Conozca las “leyes incendiarias” vigentes desde Evo Morales y que movilizan a los activistas

Brújula Digital |13|09|2024|

Las leyes aprobadas entre 2006 y 2019 durante el gobierno de Evo Morales, que permiten la expansión de la frontera agrícola para "garantizar la soberanía alimentaria", provocaron preocupación entre activistas medioambientales que las consideran factores clave en la proliferación de incendios forestales.

El abogado y analista político, Paúl Coca, criticó estas normas, calificándolas de "leyes incendiarias". En sus palabras, “estas leyes incendiarias son un catálogo completo, porque permiten y fomentan el incendio en el país”.

Por su parte, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, explicó que muchas de estas leyes están incluidas dentro de lo que denominó "perdonazos", aludiendo a la Ley 337, que regularizó desmontes no autorizados entre 1996 y 2011. Requena señaló que esta norma “generaba un perdonazo de las multas no cobradas desde 1996 hasta 2011” y que además “facilita y autoriza el desmonte con quema e incendios”.

Requena también destacó la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras comunitarias y pequeñas propiedades agrícolas, subrayando que esta ley “legaliza el desmonte de hasta 20 hectáreas por familia”.

Además, mencionó la Ley 1171, que se enfoca en el "uso y manejo racional de quemas", otorgando a personas y grupos la "capacidad racional" de utilizar el fuego como herramienta productiva. Según Requena, el Gobierno promovió estas prácticas debido a que "se dieron cuenta que se puede habilitar tierras incendiando porque es más barato".

Según la norma, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua está encargada de elaborar políticas para el “manejo integral del fuego” y que, además, debería tomar acciones para la “promoción del buen uso y manejo integral de fuego a través de la quema planificada y controlada. También tiene el objetivo de rehabilitar ecosistemas afectados por incendios forestales para prevenir y los incendios forestales. Además de sustituir de manera gradual del uso del fuego y su respectivo monitoreo y seguimiento.

Es decir, que dicha ley otorga a una persona y grupos de personas la “capacidad racional” de controlar el fuego “como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Existe también la norma 1098 del 17 de septiembre de 2018, misma que establece la ampliación de cultivos destinados a la producción de aditivos de origen vegetal, como la producción de biodiésel y etanol.

Dentro del contenido de la norma, en el artículo 4, de Plan Multisectorial de desarrollo integral de producción alimentaria y energética, se menciona que se establecerán “los mecanismos de control de deforestación y desplazamiento de otros cultivos para la producción de cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal”.

Senado abroga leyes, pero aún siguen vigentes

En una sesión celebrada en Uyuni, el Senado aprobó la abrogación de las leyes 337 y 1171, sin embargo, Requena advirtió que estas normas “siguen vigentes porque falta que Diputados las ratifiquen y que luego debe promulgarse”.

Ante la devastación de cerca de 4 millones de hectáreas por incendios forestales, grupos ambientalistas y ciudadanos se movilizaron desde el lunes para exigir la abrogación de lo que denominan el "paquete de leyes" que promueven los incendios. En una de las marchas del miércoles, que intentó ingresar a la Plaza Murillo, la Policía dispersó a los manifestantes y arrestó a un activista.

"El Gobierno se dio cuenta de que se puede habilitar tierras incendiando porque no hay un Estado que cobre nada ni controle", concluyó Requena.

BD/MC/LE