Ducto Carrasco: cuestionan compensación económica por impacto ambiental a favor de cocaleros

Brújula Digital|10|01|22| La compensación económica por el impacto ambiental ocasionado por el ducto Carrasco, Chapare, debe ser pagado a los pueblos originarios dueños de esas tierras, el desembolso en favor de los denominados “interculturales” hace sospechar que hubo tráfico de influencias por parte del presidente Luis Arce, afirmó, este lunes, la diputada chiquitana, María René Álvarez. 
“YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) tendrá que explicar detalladamente si se tenía que compensar a los propietarios de los terrenos por donde pasa el gasoducto, a la mancomunidad de municipios o a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba (…) no se debe olvidar que el actual presidente del Estado, Luis Arce, antes de ser nuevamente Ministro de Economía fue director de YPFB Transporte por lo que se puede colegir que ahora siendo presidente del Estado pudo haber usado sus influencias para que ese pago se efectúe”, sostuvo. 
La parlamentaria cuestionó el desembolso de $us 1, 6 MM autorizado por el Ejecutivo central y las autoridades e YPFB en favor de las seis federaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba bajo el alegato de impacto ambiental, cuyo estudio técnico no es de conocimiento de los pueblos originarios. 
En este sentido, cuestionó el beneficio y protección de parte del Gobierno con el pago de los $us 1.6 MM a las “milicias armadas” que avasallan propiedad de los pueblos originarios de tierras bajas con total impunidad, mientras los pueblos Yucacaré, Yuqui, Movima y Moxeño nativos de esa zona geográfica, piden ayuda del Gobierno para acceder a los mínimos servicios de salud, vivienda y educación. 
En criterio de Álvarez, no es casualidad que, el pasado 30 de diciembre, fuera el mismo Evo Morales, presidente de las seis federaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba, quien diera la noticia a sus bases de Chapare, sobre el desembolso de los cerca de Bs 11 MM en favor de los denominados “interculturales”, hecho que calificó como acto de prebenda política. 
Recordó que la Ley N° 3058/ 2005 de Hidrocarburos en sus artículos 119 y 120 dispone que: “Cuando las actividades hidrocarburíferas se desarrollen en tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no, todo impacto socioambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo, que las mismas produzcan, debe ser compensado financieramente por parte de los titulares de las actividades hidrocarburíferas, de manera justa.
Para lo cual dijo que se debe respetar la territorialidad, los usos y costumbres de los afectados, tomando como base, el Estudio del Ministerio de Desarrollo Sostenible y la Autoridad Ambiental Máxima Competente, el Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios están obligados a precautelar que las compensaciones se ejecuten y materialicen en un plazo de quince (15) días luego de acordado el monto compensatorio justo que corresponda. 
El cumplimiento de esta obligación por parte de los titulares de las actividades hidrocarburíferas, es requisito para el desarrollo de las siguientes etapas productivas.
“Hasta donde se conoce públicamente, los impactos socio-ambientales del proyecto dio como resultado la firma de un Convenio de Validación, para la compensación económica de los más de Bs 11 millones (Usd 1.6 MM), pero no queda claro con que dirigentes originarios se firmó esa validación”, enfatizó.
BD