Una reforma tributaria en los sectores de hidrocarburos y minería debe incorporar estos factores críticos con el fin de establecer un régimen fiscal que sea sostenible a largo plazo.
Brújula Digital|07|08|25|
Pablo Ordoñez
Una reforma tributaria en Bolivia debe comenzar, necesariamente, por la revisión del régimen fiscal aplicable a los sectores estratégicos de hidrocarburos y minería. Estos sectores son clave para asegurar la sostenibilidad de los ingresos públicos en el corto y mediano plazo. Impulsar una reforma tributaria integral sin atender previamente estas áreas resultaría inviable, ya que trasladaría los efectos de la reforma al resto de la economía –tanto a empresas como a personas–, con efectos económicos, sociales y políticos imprevisibles.
El régimen tributario que rige en los sectores de hidrocarburos y minería –industrias basadas en la explotación de recursos no renovables, que inevitablemente se agotan– debe lograr un equilibrio entre la eficiencia recaudatoria y la atracción de nuevas inversiones. Por tanto, cualquier propuesta de reforma en estas áreas debe considerar al menos los siguientes factores esenciales propios de ambas industrias:
Alta intensidad de capital. Desde el punto de vista financiero, ambas industrias requieren inversiones de capital muy elevadas. Por ejemplo, según reportes periodísticos, el desarrollo del campo Incahuasi en el sector hidrocarburífero demandó más de 1.200 millones de dólares, mientras que el proyecto minero San Cristóbal superó los 1.600 millones de dólares en inversión.
Largos periodos de maduración. Los proyectos en estos sectores suelen atravesar ciclos prolongados entre la etapa exploratoria y el inicio de la producción. Un caso ilustrativo es el proyecto Margarita-Huacaya: su exploración y descubrimiento se realizaron entre 1998 y 2004, y la producción recién comenzó en 2012, es decir, 15 años después.
Alto nivel de riesgo. Estas industrias enfrentan riesgos significativos, especialmente de carácter geológico. A nivel global, se estima que la tasa de éxito en la exploración de hidrocarburos varía entre el 15 % y el 20 %; en otras palabras, de cada 10 pozos perforados, solo entre 1,5 y 2 resultan exitosos. A ello se suman riesgos políticos, fiscales y de mercado.
Sensibilidad a los precios internacionales. Los hidrocarburos y minerales están sujetos a una alta volatilidad en los mercados internacionales. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo WTI osciló entre 80 USD en 2022 y 71 USD en 2024.
En el mismo periodo, el precio de la onza de plata pasó de 21 USD a 33 USD. Esta sensibilidad implica que, incluso con mayores volúmenes de producción, los ingresos pueden reducirse si los precios internacionales bajan.
Ciclo de vida de los proyectos. El ciclo típico de estas industrias incluye las fases de exploración, desarrollo (en caso de éxito exploratorio), producción y cierre por agotamiento. Durante la etapa productiva, los proyectos pueden generar rentas significativas, de las cuales el Estado participa a través de impuestos y regalías.
Una reforma tributaria en los sectores de hidrocarburos y minería debe incorporar estos factores críticos con el fin de establecer un régimen fiscal que sea sostenible a largo plazo. Solo así se podrá asegurar la reposición de reservas, así como una generación estable y continua de ingresos fiscales para el país.
Pablo Ordoñez es abogado.
