¿A quién le pertenece el tesoro del galeón San José?

El descubrimiento del galeón español San José, hundido en 1708 en las profundidades del mar caribe colombiano, ha desatado una serie de posturas y debates sobre la pertenencia del tesoro que la nave transportaba y que ahora se encuentra en el lecho submarino. Para los entendidos el valor del tesoro (compuesto de monedas de oro y plata, además de joyas y relojes de la época) podría llegar a miles de millones de dólares.

Las circunstancias del hundimiento a inicios del siglo XVIII se relatan de la siguiente manera: “en junio de 1708, para financiar la Guerra de Sucesión Española, la guerra con Inglaterra que se libraba desde 1701, los españoles querían traer a la madre patria un total de 344 toneladas de monedas de oro y plata, así como 116 cajas de esmeraldas. Todo ello procedente de sus territorios americanos que, aunque legalmente se trataba de provincias, se administraron como colonias. Por seguridad, el enorme tesoro se distribuyó en varios barcos, incluido el galeón San José que, con sus 64 cañones, era el buque principal de la flota española en el Caribe. El San José iba escoltado por otros dos galeones y más de una docena de buques de guerra. No en vano, los barcos españoles tan ricamente cargados eran atacados periódicamente por corsarios ingleses u holandeses”.

El interesante relato escrito por Alexander Freund, profesor de Historia de la Universidad de Canadá, prosigue de esta manera: “a unos 30 kilómetros del puerto de Cartagena de Indias, cuatro buques de guerra británicos tendieron una emboscada a los españoles. Durante la batalla naval de casi diez horas, el San José se incendió. Antes de que los ingleses pudieran robar el valioso cargamento, el camarote con las reservas de pólvora explotó y el barco se hundió en muy poco tiempo, junto con la valiosa carga y la tripulación. Murieron 578 personas y sólo hubo 11 supervivientes. El tesoro no fue para nadie”.

El hecho es que el 27 de noviembre de 2015, tres siglos después del hundimiento, el galeón San José fue encontrado a 600 metros de profundidad a 30 kilómetros del puerto de Cartagena. El presidente Juan Manuel Santos celebró el descubrimiento, que había reportado personal de la Armada Nacional de Colombia y, quizás sin desearlo, abrió el debate sobre el valor del tesoro y a quién le correspondería, una vez que fuera sacado del fondo del mar. La primera polémica emergió de la empresa Sea Search Armada (SSA) una entidad privada dedicada a encontrar tesoros sumergidos en los mares, que reclamó el haber ubicado a la nave mucho antes del anuncio presidencial.

La SSA, empresa “caza tesoros”, acudió el año pasado a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya demandando al Estado colombiano y alegando que ya en la década del 80 había ubicado el galeón con sus riquezas y que Colombia intentaba “expropiar” lo encontrado. La demanda fue admitida en agosto de 2023 por ese tribunal arbitral.

En su demanda arbitral, la SSA pidió la restitución de los derechos a obtener al menos el 50% de los tesoros, y que un fallo de la Corte Suprema le habría favorecido para una eventual repartición en esa proporción: 50% para la empresa y 50% para el Estado colombiano. Sin embargo, el año 2020 el Ministerio de Cultura de Colombia declaró al galeón y sus riquezas como bienes patrimoniales y culturales de la Nación. Esta decisión administrativa cuenta con otro antecedente: la decisión del Consejo de Estado que el año 2018 afirmó que si un particular afirmaba tener derecho sobre el galeón debía demostrar su contribución al hallazgo.

La compañía estadounidense no sólo acudió a la vía arbitral –amparándose en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre EEUU y Colombia– sino que también accionó ante cortes federales estadounidenses. En el pleito ante la CPA, la empresa SSA planteó una indemnización por daños valorados en 10.000 millones de dólares que, según dicha compañía, es el 50% del valor del tesoro que le sería expropiado por Colombia.

Sin embargo, el debate jurídico no termina allí, toda vez que surgieron otras posiciones respecto a la propiedad del tesoro. No queda duda que el galeón es propiedad de España, pero ¿a quién pertenecen las monedas de plata y oro?

Las comunidades indígenas bolivianas (Quillacas, Carangas y Chichas) del departamento de Potosí presentaron, el 29 de marzo pasado, una solicitud a la UNESCO reclamando que se le reconozcan derechos sobre dichas monedas, basados en que los pueblos originarios sufrieron la explotación de la Corona de Castilla y, consiguientemente, una parte significativa del tesoro del galeón debe retornar a los pueblos ancestrales que habitan en lo que hoy es Bolivia.

Samuel Flores Cruz, autoridad de la nación Qhara, participó en marzo pasado en un simposio organizado por el Gobierno de Colombia y afirmó en una entrevista publicada por el periódico El País que “España se puede llevar lo que queda del barco, los cañones, si quiere, pero el cargamento es de los indígenas (…). Muchos de los minerales que llevaba el galeón salieron de las minas de Potosí, estaban en nuestro territorio, lo sacaron los indígenas, son nuestros y así está documentado en las bitácoras de impuestos y en los archivos reales” declaró el líder indígena.

Aunque los tesoros del San José siguen en el fondo marino, las pretensiones de SSA chocan con la postura del Gobierno que preside Gustavo Petro, que prefiere referirse a un patrimonio histórico y cultural antes que a una mera postura mercantilista de la empresa. Será el tribunal arbitral el que tome una decisión al respecto; aún no se sabe cuál será el camino que tomarán las comunidades originarias de Potosí para hacer prevalecer el derecho de recuperar riquezas que les fueron expoliadas.

Walker San Miguel es abogado.