La humanidad siempre ha buscado,
independientemente de la época, vivir dignamente, aunque a lo largo de la
historia el concepto ha ido, obviamente, cambiando. En la actualidad se habla
de vivir decentemente y esto se logra a partir de tener un ingreso capaz de
cubrir las principales necesidades para las familias.
A mediados de este mes en Ginebra se reunieron los expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y llegaron a un acuerdo sobre los salarios decentes y afirmaban que estos son fundamentales para el desarrollo económico y social, para avanzar en la justicia social, en la reducción de la pobreza y la desigualdad y lograr de esa forma una vida decente y digna.
Según los expertos de la OIT, para el cálculo de los salarios se deben utilizar metodologías adecuadas y realizar consultas con las organizaciones de trabajadores y empleadores, de forma transparente. También nos señalan que sólo se podrá alcanzar un salario decente que garantice una vida digna a partir del fortalecimiento del “diálogo social”.
Como se ve, los expertos circunscriben su análisis al trabajo asalariado y no toman en cuenta al inmenso universo de trabajadores no asalariados que actúan en la economía informal.
Para el contexto boliviano diremos que la Población Económicamente Activa (PEA) alcanza al 31 de diciembre de 2023 a 3,6 millones de personas. Se dice que aproximadamente el 77% de los trabajadores activos está en la economía informal o desempleados. Los trabajadores informales que realizan sus actividades laborales ya sea como propietarios o empleados son 2,7 millones de personas.
Según la información de la Gestora Pública, son 840.000 personas los cotizantes regulares, es decir el 23% de la PEA.
Si nosotros consideramos, al igual que los expertos de la OIT, que los asalariados son las personas que tienen un empleo decente debido a que estos cuentan con un salario que cubre las necesidades básicas de alimentación, vivienda y cuentan con seguro de corto (salud) y largo plazos (jubilación), nos estamos refiriendo sector minoritario del universo de trabajadores.
Las personas vinculadas a la economía informal generalmente tienen un trabajo inestable, un día sí, otro día no, pero gracias a él pueden llevar, como se dice coloquialmente, el pan a su casa. Estas personas si se enferman tienen que recurrir a la solidaridad social para cubrir los gastos de su curación. Claramente se nota que este grupo de personas no tienen una vida digna.
El año 2018 la OIT formuló la Recomendación número 204, que señala que se debe reconocer que los trabajadores que se desempeñan en la economía informal lo hacen principalmente por necesidad y no por elección.
También esta recomendación dice que la alta incidencia de la economía informal representa un importante obstáculo para los derechos de los trabajadores, incluidos los principios y derechos fundamentales del trabajo así como la protección social y las condiciones de trabajo decente. Es más, puntualizan que los déficits de trabajo decente son más pronunciados en la economía informal.
Las autoridades que tienen la misión de fiscalizar el trabajo tienen instrumentos y protocolos de actuación fundamentalmente dirigidos a supervisar al universo de trabajadores asalariados y no ven lo que ocurre con el sector vinculado a la informalidad, que es donde se registran las mayores violaciones a la legislación laboral.
La Recomendación 204 pretende facilitar la transición de los trabajadores informales a la economía formal para de esta forma respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizar las oportunidades de seguridad de los ingresos y al mismo tiempo promover la creación, preservación y sustentabilidad de empresas y de empleos decente en la economía formal.
Considero que los formuladores de las políticas sociales y de empleo tienen que tomar en cuenta estos aspectos que recomiendan los expertos de la OIT.