La libertad sindical es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores para defender sus intereses que están garantizados en el Artículo 51 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El concepto que maneja la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abarca no sólo a los trabajadores, sino también a los empleadores.Este derecho, según la organización mencionada, incluye la facultad de afiliarse o no a un sindicato, fundar organizaciones sindicales y participar en sus actividades; siendo la base de la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Tiene dos dimensiones: una personal (afiliación o no) y otra colectiva (autonomía sindical y capacidad de representación).
La CPE reconoce los siguientes principios sindicales, siendo el principal el de la unidad, la democracia sindical, el pluralismo político (asociado a la independencia ideológica y organizativa), el autosostenimiento, la solidaridad. Además, el pluralismo político está contemplado en los estatutos de la Central Obrera Boliviana (COB).
La libertad sindical se instituye y la fomenta la OIT con la finalidad de frenar la corrupción de los síndicos de los trabajadores al no aceptar la injerencia externa a la organización (empleadores, Estado y/o partidos políticos). Este principio sindical es la cuña para que la representación laboral no se distorsionen.
Si bien en los últimos 20 años, el discurso de las altas cúpulas sindicales fue la defensa de este principio, cuando en los hechos fueron ellos los que patrocinaron que el Estado y, sobre todo el partido oficialista de color azul, vulnere el principio de libertad sindical y la independencia ideológica.
A partir de esta práctica sindical y estatal de manejo del sindicalismo se abrió la puerta para que la corrupción se institucionalice en las organizaciones sindicales.
La corrupción en el sindicalismo boliviano se ha manifestado de diversas maneras. Por ejemplo algunos líderes sindicales han sido acusados de enriquecerse de manera ilegal, utilizando su posición para obtener beneficios personales. Es el caso de Juan Carlos Huarachi, exsecretario Ejecutivo de la COB.
También se han denunciado casos de sobornos y coimas en el ámbito sindical, lo que ha generado desconfianza en la población. Estos sobornos se materializaron como “donaciones” de vehículos, oficinas, etcétera. Ahí deben estar una parte de los $us 15 mil millones que el Presidente Paz denunció como robo al Estado.
En el pasado glorioso del movimiento obrero, los dirigentes eran perseguidos, masacrados, apresados, confinados, exiliados. Muchos de ellos perdieron la vida por defender a sus bases; eran unos verdaderos síndicos.
La mayoría de los dirigentes vivían en pequeñas viviendas, que las adquirieron en los planes de vivienda social; no vivían en opulencia ni tenían sueldos y/o rentas de jubilación cuantiosas.
Un dirigente, a quien admiré mucho, Víctor López, rechazó los extralegales para retirarse de la Comibol. Algunos allegados decían que el monto era aproximadamente de $us 60 mil. Él defendió a capa y espada la independencia política del sindicalismo y la vanguardia minera.
Qué diferencia con el exdirigente Juan Carlos Huarachi, que fue denunciado y encarcelado por la presunta comisión de varios delitos; uno de ellos el uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, por el caso coimas millonarias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Creo que el actual gobierno no tiene previsto o la intensión de “coimear” a los dirigentes sindicales para tener un gobierno más tranquilo, por ello creo que la práctica corrupta de antes desaparecerá. Pero en su lugar, el gobierno de Paz deberá reestablecer las prácticas de negociación colectiva, para que los trabajadores no pierdan derechos ni se deteriore la condición laboral.
Rodolfo Eróstegui es experto en temas laborales.
