Marca del dolor

Desconocen el referendo del 21 de febrero de 2016 que le niega a Evo Morales volver a postular al cargo de presidente de Bolivia, inventan la ficción de la reelección indefinida como supuesto “derecho humano” del ambicioso e inmoral caudillo del MAS, fuerzan contra toda decencia política la postulación de Morales por cuarta vez a la presidencia del país en 2019 y, finalmente, ante la inminencia de una segunda vuelta electoral, optan por cortar con un descarado apagón el programa de conteo electoral rápido del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para impedir que la segunda vuelta se legitime.

Pasan entonces a inducir un impúdico fraude electoral menor para intentar anular una segunda vuelta que ya se había anunciado de modo irremediable por los conteos rápidos de otras entidades independientes especializadas.

Desconocen, para empezar, el referendo del 21 de febrero de 2016 y la voluntad ciudadana expresada en esa votación –un delito evidente en el marco de la Constitución vigente en el país– y luego, ¿puede ya alguien sorprenderse ante este patrón de conducta?

Desconocen los resultados de la auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el propio MAS había solicitado –un traspié político mayor del ensoberbecido equipo de mando de este autoritario partido que quizá llegó a pensar que en la OEA rigen los mismos niveles de discrecionalidad que en el caso del MAS–, desconocen a continuación la sucesión presidencial con fueros constitucionales avalada –Eva Copa y Sergio Choque de por medio– nada menos que por la aplastante mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional del partido de Morales y, finalmente, desconocen sin pudor mínimo ni vergüenza alguna toda su responsabilidad directa en el estallido de la crisis de Estado de octubre y noviembre de 2019.

Hay que reiterarlo cuantas veces sea necesario: Si Evo Morales y Álvaro García hubieran reconocido, respetado y acatado el voto ciudadano expresado el 21 de febrero de 2016 no se habría producido el estallido social y la convulsión política de finales de 2019 en Bolivia.

Nadie habría muerto, ninguna persona hubiera sido herida, ninguna casa particular o sede institucional hubiera ardido, ningún bus Puma Katari hubiera sido quemado, nadie habría sufrido miedo y desasosiego ante el horror de un posible estallido mayor de violencia, nadie hubiera padecido encarcelamientos, golpizas o encierros.

Evo Morales y Álvaro García son los responsables directos y principales de las 37 muertes en octubre/noviembre de 2019, muertes ocurridas por efecto de la irrefrenable ambición de estas personas para perpetuarse como gobernantes de Bolivia a toda costa, incluso a costa de la muerte y el sufrimiento de los bolivianos.

Si Morales y García hubieran respetado el resultado del 21F, las elecciones de 2019 habrían sido seguramente pacíficas y distendidas, dando lugar a la alternancia de gobernantes como en el caso de cualquier país en el que se respeta suficientemente la democracia. 

Pero no: Morales y García optaron por jugar a la convulsión del país desconociendo abusivamente los resultados de la votación del referendo de 2016 y despreciando abierta y arrogantemente el voto de los bolivianos en ese referendo.

Poniendo al proceso político en vilo y a la indignación a flor de piel, Morales y García optaron, tras el fracaso de su forzado intento de reelección en octubre de 2019, por el apagón electoral y el fraude de escala menor que hizo estallar a Bolivia en convulsión.

Como resultado, 37 personas murieron en el país en octubre/noviembre de 2019.

He solicitado en un artículo anterior que se haga justicia frente a esa tragedia incluyendo en las investigaciones y pesquisas legales a Evo Morales y Álvaro García en calidad de imputados.

Sí, exijo y demando, como ciudadano, que Morales y García sean enjuiciados por su inocultable responsabilidad en los trágicos sucesos de octubre/noviembre de 2019.

Pero no soy ingenuo, ni tengo derecho a olvidar la verdad más profunda. Mi hermano, seguramente mi amigo más próximo y entrañable, me escribió hace poco señalándome que, y es imprescindible citarlo, “cada vez me inclino a creer más que la búsqueda de justicia en el sistema judicial boliviano es crecientemente una ilusión discursiva, ya que muy rara vez se logra.

Lo que todos debemos hacer es evitar que se den las muertes violentas, los asesinatos de jóvenes, los feminicidios, las masacres.

No esperar a que ocurran para luego clamar por justicia. ¡Como si ello pudiera remediar los crímenes cometidos!...”. Esto es de un dolor insondable. 

Ricardo Calla Ortega es sociólogo.