Tribunal hace conocer segunda resolución contra Carlos Gill: ahora falla a favor de Lupe Cajías

Brújula Digital|08|06|25|

El Tribunal Nacional de Ética Periodística emitió una resolución en la que establece que la periodista e historiadora Lupe Cajías no cometió falta ética alguna en las columnas de su autoría en las que criticaba al empresario paraguayo-venezolano Caros Gill.

Es el segundo fallo del Tribunal contra Gill, que demandó tanto a Cajías como a Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital.

En el caso de Cajías, Gill inició un proceso ante el Tribunal de Ética por una columna publicada en diciembre de 2024 en Los Tiempos y otros medios en la que señala que Gill estuvo involucrado en la compra e instalación de 13 radares al grupo francés Thales, actualmente investigada por irregularidades. También asegura que el servicio de los ferrocarriles bolivianos, que están en manos de Carlos Gill, ofrecen un servicio deficiente. Agrega que existieron contratos millonarios como el del teleférico de La Paz y otras obras públicas que ganaron empresas afines al MAS y personajes como Gill. 

“Carlos Gill llegó (...) a Bolivia de la mano de la diplomacia venezolana que en los primeros años del gobierno de Evo Morales pisaba con fuerza, (con botas), en el Palacio de Gobierno. Él mismo relataba la facilidad con la que entraba a reunirse con el presidente cocalero, aunque su principal escudero fue Álvaro García Linera y su entorno de operadores políticos”, dice la columna.

Gill consideró que esas aseveraciones violaban la ética periodística, además debido a que Cajías no le había pedido el derecho a réplica. Sin embargo, en columnas de opinión, los códigos de ética bolivianos e internacionales no exigen que se ofrezca derecho a réplica.

El Tribunal señala en su fallo que “A través de varias notas periodísticas, declaraciones y otras fuentes, la periodista denunciada ha demostrado la verosimilitud de los datos investigados y analizados y que han sido apropiadamente respaldados según lo exige el periodismo de investigación”.

Agrega que “en las varias alusiones no se menciona directamente al Sr. Gill exceptuando cuando textualmente dice ‘la figura de Gil Ramírez se hizo pública en el país cuando adquirió La Razón y Extra del grupo PRISA. Siempre negó estar relacionado con la oscura transparencia de la red televisiva ATB o de PAT y con otros nombres de presuntos testaferros’, incorporando Cajías de esta manera la posición de la contraparte”.

Dice el Tribunal: “Se debe destacar que el contenido de la nota publicada es de interés público y el formato en que fue publicada corresponde al género denominado periodismo de investigación, cuya función es ‘revelar hechos de trascendencia social, generalmente ocultos o donde hay interesados en que no salgan a la luz’”.

El Tribunal también falló a favor de Peñaranda

Junto con el de Cajías, el Tribunal de Ética emitió un fallo a favor de Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital.

El texto de la resolución explica que “el periodista denunciado (por Carlos Gill) ha demostrado usar y contrastar muchas fuentes para comprobar la versión de sus aseveraciones, explicando y demostrando haber intentado infructuosamente en varias ocasiones entrevistar al denunciante para tener su versión”.

En la parte resolutiva, el Tribunal dispone que “no habiéndose probado un error o imprecisión en la información divulgada, no corresponde instruir la rectificación de la información”.

En su respuesta al Tribunal, Peñaranda recordó los negocios que Gill realizó con el Estado boliviano durante los gobiernos del MAS: "se ha encargado de las obras civiles del teleférico (el proyecto total bordea los mil millones de dólares, contratos por invitación directa); las obras civiles para la instalación de los radares militares y civiles Thales (proyecto total 200 millones de dólares, contratos por invitación directa); obtuvo el visto bueno de las autoridades de supervisión para adquirir tanto el ferrocarril oriental como el occidental (unos 292 millones de dólares en total); construcción de 22 estaciones de regasificación para la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande (23 millones de dólares, contratación directa); compra del diario La Razón, que es el periódico impreso que ha obtenido la mayor parte de la publicidad estatal de los gobiernos del MAS".

BD/RED/JA