Una obligación ciudadana

Como se previó,  encabezados por el ministro de ¿Justicia? y el Fiscal General de la Nación, las jaurías de funcionarios del aparato estatal, el órgano judicial y el Ministerio Público han comenzado a acosar y amenazar a los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto y del Tribunal de Sentencia N°1 de Sacaba que, como corresponde en nuestro ordenamiento constitucional, se declararon incompetentes para juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez por la violencia que se produjo al enfrentar las manifestaciones de militantes del evismo en Senakata y Sacaba en 2019.

Sin embargo, desde la sociedad y el sistema político partidario no se conoce una reacción en contra de esa acción de los funcionarios del Estado y de similar envergadura, pese a que se trata de un caso que puede ser emblemático en la lucha por reconquistar el estado de derecho y la democracia plena.

La razón es muy sencilla: esos jueces están sufriendo el acoso mencionado sólo porque cumplieron lo que manda la Constitución Política del Estado y no la instrucción proveniente del poder político. Y no pronunciarse en forma categórica y sistemática en contra de esa actitud es una muestra más de que el MAS ha logrado internalizar en nuestra conciencia de que lo que importa en la sociedad que dicen estar construyendo lo que digan las normas sino lo que persigue el que está ejerciendo el poder.

A esa percepción corresponde también la grotesca acción de las autoridades de gobierno para postergar sine die la elección de magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TEP) que, como norma la CPE, terminan su gestión este mes de diciembre.

Este escenario de resignación permite que los gobernantes se rían de los informes que han dado sobre el país la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sigan utilizando la administración de justicia como instrumento de represión política y garantía de impunidad para sus adherentes.

En ese sentido, lo que corresponda en despercudirse y aunar fuerzas que permitan detener de una buena vez estos atropellos. Hay varias organizaciones de la sociedad que trabajan en el tema de la justicia, están los abogados independientes que impulsaron el referendo para reformar la CPE en lo que corresponde al tema, están los partidos políticos de la oposición que pueden llevar la denuncia a la Asamblea Legislativa, más aún si sus militantes y dirigentes son los que están  más expuestos a los abusos de esta manera de manipular la justicia.

Más importante aún. Hay 833.115 ciudadanos, hombres y mujeres, que nos pronunciamos en el referendo constitucional exigiendo reformar la justicia.

Además, en su última asamblea general la Conferencia Episcopal Boliviana señaló que “Cuando los señores de la guerra deciden sobre la vida de los demás, se toman el lugar de Dios y destruyen la vida de otros seres. Se hacen sordos al grito de la paz y al diálogo que la humanidad tiene ahogado en los pechos de la mayoría de seres humanos. ¡Que no callemos este grito y que se vuelva realidad en la acogida del Señor!”. Previamente, su presidente, Mons. Aurelio Pessoa, nos advirtió que “Vivimos una falta de propuestas y respuestas a los problemas de una economía que da signos preocupantes de desgaste, un sistema judicial de servilismo y manipulación y una casa común amenazada por los intereses económicos de algunos grupos que pone en riesgo la vida y la salud de los pueblos indígenas”.

En fin, defendiendo a los jueces de El Alto y Sacaba que salieron por los fueros de la CPE y las leyes, defenderemos que todos podamos convivir pacíficamente…