Jueza que frenó aprehensión de Evo trabajó en Impuestos, ahora denuncia amenazas y presiones

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La jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien frenó la orden de aprehensión emitida contra Evo Morales en el caso de estupro y trata de personas de 2019, denunció que recibió amenazas y presiones durante el proceso. Según sus declaraciones recogidas por DTV, Moreno reveló que, debido a su preocupación por la seguridad de su familia, llevó a cabo la audiencia de manera virtual desde un lugar clandestino.

Moreno criticó la actuación de la Fiscalía, destacó que, a pesar de que la denuncia data de 2019, el caso solo comenzó a trabajarse este año. Señaló que la Fiscalía no cumplió con el debido proceso y que la aprehensión fue emitida sin respetar los principios legales correspondientes. “No iba a evaluar un trabajo mal hecho”, insistió la jueza, quien además adelantó que recurrirá al Tribunal Constitucional en busca de asegurar que se respeten los procedimientos legales.

La jueza también cuestionó la actuación de la fiscal destituida de Tarija, Sandra Gutiérrez, y expresó que el proceso judicial contra Morales "nació muerto" debido a las irregularidades cometidas en su tramitación. “Aunque el proceso sigue, las irregularidades lo hicieron nacer muerto”, aseveró.

Asimismo, Moreno denunció presiones directas por parte del Ministerio de Gobierno y de Justicia durante la audiencia, lo que fue documentado en actas. Además, señaló que, tras la orden de aprehensión, el caso fue trasladado a Villa Tunari, lugar de residencia de Evo Morales, lo cual generó dudas sobre la imparcialidad del proceso.

Lilian Moreno Cuéllar trabajó anteriormente en el Servicio de Impuestos Nacionales y ocupó cargos importantes en entidades públicas antes de ser designada como jueza de Sentencia Nro. 14 en Santa Cruz. Su trayectoria y su reciente actuación en el caso de Evo Morales han generado polémica, y actualmente enfrenta una candidatura al Consejo de la Magistratura en las próximas elecciones judiciales, respaldada por apoyo político en el legislativo.

El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, expresó su malestar por la decisión de Moreno, calificó la acción de libertad que dejó sin efecto la aprehensión como "repudiable". “No puede existir una denuncia de violación contra niñas sin investigar. El Fiscal Juan Lanchipa debe rendir un informe de por qué cesó de sus funciones a los fiscales que investigan este caso”, dijo del Castillo, mostrando su descontento con el manejo del caso.

BD/RED