Narcotráfico y gobierno: preguntas

¿Está vinculado el régimen gubernamental del MAS con el tráfico de la cocaína en Bolivia? Esa, debe estar claro, no es la pregunta correcta. Por supuesto que el régimen del MAS está vinculado –pero es justamente esta generalización la que debe examinarse de modo más serio– con el narcotráfico en el país.

Si se considera que la casi totalidad de la producción de coca en el Chapare –cuna, sustento político principal y bastión electoral incondicional del MAS– se destina ya desde hace décadas a la producción de la cocaína, sería directamente una necedad considerar que el régimen del MAS es ajeno a la trama de intereses económicos, y políticos, de los grupos dedicados a la producción y el trasiego de la droga en y desde Bolivia.

Si el narcotráfico en el país ya nos ha mostrado su enorme poder y capacidad para infiltrar y penetrar con sus intereses a diversos gobiernos del país en los últimos sesenta años, ¿cómo no considerar ahora hasta explosivamente profunda la relación entre narcotráfico y régimen de gobierno dada la simbiosis Chapare-MAS?

La pregunta general correcta es otra y, dada la circunstancia de la existencia del MAS como partido político nacido en el corazón de la mayor región productora de coca para la cocaína en Bolivia, debe ser formulada con mayor precisión y esmero: ¿Cuán vinculado está el régimen gubernamental del MAS con el tráfico de cocaína en Bolivia?

Esta pregunta, por cierto, no podrá ser respondida con seriedad hasta que no se la descomponga en otras preguntas que sean adecuadamente respondidas por periodistas, investigadores y personeros serios tanto del oficialismo como de las oposiciones: ¿Quienes –qué funcionarios y enlaces – en el régimen del MAS están vinculados con el narcotráfico?, ¿los vínculos llegan a qué esferas –mayores, intermedias, menores– del gobierno?, ¿hay mayores vinculaciones del régimen con los intereses económicos y políticos de unos grupos de narcotraficantes que respecto de otros grupos?, ¿hay vinculaciones entre funcionarios gubernamentales y enlaces del régimen, y quiénes, con grupos y/o carteles narcotraficantes externos, y cuáles?

Se trata, sin duda, de preguntas necesariamente crudas y directas que no debieran ahora dejar de formularse incluso quienes hoy son los titulares gubernamentales principales –incluidos el presidente y el vicepresidente electos del país–, dada la gravedad del reciente reportaje de prensa desde Sao Paulo, Brasil, que ha afirmado que Bolivia se habría convertido en los últimos años en un “santuario” de un cartel internacional de drogas denominado por los periodistas como “Narcosur”.

Tal cartel –integrado entre otros por el PCC, el Primer Comando de la Capital, el principal grupo narcotraficante brasileño, y por la “Ndrangheta”, la mafia de Calabria, en el suroeste de Italia –, estaría afincando su presencia en las tierras bajas de Bolivia, con operaciones en los inmensos departamentos de Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz.

El reportaje en cuestión, publicado el 18 de octubre reciente por el periódico O Estado de S. Paolo, ha explotado en la cara del gobierno del MAS, el mismo que por la vía de su viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, se ha apresurado a denunciar al reportaje como “irresponsable”, afirmando Mamani que “no existen carteles de narcotráfico operando en nuestro territorio”.  Más aún, Mamani no ha titubeado en anunciar que “como Estado boliviano asumiremos acciones legales en contra del periódico O Estado de Sao Paulo por difundir información falsa…que… busca desprestigiar nuestras instituciones”.

Reveladora posición la del régimen del MAS vía Mamani ya que cualquier otro gobierno interesado de verdad en el control de las ganancias ilícitas que en Bolivia se generan –no se olvide que el MAS ha estado estas últimas semanas presentándose con excesos de demagogia como supuesto abanderado de la lucha contra el lucro ilícito en Bolivia–, habría optado por iniciar una investigación seria y mayor sobre la presencia o no del cartel Narcosur y del PCC en el país, impulsando además otras investigaciones para poner límites a los ilícitos de los grupos de narcotraficantes internos de Bolivia.

¿Quiénes son los interesados en el gobierno del MAS para que se defiendan los intereses de carteles y grupos como Narcosur y el PCC en el subcontinente impidiendo que se investigue sobre su presencia y la de otros semejantes en el país? ¿Por qué amenazar con juicios a periódicos y periodistas que reportan sobre las presencias de las mafias narcotraficantes en el subcontinente y en Bolivia en lugar de iniciar investigaciones y acciones contra esas mafias, ya sean internacionales o locales? ¿Ha crecido tanto el poder del narcotráfico dentro del gobierno del MAS como para que se convierta en un delito el investigar y denunciar la presencia del narcotráfico en Bolivia? ¿Estará de acuerdo Luis Arce Catacora con que se impida investigar al narcotráfico externo e interno en Bolivia? Ya se trate de carteles externos o solamente de mafias internas, ¿no debe acaso el narcotráfico en cualquiera de sus modalidades ser estrechamente investigado y monitoreado por los gobiernos?

Habiéndose llegado al extremo de afirmar con total soltura de cuerpo y desenfado que “no existen carteles de narcotráfico operando en nuestro territorio” –¿ni siquiera por la vía de algún individuo aislado?–, ¿llegarán los personeros del MAS a decir que no hay narcotráfico en Bolivia? Solo eso faltaría.

Al final del día, acaece que las preguntas sobre Bolivia no pueden ni podrían estar más claras: ¿constituye ya el régimen del MAS un narcogobierno en el subcontinente?, o ¿el gobierno del MAS es solamente un régimen profunda y dramáticamente penetrado por los intereses económicos y políticos del narcotráfico, pero todavía con márgenes de autonomía respecto de ellos? Estas son preguntas que la gente honesta del oficialismo ya debiera también comenzar a hacerse y que todos los bolivianos debiéramos ya empezar a responder.

Ricardo Calla Ortega es sociólogo.