Ya no es crisis, es colapso

Bolivia está sufriendo por el desabastecimiento de carburantes, perceptible en las filas interminables en los surtidores.

Es una crisis que se acerca a un colapso energético, no tan grave aún como el que sufren Cuba y Ecuador, pero que va por ese camino. Conocemos de sobra las causas, pero comprendemos menos la estrategia de YPFB para hacer frente a esa crisis.

La falta de divisas del país incide en dos ítems: la importación de los carburantes (50% de la gasolina y casi 90% del diésel) y el subsidio a la venta de esos productos (casi un 100% del precio de venta). De hecho, los ingresos por el gas exportado ya no alcanzan para cubrir esos ítems.

La estrategia de YPFB tiene varios ejes, al margen de las medidas “parches” como los aditivos de origen vegetal (biodiésel y bioetanol) y la lucha desigual al contrabando.

En primer lugar, ya está en marcha el objetivo de eliminar o, por lo menos, reducir, el subsidio comercializando gasolinas “premium” que ofrecen un mayor octanaje, a cambio de un menor rendimiento energético y un incremento sustancial del precio (hasta un 84%). La alternativa del consumidor será ponerse en la fila durante horas para cargar gasolina especial o adquirir, sin colas, pero a mayor precio, una de las gasolinas premium, si las hay. Algo similar sucede con el subsidio al diésel, para el cual se vislumbraba un avance al permitir la importación directa para el autoconsumo de la agroindustria y transporte, a los cuales no les importa gastar más con tal de seguir trabajando. Sin embargo, sucede que, entrando en competencia con el sector privado, YPFB anuncia la importación de un diésel ULS (pobre en sulfuros) a un precio de venta más caro, sin subsidio y solo para grandes consumidores: ¿negocio o negociado?

Recientemente, el DS 5271 liberaliza la comercialización de los carburantes en un contexto incierto y adverso en lo legal y sobre todo en lo económico. Una vez más el objetivo es eliminar el subsidio y descargar en las espaldas de los privados la crisis del abastecimiento.

Por cierto, esa estrategia ayuda a atenuar el déficit de YPFB, pero no resuelve el problema de fondo que es la falta de divisas para la compra. El colapso se acerca desde el momento en que YPFB admite que tiene stock de 28 millones de litros de carburantes para apenas cuatro días, mientras suplica a Petrobras el pago adelantado (con castigo del 12,3%) de facturas de gas.

Pues es posible reducir el subsidio, pero ¿qué aún se puede hacer para evitar o al menos mitigar el colapso del sector energético?

La consigna debe ser: bajar la demanda para disminuir la oferta.

Hemos visto que mientras los coches a gasolina sufrían en las colas, los que usan GNV cargaban su combustible sin problemas. Y lo propio sucede con los (todavía raros) coches eléctricos. A corto plazo, el gas natural que nos queda (no sabemos cuánto, debido a que YPFB sigue escondiendo ilegal e impunemente la información) debería servir para incentivar el uso del GNV (gas natural vehicular) especialmente en el transporte público. Un cálculo, que no cabe en un artículo de opinión, muestra un ahorro sustantivo de divisas con esa medida aun si se deja de exportar gas para usarlo como GNV.

Además, el gobierno debería hacer caso a las voces técnicas que reclaman desde hace muchos años la necesidad y urgencia de una transición energética, que consiste en remplazar la demanda de combustibles fósiles con electricidad generada con fuentes renovables que Bolivia posee en abundancia: agua, sol, viento y calor de la tierra.

En fin, si no se toman medidas estructurales no es porque no se entienda el problema, sino porque operan cadenas de corrupción que privilegian el negociado familiar al bien común.