A pesar de todo, vamos a votar este domingo

A pesar de los riesgos que ha enfrentado el proceso electoral –desde la desconfianza generalizada y los cuestionamientos a su imparcialidad, hasta los ataques institucionales y las tensiones políticas–, Bolivia llegará este 17 de agosto a las urnas. Será un día decisivo en el que, más allá de las incertidumbres, el país tendrá la oportunidad de reafirmar su vocación democrática y abrir la puerta a un futuro mejor, construido sobre la base del respeto al voto y la voluntad ciudadana.

Este hecho merece ser valorado. Muchas veces, los bolivianos aspiramos a alcanzar estándares internacionales, pero no siempre nos comprometemos plenamente para lograrlos. En el ámbito electoral, el ideal sería un país que amanezca en calma, sin conflictos ni bloqueos que dificulten el traslado de material o la participación ciudadana; con mesas que abran puntualmente, jurados capacitados y neutrales, presencia de observadores en todo el territorio –incluidas las zonas más alejadas–.

Una ciudadanía que vote sin presiones, recintos accesibles y materiales adaptados a la diversidad lingüística y geográfica. Un escrutinio público y transparente, con actas visibles, copias para delegados y observadores, y resultados preliminares difundidos en tiempo real, acompañados de explicaciones claras por parte del órgano electoral.

La realidad, sin embargo, se aleja de ese ideal, pero también refleja lo que somos y lo que tenemos. En medio de los cuestionamientos, el Órgano Electoral ha avanzado en la capacitación de más de doscientos mil jurados y en la distribución del material, todo ello en un clima de fuerte polarización, con actores políticos que se cansan de debatir, llamados al voto nulo y discursos que minan la confianza en el proceso. Y si no asumimos compromisos claros como autoridades, funcionarios, jurados, medios de comunicación, policía, actores políticos y ciudadanía, los riesgos podrían ser: retrasos en la instalación de mesas por falta de jurados, intentos de compra de votos, conflictos en recintos electorales, demoras en la transmisión de resultados que alimenten sospechas y narrativas de fraude, o incluso el desconocimiento de los resultados si no coinciden con las encuestas.

En este escenario, las iniciativas ciudadanas de observación electoral son fundamentales. Organizaciones como la Fundación Jubileo, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, la Fundación Construir, el Defensor del Pueblo, Ríos de Pie, junto con misiones internacionales de la OEA, la Unión Europea, el Mercosur o COPA (Confederación Parlamentaria de las Américas), desempeñan un papel crucial.

Se ha señalado que este es el proceso con mayor número de observadores en la historia de Bolivia. Su labor –muchas veces silenciosa, poco conocida y persistente– va más allá de registrar y denunciar irregularidades: generan información independiente y verificable que fortalece la credibilidad del proceso. La observación nacional, sumada a la internacional ofrece ojos y oídos imparciales en cada fase, desde la apertura de mesas hasta la consolidación de resultados. Con más de 3.500 observadores desplegados, Bolivia será el centro de atención este domingo.

Pero además de esta vigilancia ciudadana sin precedentes, el Órgano Electoral debe esforzarse en esta recta final por garantizar procesos controlados y transparentes: distribución eficiente del material electoral, trazabilidad verificable y publicidad máxima de la transmisión de resultados, así como la capacitación a jurados electorales que asegure la exposición clara y visible de las actas de resultados. Las fuerzas políticas, por su parte, deben comprometerse a respetar los resultados y a mejorar la cobertura territorial con sus delegados. Las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad de actuar con neutralidad, facilitar el acceso libre al escrutinio y proteger el proceso sin generar intimidación.

Está claro que el éxito de la jornada no se medirá solo por la ausencia de incidentes graves, sino por la certeza de que cada voto fue contado y respetado. Si cada actor cumple su papel con responsabilidad, el 17 de agosto Bolivia podrá enviar un mensaje claro y poderoso a los que dudan: que, incluso en tiempos de alta tensión política, la ciudadanía y sus instituciones son capaces de garantizar elecciones libres, justas y transparentes.

Sandra Verduguez es comunicadora social.