaudación, son incapaces de percibir que contribuyen al inminente desplome de la confianza ciudadana en la institucionalidad tributaria que tantos años tomó en ser construida”.

En 2018 y 2019, el SIN continuó abriendo nuevos procesos en mi contra porque me rehusé a pagar los impuestos que supuestamente correspondían el IUE de profesionales independientes, pero el IUE que aplicaba el SIN era un impuesto al ingreso: “sin admitir prueba en contrario, la utilidad neta gravada de un profesional independiente será equivalente al 50% del monto total de los ingresos percibidos”; el SIN nunca pudo explicar la base legal de este impuesto al ingreso: por el Art. 323.II de la CPE, los impuestos de dominio nacional deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa.

Este IUE es, además, un ejemplo claro de discriminación en razón de ocupación –prohibida y sancionada por el Art. 14.II de la CPE– frente a los profesionales dependientes sujetos al RC-IVA (que tienen una exención de 4 salarios mínimos mensuales).

Hacia el segundo semestre de 2019, los casos en mi contra se seguían acumulando en cobranza coactiva, pero con el SIN incapaz de demostrar la legalidad del IUE a profesionales independientes. Después de idas y venidas, de “contestar sin responder”, finalmente mi consulta fue elevada a la presidencia (a.i.) del SIN. Con la amenazadora “Ref.: Cuestionamiento a la validez de la normativa tributaria” recibí en respuesta otra carta “borracha”, que tampoco responde nada, pero me recordó que debía “presumir la constitucionalidad de la norma”, es decir, yo debía callar y obedecer.

En 2020, el gobierno de Jeanine Añez, finalmente, dio los pasos para corregir las injusticias en contra de los profesionales independientes. Con el gobierno de Luis Arce, en 2020-21, traté de informarme sobre mis casos; a pesar de haber concertado cuando menos siete citas, ninguno de los funcionarios me recibió, por lo que presumí ¬¡inocente yo!, que finalmente podría voltear la página porque el nuevo tratamiento a los profesionales independientes reconocía, precisamente, como correcta mi argumentación a lo largo de cuando menos 12 años.

En agosto de 2023, sin mediar notificación previa alguna, el SIN vació hasta el último centavo en todas mis cuentas (una decena) y en todos los bancos con los que operaba, incluyendo cuentas compartidas con terceros y las transferencias por mi jubilación y Renta Dignidad. Se había cumplido la advertencia de que “me podían reventar”.

Ningún abogado veía viables acciones legales para frenar o revertir semejantes atropellos en tanto el poder político use, para sus intereses, a través de personas sin principios ni valores profesionales, éticos, democráticos o sociales ¬como “Cazón y su pandilla” en el SIN¬ a las instituciones diseñadas originalmente para servir a la sociedad. Solo quedaba esperar, pero con el compromiso de asegurar que la justicia les llegaría a los incapaces que abusan del poder y dañan a personas y hogares.

Y el día llegó, si el gobierno electo tiene la claridad para usar este tema como una muestra palpable del cambio de paradigma que Bolivia requiere para construir una institucionalidad compatible con las metas de desarrollo humano, productivo y sostenible: la función pública implica responsabilidad ante la sociedad y la justicia.

Cazón y su pandilla ejercieron ilegalmente sus cargos: la gran mayoría de los funcionarios de alto rango en el SIN son “a.i.”, pero por ley un interinato no puede durar más de 90 días, y son nulas de pleno derecho todas las decisiones y acciones tomadas vencido ese plazo.  Al margen que todas las irregularidades comprometen también a quienes los designaron (y a la Contraloría General del Estado que ni se percató de ello), en el SIN tuvieron además la osadía de crear un directorio ficticio ¬sin miembros humanos conocidos, al que el señor Cazón le atribuía decisiones que él traducía en nuevas normas. Legalmente, creo que esto se tipifica, entre otros, como usurpación de funciones.

En síntesis: la pandilla hizo lo que quiso para extorsionar a la gente y a cambio recibió 20 años de jugosos sueldos y, quién sabe, quizás algunas cartas y espadas de yapa. ¿No sería una estupidez extrema que al terminar este nefasto ciclo los verdugos se vayan con las arcas llenas como pago por saquear las de los hogares, mientras la ciudadanía afectada debe sufrir las consecuencias de arbitrariedades impuestas por funcionarios ejerciendo ilegalmente cargos públicos?

Lo menos que la ciudadanía debería exigir es que los “a.i.” (dentro y fuera del SIN) devuelvan el total de las remuneraciones recibidas, además de ser imputables legalmente por las acciones u omisiones de sus ilegítimas gestiones. Después de todo, alguien puso la firma que abrió el camino al desastre desde San Buenaventura hasta el vaciamiento de mis cuentas, pasando por las piscinas del litio.

En este contexto, el gobierno de Rodrigo Paz tiene una enorme oportunidad para movilizar a la sociedad hacia la reconstrucción de la institucionalidad. Dependerá de lo que permita o decida hacer para reinstalar en el imaginario social el respeto a la ley y a los derechos de las personas.

Para hacer tortillas hay que romper huevos. En varios ámbitos prioritarios de actividad, el nuevo Gobierno debería establecer mecanismos simples y abiertos para identificar abusos y garantizar reparaciones justas, ¬no con cargo al Estado sino a los responsables directos, bajo reglas que no alienten venganzas ni revanchismos, pero establezcan el imperio de la justicia.

De mi parte, no pienso quedarme con mis cuentas vacías, pero no me querellaré contra el SIN, sino contra todas las personas que ejercieron cargos ilegalmente y que, de alguna manera, han sido parte de 20 años de extorsiones. Exigiré pleno resarcimiento de lo que me confiscaron y, especialmente, buscaré aplicación de multas punitivas que sirvan de advertencia al uso discrecional del poder político. El ejercicio de la función pública es de servicio a la sociedad, no la gran oportunidad para servirse de la sociedad.

He dado pelea a la arbitrariedad por muchos años, y no pararé ahora. Por eso busco un patrocinio legal que oriente y dirija la estrategia a seguir en el nuevo contexto de un gobierno que, esperamos, será uno comprometido con la justicia y la construcción de la institucionalidad básica necesaria para sacar a Bolivia del fondo del pozo al que nos han llevado los “a.i.”

Enrique Velazco Reckling es Ph.D., investigador en desarrollo productivo.