Abolir el Ministerio de Justicia

El “modelo de economía plural” del régimen de Evo Morales (2006-2019) fue una conjunción de estatismo y de mercado libre y desregulado con la que el MAS dio continuidad parcial al ciclo histórico de 1952. Ese régimen prolongó, por una parte, el impulso dado por el “nacionalismo revolucionario” al desarrollo del capitalismo de Estado.

Por otra, el régimen dio continuidad  a las políticas neoliberales de libre mercado –impuestas en Bolivia desde 1985 a través del Decreto 21060–, favoreciendo desembozadamente el crecimiento del mercado ilegal de la cocaína, la expansión sin frenos de la economía y los mercados informales, el aumento irrestricto del transporte privado, el más abierto ensanchamiento en las tierras bajas de Bolivia de los mercados y la propietarización privada vía avasallamientos de la tierra, y la más libre penetración del capital transnacional asiático en el país.

Pero no ha sido solamente a través de su modelo económico que el MAS ha dado continuidad al neoliberalismo que en Bolivia se abrió paso desde 1985. También el modelo político de gobierno del MAS prolongó el neoliberalismo en un aspecto crucial: manteniendo al Ministerio de Justicia, un órgano de intervención directa y abierta desde el poder Ejecutivo sobre el poder Judicial. Este Ministerio debe ser clausurado cuanto antes si se pretende una reforma sustantiva del Poder Judicial en Bolivia que garantice de modo efectivo su independencia con la capacidad de contribuir a la vigencia de un sistema de contrapesos y equilibrios del Estado. 

Fue el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) el que inventó el Ministerio de Justicia, creándolo a través de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo del 17 de agosto de 1993. Instituido con la competencia de “actuar en todo lo inherente a las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial”, el Ministerio de Justicia –desde su nacimiento vinculado al quehacer de los órganos de represión y control político gubernamental ya que tenía como su más inmediato antecesor a los Viceministerios de Justicia, unas reparticiones de rango inferior de los Ministerios del Interior o de Gobierno del Estado–, pasó a ser desde su inicio un órgano de Estado con el potencial no solamente para hacer sombra sobre el órgano Judicial del país sino también para generar un fuerte paralelismo con respecto de diversas de las competencias que le incumben al poder Judicial.

Con el Ministerio de Justicia ya funcionando, el poder Ejecutivo pasó a entrometerse cada vez más en el quehacer del poder Judicial y el ejercicio operativo de los sistemas de provisión de justicia en el país. A la fecha, tras cerca de 30 años de existencia, aunque fue suspendido durante algunos gobiernos, el Ministerio de Justicia es uno de los factores principales –no el único– para que se haya dado el descalabro y total descrédito del sistema judicial en Bolivia.

La nula independencia del poder Judicial respecto del poder Ejecutivo en la actualidad es resultado directo –entre otros, como la corrupción y la partidización política como escalera de ascenso jerárquico en el sistema y la carrera judicial– de la intromisión de esta institución.

Tan grave es la situación, que finalmente el Ministerio de Justicia ha quedado consolidado en el tiempo como una agencia que no sirve ya para nada más que para interferir sobre el poder Judicial, sofocándolo y politizándolo a favor de un Ejecutivo; el Ministerio de Justicia es el principal instrumento de coerción sobre un sistema Judicial ya directamente subordinado y sometido a los intereses políticos y de poder de cualquiera que sea el gobierno de turno.

Con el paso del tiempo, el Ministerio de Justicia se ha ido revelando cada vez más y más como una Fiscalía Política de alcance nacional y como un órgano de prejuzgamiento de sus acusados, siendo los acusados siempre los del bando opositor. Esta Fiscalía Política, en tándem con la Fiscalía General –hoy también una entidad sin la menor muestra de independencia y autonomía respecto del poder Ejecutivo–, se constituye en el principal órgano de la represión política en el país, habiéndose incluso sobrepuesto a un Ministerio de Gobierno, que ha pasado a ser un mero operador de la persecución de los opositores. Concebido como una agencia de intervención sobre el poder Judicial del país, el Ministerio de Justicia es hoy en Bolivia el nido en el que se forman y reproducen los represores, los perseguidores y los carceleros. Es una vergüenza institucional y un peligro cada vez mayor para el Estado de Derecho en Bolivia.

Ricardo Calla es sociólogo.