Ayer tuvo lugar el censo nacional, una
práctica importante para saber cuántos somos, dónde y cómo vivimos, algo que
debería permitir una distribución más adecuada de nuestros recursos para
atender las necesidades de la población y que puede también redistribuir el
poder, vale decir la presencia en el parlamento de una manera más equitativa de
cada región.
La idea es buena e importante y puede ayudar, a partir de ciertas preguntas, a identificar otro tipo de problemas o falencias en nuestra sociedad, más allá de que posiblemente haya métodos más eficaces, por ejemplo, para saber sobre la población escolar; basta analizar el número de alumnos que tiene cada escuela para poder averiguarlo y sí valdría un censo concreto para saber las distancias que los niños deben recorrer para ir a su centro de estudios.
Lo mismo se podría hacer con la atención médica, a partir de la inscripción de los usuarios en el SUS.
Ahora bien, más allá de otros tipos de medición de la sociedad, el censo podría ser muy útil si la población fuese honesta a la hora de responder las preguntas y ahí estamos con un serio problema. Sabemos que un cierto porcentaje de la población ha dejado sus hogares habituales para ser censados en los lugares donde tienen sus orígenes o donde tienen intereses propietarios, sobre todo porque han sido obligados, en algunos casos con amenazas de multas u otro tipo de castigos muy onerosos, por parte de las autoridades locales.
Esa es la gran debilidad de este instrumento y existe una cierta responsabilidad en el Gobierno central que debió haber hecho un despliegue mayor de propaganda y de acciones que neutralicen las amenazas de autoridades locales, municipales o comunitarias que haciendo abuso de poder, promovieron este movimiento de personas de un municipio a otro.
Quienes se han trasladado a un lugar lejos de donde viven para ser censados han cometido de alguna manera una falsedad ideológica, más allá de que lo hayan hecho amedrentados por autoridades abusivas.
Es posible que el Gobierno no solo no hubiera reaccionado oportunamente a la posibilidad de esta variante, sino que hubiera fomentado estas acciones, que ayudan a consolidar, su (falsa) visión de país.
Es posible que si se encuentran enormes anomalías en el recuento, el censo pudiera resultar impugnado y esto implicaría hacer uno nuevo; recordemos que en base a sus resultados se juega la administración política y buena parte de la administración económica del país.
Reconocer los resultados que dé este censo, o impugnarlos, implica un enorme costo para el país. El evitar ese movimiento poblacional específicamente para el censo era un detalle muy importante que no ha sido tomado en cuenta para darle credibilidad a este tan grande esfuerzo.
Para que Bolivia realmente progrese se deben dejar de lado las mañuderías, los actos de viveza criolla y abrazar en cambio un comportamiento más honesto.
Gracias al enorme esfuerzo de ayer, que tuvo un gran costo económico, sabremos cuantos somos, no sabremos dónde verdaderamente vivimos; si muchos están dispuestos a viajar grandes distancias para mentir, algo hace pensar que están dispuestos a mentir en muchos más detalles, una pena.
Más allá de eso, sigue siendo un tremendo absurdo el que se hubiera prohibido la circulación de vehículos por 24 horas, un real e innecesario perjuicio para la economía del país (esta prohibición es entendible durante ocho o 12 horas cuando más).
Y no deja de mostrar nuestra hilacha autoritaria, de origen hispano-andalucí tal vez, de que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas por varios días. El Estado insiste en tratar a los ciudadanos como a menores de edad.
Eso sí, toca saludar y aplaudir a los voluntarios, ante todo a los que lo hicieron exclusivamente por su compromiso cívico con el país. Otros serán beneficiados con algunos puntos en sus notas o ventajas para realizar estudios. Tengo dos compañeros de curso del colegio, sesentones como yo, que se inscribieron para apoyar este esfuerzo sin buscar ni siquiera una pequeña ventaja o reconocimiento; los admiro y les agradezco.