Ajustar salarios en el Estado para aumentar los bonos

Como se podía anticipar, el hambre y la incapacidad de satisfacer necesidades básicas, está empezando a empujar a los no asalariados que viven al día, a romper los protocolos de distanciamiento social saliendo a las calles. Sabemos que la cuarentena ha caído duramente sobre este sector, pero, si la tendencia se desborda, sin duda las consecuencias para todos serán –para ponerlo suavemente– dramáticas.

Con diversos grados de intensidad y con muy pocas excepciones hasta ahora son los actores privados los que están cargando el peso económico de la pandemia. Es hora que, encabezados por la Asamblea Legislativa, los políticos electos y los funcionarios públicos designados que reciben salarios del Estado, en solidaridad y compromiso con el país, muestren que son capaces de hacer, en alguna medida, los sacrificios que demandan a los ciudadanos.

Desde 2006 la burocracia pública se ha triplicado bajo la mirada complaciente de la Asamblea Legislativa, que aprobó presupuestos sin reparos. El Presupuesto General del Estado para 2020 consigna 49.000 millones de bolivianos (7.000 millones de dólares) para sueldos, salarios y aportes a la seguridad social de 600.000 funcionarios (valor estimado porque no encuentro un dato único para la cantidad).

Los órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral y Judicial reciben 10 mil millones de bolivianos; 18 mil millones van a las instituciones descentralizadas; al sistema universitario, la seguridad social y las empresas públicas, 11.500 millones; y a las administraciones territoriales, algo más de 10 mil millones de bolivianos. En este fardo hay personas muy trabajadoras y comprometidas, pero también “suplentes” y una larga lista de “supernumerarios” y “polítiqueros mank’a gastos.”

Proponemos que, excepto para el personal técnico-profesional de salud, por un lapso (prorrogable) de seis meses a partir del 1 de abril, se fije un nuevo tope máximo para todas las remuneraciones de la administración pública, incluyendo empresas públicas “creativamente” mantenidas como sociedades anónimas a pesar de estar “nacionalizadas”; al otro extremo debería fijarse también el monto salarial mínimo.

Por ejemplo, si el rango estuviera entre 5.000 y 14.000 bolivianos mensuales, se ahorrarían mensualmente entre 500 y 1.000 millones de bolivianos (dependiendo de las curvas salariales vigentes). Ver figura.

Para tener una idea de lo que estas magnitudes significan, la presidenta Jeanine Añez acaba de anunciar un bono de “canasta familiar” de 400 bolivianos por mes que se pagará a algo más de 1,2 millones de personas (tercera edad sin jubilación, mujeres embrazadas y personas con discapacidad), pero todavía deja fuera de todo apoyo a varios millones de compatriotas. Tomando este bono como referencia, el ahorro en las planillas de funcionarios públicos podría permitir llegar con la canasta familiar a dos o más millones de personas al mes.

Adoptar medidas de esta naturaleza corresponde a la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo, en ese caso, debería acompañar la medida, sin intentar vetarla o cosa por el estilo. A menos que tenga una alternativa mejor, el desafío del Legislativo es redactar y aprobar una ley que, por la emergencia, elimine cargos superfluos (ojo, eliminar 1.000 cargos inmerecidamente sobrepagados para asistir a 40.000 personas en necesidad implica ganancia social), fije el piso y el techo entre los que se ajustarían las remuneraciones e identifique claramente a quiénes se aplicaría el ajuste, destinando el ahorro a transferencias focalizadas. Los criterios y valores que fije serán una señal de su verdadero compromiso: o con el pueblo, o con la demagogia (y la mamadera).

Enrique Velazco Reckling es especialista en temas de desarrollo.