Inmigrantes y la extraterritorialidad de los derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagrada el 10 de diciembre de 1948 como una respuesta ética de la humanidad a las atrocidades que se habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los campos de concentración organizados por la Alemania de Hitler donde más de 6 millones de judíos fueron exterminados, enarbola el principio fundamental de que todos los seres humanos nacen libres e iguales y que por su sola condición de personas son acreedoras de derechos, entre ellos, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad o la dignidad.

Estos y los demás derechos, consagrados en los 30 artículos del referido instrumento internacional, fueron incluidos en la mayoría de las constituciones políticas de los países que integran nuestro planeta, a la luz de principios bioéticos como el de universalidad, igualdad, imprescriptibilidad, progresividad y esencialmente el de extraterritorialidad.

Quiero hacer énfasis en este último principio para fundamentar mi posición, bajo la premisa de que los derechos humanos persiguen o acompañan a las personas allá donde vayan o se encuentren. Esto significa que se los debe hacer prevalecer como derecho subjetivo del individuo y al mismo tiempo como obligación de los Estados, en favor de todas las personas que habitan en el territorio de cualquier país, independientemente de la condición de estas, sean oriundas del lugar, extranjeras, migrantes o refugiados.

Planteo esta base referencial para abordar un tema extremadamente preocupante que tiene que ver con lo que viene aconteciendo en el mundo con las personas que, por diversas causas, entre ellas las de naturaleza económica o política, formando parte de una diáspora, dejaron su país con la esperanza e ilusión de encontrar mejores condiciones de vida en otras latitudes. Sin embargo, las tendencias xenofóbicas, los criterios de discriminación étnica y racial, los nacionalismos exacerbados y pensamientos de corte neofascista están influyendo de manera decisiva en la implementación de políticas de Estado y mecanismos de represión que lindan con actitudes de lesa humanidad.

En el contexto de los hechos descritos, causa enorme preocupación las acciones inhumanas que viene aplicando el gobierno de Donald Trump al promover la expulsión masiva de ciudadanos extranjeros que viven en Estados Unidos (EEUU), muchos de ellos por varios años, que incluso engendraron hijos en ese país y que, pese a ello, el ordenamiento jurídico hoy vigente en esa nación del norte, no les permite adquirir la nacionalidad estadounidense, como acontecía en otras épocas.

El régimen de gobierno actual creará un registro en el que todos los extranjeros en situación irregular deben inscribirse si no quieren enfrentar multas o penas de hasta seis meses de cárcel, según anunció la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, señalando expresamente que quienes no cumplan con el requerimiento de registrarse, serán perseguidos y deportados. Esta medida afectará a todos los mayores de 14 años que no hayan reportado su presencia ante el gobierno federal, como un paso más en la ofensiva contra la inmigración del gobierno que prometió llevar a cabo una deportación masiva de indocumentados.

Lo peligroso y atentatorio a los derechos fundamentales de las personas radica en el hecho de que hoy se está criminalizando la condición de migrante, de modo que, si las omisiones en este rubro antes eran consideradas transgresiones administrativas, hoy tienen o adquirieron una figura delictiva al ser tipificadas como un crimen susceptible de ser penalizado.

En reacción legítima a este exabrupto del régimen de gobierno, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dedicado a la defensa de inmigrantes, advirtió en su página web que “todo intento del gobierno de Trump de crear un proceso de registro para no ciudadanos tendrá como finalidad y será utilizado para identificar objetivos para su detención y deportación”.

Tal decisión obedece al endurecimiento de la política migratoria que se aplica desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca, que incluye la anulación de los viajes a EEUU de los refugiados afganos a los que se les reconoció el asilo, el envío de migrantes indocumentados al centro de  reclusión de la base de Guantánamo y la anulación de la extensión de los programas de protección temporal bajo la que miles de venezolanos, haitianos y de otras nacionalidades permanecían legalmente en ese país.

Criminalizar la decisión de salir de un territorio buscando mejores condiciones de vida, o preservando la seguridad y libertad en otro –como lo hicieron millones de ciudadanos europeos cuando llegaron a América– significa penalizar el derecho a vivir mejor, a trabajar, a resguardar la libertad y la propia sobrevivencia. Hay gente que optó por migrar a los EEUU con la ilusión de progresar, al contar con un trabajo estable y generar ingresos económicos que le permitan ayudar a su familia, a través del envío de remesas. Muchos ya se estabilizaron, sin embargo, están a punto de perderlo todo por la decisión absolutamente inhumana de promover expulsiones masivas de gente que contribuye con su trabajo al desarrollo de la nación a la que emigró. Salir de un país a otro para mejorar la calidad de vida y la de la familia no puede ni debe ser tipificado como delito. Precisamente por ello, cabe resaltar el principio de extraterritorialidad de los derechos humanos porque, a la luz de dicho referente bioético, cuando una persona se traslada de un país a otro, lleva consigo intrínsecamente sus derechos y, es obligación del Estado receptor y sus autoridades garantizar la plena vigencia del citado principio.

Waldo Albarracín es abogado; fue rector de la UMSA, presidente de la APDH y Defensor del Pueblo.